1957: Los partidos políticos y las instituciones cívicas tras el asalto al Palacio Presidencial (II)

La comisión interparlamentaria

El 25 de marzo de 1957 tuvo lugar, en el Salón de la Presidencia del Congreso, una primera reunión entre representantes de la mayoría gubernamental y la minoría oposicionista. Por el gobierno estaban Anselmo Alliegro, Andrés Rivero Agüero, Santiago Rey, Radio Crémata, Rosell y Masferrer; por los de la oposición Eduardo Suárez Rivas, Manuel Benítez y Raúl Lorenzo. Después de darse a conocer la ponencia de estos últimos los gubernamentales repudiaron el preámbulo donde se responsabilizaba al régimen de marzo por la crisis que atravesaba el país. Tampoco aceptaban la propuesta de una amnistía política. Santiago Rey ripostaba: «No podemos admitir cargos ni imputaciones. De igual modo no discutiremos una amnistía política y militar como se pide». En su lugar presentaron un proyecto de resolución designando una Comisión Interparlamentaria para que, en un plazo de veinte días consultara a los sectores y partidos de oposición. Al término de esta gestión, se elevaría una ponencia al Congreso. Después de ese intercambio de criterios Suárez Rivas y Lorenzo redactaron una nueva moción eliminando los puntos de controversia tras una previa consulta telefónica con Ramón Grau. Salvados estos escollos iniciales, surgieron nuevos problemas con respecto a la representación que debía tener la minoría del Congreso en ella, auténticos y miembros del PNR de Pardo Llada se disputaban un mayor número de miembros a las discusiones, pero también las fricciones se daban al interior de estos propios partidos entre distintas personalidades políticas.[i]

El 4 de abril entró en funciones la Comisión Interparlamentaria. Presidía la sesión Anselmo Alliegro como Vicepresidente fungía Gastón Godoy y de Secretario actuaba Facundo Hernández.

Se estaba en el absurdo de mantener discusiones mientras la represión tocaba a las puertas de todos, desde revolucionarios hasta miembros de los partidos tradicionales. De estos últimos Pardo Llada se encontraba detenido, Tony Varona oculto y «Millo» Ochoa había abandonado el país por lo que Suárez Rivas se refirió al tema de las garantías:«Es necesario que esta comisión ampare a las personas que encontrándose en la clandestinidad, vinculadas a actividades insurreccionales, deseen comparecer aquí para exponer sus puntos de vista con toda libertad. También debemos tomar medidas encaminadas a evitar las persecuciones contra líderes o partidos que quieran participar en estas gestiones».[ii]

Un aspecto escabroso a considerar resultó el lugar y manera en que las organizaciones revolucionarias serían consultadas, el debate general de ideas podemos resumirlo así:

Alliegro: «Iremos a donde haya que ir».
Raúl Lorenzo: «Pero no con las manos vacías. Hay que ofrecer fórmulas aceptables».
Suárez Rivas: «Hay que crear primero el clima de confianza».[iii]

El primer acuerdo adoptado fue que las decisiones debían adoptarse por unanimidad, cada representante en la comisión tendría derecho a veto. Por último se propusieron cumplir para próximas reuniones con los objetivos siguientes:

Procurar una mayoría política puesta a concurrir a las elecciones generales.
Efectuar sondeos entre los partidos políticos de la oposición y sectores revolucionarios, unas veces públicamente y otros con carácter secreto.
Cada comisionado quedaba en libertad de establecer contacto con los factores insurreccionales informando a la comisión para tomar los acuerdos correspondientes.[iv]

En la Segunda Sesión, el viernes 5 de abril ya habían sido visitados algunos núcleos oposicionistas que mantenían una postura abstencionista, Suárez Rivas leyó el formulario que se les había consultado cuyo temario incluía fecha y tipo de elecciones, garantías constitucionales, amnistía entre otros. Entre los representantes del gobierno Carmelo Urquiaga se alarmó: «¡Esas preguntas son capciosas!». Por otro lado Gastón Godoy señaló que el término de los mandatos de los elegidos el 1ro. de noviembre de 1954 no podía ser cuestionado, se mantendrían en sus cargos hasta las nuevas elecciones generales: «¡Ni un minuto menos ni un minuto más!». Estaba visto que el nuevo intercambio de puntos de vista entre gobierno y oposición llevaba el mismo camino de los anteriores, una nueva mascarada fraguaba la dictadura. Así lo comprendieron los líderes de los partidos oposicionistas abstencionistas quienes se reunieron para intercambiar impresiones. Los del PPC (O) abstencionista que habían sufrido la pérdida de su jefe más relevante, Pelayo Cuervo, y exigían una investigación a fondo de su muerte, dieron a conocer un pronunciamiento público que señalaba:

Ese intento representa una nueva táctica dilatoria, ya que la mayoría congresional no concreta sus criterios sobre las medidas previas de pacificación, ni el gobierno se decide a brindar garantías efectivas a la libertad y a la vida, amplia amnistía política para todos los presos civiles y militares y seguridad para el retorno de los exiliados, ni realiza las investigaciones necesarias para descubrir los autores de todos los crímenes anteriores (…).
En este medio de violencia, represalias criminales y guerra civil, con las garantías constitucionales suspendidas (…) es absurdo que se pueda intentar la consideración de ninguna fórmula política.[v]

Por su parte José Miró Cardona, destacado miembro de la SAR y artífice ideológico de las Instituciones Cívicas, expresó:

Hay que reconocer que la oposición política ha fracasado en su empeño de evitar la violencia para superar la crisis nacional (…) y ahora, como antes, como siempre, tras el charco de sangre viene, la ofensiva de paz (…) pero decimos que si a la hora de la paz no fuimos escuchados, ahora hay que contar con los dirigentes militares del 3 de abril hoy presos; con las juventudes que siguen a Fidel Castro y con los combatientes que aún mantienen en pie el espíritu de lucha.[vi]

Mientras los electoralistas de la oposición movían sus representantes en la Cámara para gestar con grandes dificultades una nueva solución al problema político cubano, los abstencionistas los presionaban a obtener del gobierno un clima de garantías constitucionales como condición básica para entrar ellos en esos conciliábulos. Siguiendo el ejemplo de la Ortodoxia histórica, los del PRC(A) abstencionista y del Partido Demócrata estudiaban la posibilidad de dar a conocer un pronunciamiento tripartito con estas demandas. Por su parte Miró Cardona reconocía que una vez que la violencia revolucionaria se había abierto paso, a pesar de los esfuerzos de la SAR y los partidos tradicionales por impedirlo, ahora para neutralizar y desviar de su cauce radical a las organizaciones revolucionarias había que tomarlas en consideración para cualquier arreglo de paz que se proyectase. Las advertencias de Cosme de la Torriente se habían hecho realidad, los partidos tradicionales tendrían que vérselas con la dictadura y el leviatán de la Revolución, disyuntiva trágica para ellos.

Por esa fecha tuvo lugar una reunión de la facción ortodoxa bajo el mandato de Emilio Ochoa. Los «millistas» deliberaron sobre la manera de reaccionar ante la comisión interparlamentaria que se encontraba sesionando. Se reunieron Enrique Benavides, Luis Conte Agüero, Mario Rivadulla, Álvaro Barba, Max Lesnick, Beruff, Alberto Cura y Jesús González Jiménez. Conte Agüero alertó de que si la gestión se habría cauce había que aprovecharla pero sino había que dejar que Grau cargase con la responsabilidad. En otra reunión posterior que sostendrían todos los núcleos electoralistas convocada por Aracelio Azcuy, ex-auténtico que militaba en el PNR de Pardo Llada, representaciones de la facción millista del PPC(O), el PNR y el MLR de Amalio Fiallo intercambiaron puntos de vista. En esa oportunidad todos mostraron cautela ante las conversaciones que se desarrollaban en el congreso, se temía que como en otras ocasiones el gobierno solo buscase ganar tiempo o que el entendimiento se reduciese a los grausistas y los gubernamentales. Además no confiaban en que los seguidores de Grau condujesen bien los intercambios con el gobierno. Pero lo más interesante de la reunión fue la coincidencia de algunas personalidades con las demandas de los sectores abstencionistas que exigían del régimen amplias concesiones en cuanto a libertades políticas para poder involucrar a las organizaciones revolucionarias y desviarlas del curso radical de lucha que habían adoptado. Oscar Gans del PNR señalaba:

De ahí que yo sugiera, como condición para llegar a un acuerdo nacional, que se tengan en cuenta todos los núcleos, sin excluir a los clandestinos (…). Y si se ha de consultar a esos sectores clandestinos, es evidente que hay que darles garantías previas para que retornen a la legalidad, lo cual incluye una amplia amnistía política. De ese modo le devolvemos la pelota al gobierno pues tendrá que resolver el problema de propiciar la normalidad como antecedente de todo diálogo posible.[vii]

Sin embargo, el MLR que en otro momento había rechazado unirse a la oposición en la SAR, en una postura que la prensa calificó como «intransigente» ahora le pasaba por arriba a las organizaciones revolucionarias y convocaba a unirse a otros núcleos más transigentes con el régimen Marcista como el PPC(O) electoralista de Márquez Sterling. Amalio Fiallo expresó:

No podemos estar pendientes de la Insurrección. Aún cuando triunfara nuestra consigna sería la misma: elecciones generales. Solo variaría el gobierno al que se la exigiríamos.[viii]

En sentido general, convocar a las organizaciones revolucionarias a marchar a un proceso de negociaciones políticas podía interpretarse de varias maneras según los intereses políticos de los que apoyasen esa propuesta. Podía verse como el interés sano de propiciar una salida democrática que evitase más muertes y que facilitase una participación significativa en un futuro gobierno a las organizaciones revolucionarias pero también podía ser una maniobra para impedir que las organizaciones revolucionarias continuasen ganando adeptos entre aquellos que un día apostaron por alternativas reformistas y que barriesen no solo con la dictadura sino también con todos los partidos tradicionales de aquella república neocolonial en crisis. En cualquiera de los casos a la dictadura no le agradaba mantener contactos con las organizaciones revolucionarias pues sería el fin de su poder como casta político-militar, esos espacios para el debate político eran incongruentes con el origen y la catadura moral de los altos personeros del gobierno que mientras aparentaban una actitud comprensiva y aprobaban las conversaciones en el Congreso, en las calles de Cuba desataban un clima de violencia policíaca que alcanzaba a todos, desde los revolucionarios hasta los políticos tradicionales. Al respecto Manuel Bisbé, en un encuentro que sostuvo con Eduardo Suárez Rivas, señaló:

¿Cómo se concibe que vayamos a ese nuevo diálogo cuando no solo nos han matado a Pelayo, que era nuestro Presidente, sino que nos impiden reunir al Consejo Director para designarle un sustituto y ayer mismo han detenido a su viuda y a sus dos hijos?[ix]

Por su parte, Tony Varona del PRC(A) abstencionista aunque reconoció que la Comisión Interparlamentaria no era más que «una finta para distraer la atención pública y ganar tiempo», no fue remiso en plantear los prerrequisitos necesarios que su tendencia política exigía:

Garantías inmediatas
Amnistía política y militar.
Reincorporación a la vida pública de los exiliados, los insurgentes de la Sierra Maestra y los que se encontraban en la clandestinidad.[x]

La tercera sesión de la Comisión Interparlamentaria se abrió con palabras del Presidente de la Cámara, Gastón Godoy quien calificó como inaceptable el temario sugerido por la oposición en la sesión anterior pues daba margen a discutir en torno a la fecha y el tipo de elecciones: «Creo que no se puede entrar a discutir esos puntos. Nosotros tenemos grandes responsabilidades con determinados factores del gobierno que no aceptarían la limitación de los mandatos».

El debate continuó con los siguientes criterios:

Suárez Rivas: «El fundamento de esta gestión (...) es la de señalar la fecha de elecciones y establecer las garantías necesarias. Es significativo que no acepten ni una sola de nuestras proposiciones».
Pardo Jiménez: «La minoría lo que pretende es dejarnos desvestidos. ¡De ninguna manera! ¡Nosotros tenemos la sartén por el mango! ¡No se puede admitir en ese documento nada que comprometa al gobierno! ¡No cederemos un ápice!».[xi]

La terquedad del régimen nuevamente tomaba cuerpo, ¿cómo se pretendía que los propios congresistas cuestionasen y cediesen sus poderes a la oposición? Evidentemente los incautos congresistas grausistas habían sido llevados a una ratonera por Batista y aún cuando predominó el instinto de conservación entre la casta político-militar de la dictadura fue significativo que en medio del debate un senador de la mayoría, Ernesto Rosell, consideró la posibilidad de adelantar las elecciones generales. ¿Rejuego politiquero o manifestación de debilidad política del régimen castrense? Por su parte, Juan Amador Rodríguez del PNR se adelantó a solicitar del régimen unas garantías para propiciar un encuentro con los dirigentes de las organizaciones revolucionarias pero Suárez Rivas le indicó que previo a ello era preciso determinar el temario de las conversaciones pues no podían aparecerse con las manos vacías ante los «insurreccionalistas». Por eso la oposición insistió en un documento que postulaba:

La Comisión interparlamentaria recaba de las organizaciones consultadas su criterio en relación con la celebración de elecciones generales como propósito y medio de producir la convivencia pacífica de la nación y la fecha en que deben efectuarse(…)
Sobre las medidas requeridas para el pleno ejercicio de las libertades públicas y sobre cualquier otra medida de tipo legislativo que cree el clima de paz indispensable a toda actividad electoral y permita reintegrarse a la ciudadanía, sin exclusiones, al ejercicio a plenitud de sus derechos cívicos.[xii]

Esa consulta a determinados factores políticos y sociales de la comunidad cubana hubiese representado una especie de plebiscito que pondría en aprietos a la dictadura ante exigencias a las que no podía responder so pena de perder el poder. Por eso personalidades relevantes del batistato señalaron:

Gastón Godoy: «Insisten en idénticos tópicos».
Rafael Díaz Balart: «El segundo y último párrafo son inaceptables».[xiii]

Y como de cualquier manera a la dictadura le parecía demasiado pronto para que se produjera la ruptura de las conversaciones y necesitaban dilatar más los encuentros para entretener a la opinión pública, la senadora María Gómez Carbonell postuló que el temario de discusión fuese abierto y libre sin que se fijasen reclamaciones a priori por las partes presentes. Ese día concluyó la tercera sesión, retirándose los miembros de la minoría quienes pidieron un plazo de 48 horas para reunirse de nuevo. Batista en el fondo pretendía encausar a todos los partidos tradicionales en el esquema electoral del régimen que tenía planificada las elecciones para 1958 lo que confirmó Andrés Rivero Agüero cuando declaró: «Muy bien, el presidente está interesado en el éxito de las negociaciones porque se dirige derechamente a las elecciones generales».[xiv]

En medio de aquel clima opresivo de intransigencias reaccionarias del gobierno y de oportunismo político de la oposición tuvo lugar un hecho poco común que atrajo la atención de los principales medios de difusión: Grau hacía su aparición pública en el Capitolio Nacional. Evidentemente no solo Batista tenía la intención de entretener a la opinión pública, el ex-presidente auténtico le seguía los pasos alertando sobre terribles consecuencias:

Como se ve, las calamidades que hoy agobian a nuestra patria (…) no son irreparables, puesto que bien a mano está el remedio que conduce a la radical curación. Si hasta ahora no ha habido en algunos la voluntad de aplicarlo, bien sombrías y trágicas han sido las consecuencias.[xv]

El Presidente del Senado, Anselmo Alliegro, contento con la farsa circense de Grau, expresaba: «La presencia del doctor Grau San Martín ha constituido un reconocimiento a los fueros y la autoridad del parlamento».[xvi]

Batista procuraba, por dos vías distintas, conducir a la oposición a aceptar el proyecto electoral del gobierno y con ello su legitimidad. Una vía era la represión policíaca que no daba opción a la lucha política, tan solo a la lucha armada, y la otra mediante las negociaciones de la Comisión Interparlamentaria. Batista razonaba que la oposición oficial cuando se viera entre esos dos fuegos, se asimilaría a los procedimientos «legales» de la dictadura si no quería sumarse al carro de la insurrección. Para la alternativa reformista estaba llegando el momento de definirse: a favor de la dictadura o a favor de la Revolución, el camino intermedio se les cerraba a pasos agigantados. Reunidos los «millistas» para adoptar determinaciones ante la coyuntura presente, Max Lesnick definió así el momento político:

Solo caben dos actitudes: o se acepta la gestión intercameral, que algunos llaman interplanetaria, y se hace acto de presencia en ella, o se rechaza, lo cual tácitamente nos llevaría de nuevo a la línea insurreccional. En este último caso no hace falta una declaración; los hechos nos empujarían hacia ese extremo, pues volveríamos a recibir las visitas ingratas de la fuerza pública.[xvii]

La reunión en cuestión terminó en una recia disputa interna, Lesnick y Conte Agüero se negaron a definir estrategia política alguna que facilitase una solución nacional hasta tanto el líder de esa agrupación, Emilio Ochoa, no regresase al país de Miami donde había huido por temor a represalias de la dictadura. Este último asunto fue llevado a la votación por Conte Agüero. Si era aprobado se cerraba el camino a la participación de negociaciones de esa facción con el régimen y cesaba el manejo de alternativas reformistas de tipo pacífico. Nazario Sargent se opuso tajantemente a la propuesta de Conte y Lesnick le advirtió: «Nazario, tú estás saboteando esto». Pero finalmente la propuesta de Conte fue llevada a votación y aprobada por abrumadora mayoría. Sargent no quedó conforme y expresó: «Yo creo que esto ha sido antirreglamentario y antidemocrático».[xviii]

Los «millistas», ante el clima de persecución reinante quedarían en el camino, no estaban aptos para caer bajo la influencia del régimen castrense, la propia represión había descabezado a su agrupación. El miedo al abismo político los había conducido a serias divergencias internas.

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Ver también: 1957: Los partidos políticos y las instituciones cívicas tras el asalto al Palacio Presidencial (I).

[i] Sección «En Cuba». En: Bohemia, 31 de marzo de 1957, p. 79-81.

[ii] Ídem.

[iii] Sección «En Cuba». En: Bohemia, 7 de abril de 1957, p. 79-81.

[iv] Ibídem, p. 81.

[v] Ídem.

[vi] Ídem.

[vii] Ibídem, p. 83.

[viii] Ídem.

[ix] Ibídem, p. 82.

[x] Ibídem, p. 83.