1957: Los partidos políticos y las instituciones cívicas tras el asalto al Palacio Presidencial (III)

Las Instituciones Cívicas que observaban de cerca la marcha del proceso de la Comisión Interparlamentaria pretendieron asumir un rol de agentes supra-políticos de conciliación nacional. Creían que solo la movilización de toda la sociedad civil cubana sería capaz de superar la crisis política republicana y propusieron una fórmula similar a la que manejaban algunos sectores abstencionistas y electoralistas de la Oposición oficial. Según manifiesto que emitieron el 15 de abril, entendían que:

La solución que Cuba demanda no puede limitarse a una cuestión política y eventual concretada al presente momento, sino que debe crear de modo definitivo y permanente el clima adecuado a nuestra patria, para que no se altere jamás la cívica y cordial convivencia de nuestro pueblo.[i]

Reconocían que desde el nacimiento de la República se habían sucedido crisis en las instituciones republicanas destacando como expresiones culminantes las de 1906, 1937 y 1952. Sobre este último momento destacaban:

Sin embargo, en 1952 se subvierte la organización constitucional del estado y se interrumpe, deteniéndolo, el proceso de maduración política de la juventud. Desde ese momento se inicia una nueva crisis y la Patria, la Patria de todos, se debate hoy en la agonía de querer superar por la vía democrática las dificultades que la agobian»[ii]

Quisiéramos verter nuestros criterios sobre estos juicios de las Instituciones Cívicas cuyo ideólogo más relevante fue José Miró Cardona. La alternativa reformista procuraba el reforzamiento de las bases sobre las que se había erigido la República neocolonial cubana con el mejoramiento del funcionamiento de las instituciones públicas. Sin embargo, las continuas crisis del sistema de capitalismo dependiente cubano acercaban cada vez más la solución a la ruptura con los deficientes cimientos republicanos a través del desarrollo de una Revolución que solucionara los problemas de fondo del país. No se había detenido el proceso de maduración política de la juventud, sino que la propia crisis había facilitado que los jóvenes asumieran la gran responsabilidad de revolucionar el país rompiendo con los partidos tradicionales que no podían aportar soluciones definitivas a los males de aquella república. La crisis política había acelerado la maduración política de la juventud que proyectaba construir una Cuba nueva, ajena a la que nació postrada en 1902. La joven generación de revolucionarios tenía ante sí el desafío de enfrentar una dictadura dueña de la maquinaria estatal cuyos baluartes más relevantes eran el Ejército y la Policía y también debía librar con habilidad una batalla contra quienes querían limitar la solución de los problemas del país a la «la vía democrática». Pero como la batalla más ardua y urgente era la primera, la segunda estaba, sujeta a una táctica que propiciase que las organizaciones revolucionarias pasasen a ser actores políticos protagónicos de un nuevo gobierno.

Es por ello que las Instituciones Cívicas constituyeron un movimiento que le facilitó a la joven dirigencia revolucionaria captar apoyo entre sectores de la burguesía. No obstante, las instituciones, por su origen de clase y sus intereses de más largo alce, destinados a reformar la República neocolonial, no rebasaron nunca el marco de demandas estrictamente legales:

Tienen fe profunda en la vocación democrática del pueblo y están firmemente convencidos de que los problemas de Cuba pueden y deben ser resueltos por medios pacíficos.
Entienden, asimismo, que es necesario y urgente restablecer la paz y al condenar de modo expreso todas las manifestaciones del terrorismo demandan igualmente amplia garantía par la vida humana, libertad para el ejercicio del derecho de opinión, reunión y asociación (…). En una palabra, que se respete la dignidad plena del hombre. De otro modo, los caminos de la violencia producirán lo que todos debemos evitar: el colapso de la República.[iii]

En el fondo los ideólogos de las instituciones cívicas eran tan contrarios a la violencia genocida del régimen castrense como a la violencia revolucionaria portadora de un nuevo proyecto de sociedad. Esas dos corrientes en pugna llevarían al «colapso de la República», cuyos agentes orgánicos eran los miembros de la burguesía dependiente con representación en la sociedad civil cubana (en las Instituciones cívicas y en las Corporaciones económicas). Estos señores pretendían erigirse en jueces supremos de la realidad cubana para que la situación crítica del país no continuase gravitando contra su hegemonía política y social. Era un modo de sentirse con la capacidad de dictar los destinos del país sin que se afectasen sus posiciones ni se rebasasen los marcos de la sociedad cubana erigida sobre las preminencia de sus intereses de clase. Por otro lado las medidas propuestas en esos momentos para garantizar esos objetivos no se diferenciaban mucho de las de los partidos tradicionales, con la diferencia que estos últimos ya habían perdido credibilidad pública:

Primero: Plena vigencia de la Constitución, restaurando de modo cierto las garantías que la misma determina y derogando al propio tiempo cuantas disposiciones las vulneren o las restrinjan.
Segundo: Restablecimiento de la tranquilidad pública concebida como la resultante de la armónica y pacífica convivencia.
Tercero: Promulgación de una justa ley de Amnistía Política, como medio de consolidar el estado de mutuas garantías alcanzado.
Cuarto: Elaboración de un plan electoral en que estén representadas y de acuerdo todas las fuerzas políticas del país.[iv]

No concordamos con el planteamiento de José Cuesta en su libro sobre la Resistencia Cívica de que a este plan de medidas «solo faltaba la condición esencial de que las elecciones se efectuasen sin Batista en el poder». Al menos en esa etapa era algo así como pedirle peras al olmo. Que Batista dejase el poder implicaba dar paso a un vacío político que podía ser aprovechado por las organizaciones revolucionarias lo que no les convenía. Las instituciones cívicas favorecían un tránsito ordenado hacia una apertura democrática burguesa y todo lo que representase caos político les era ajeno, su problema era persuadir y presionar a Batista sin derrocarlo en forma radical. Más, como en otras oportunidades, el reclamo de las Instituciones cubanas no tuvo acogida alguna en el gobierno.

Por su parte en la Comisión Interparlamentaria los grupos oposicionistas coincidieron en los siguientes aspectos generales:

Garantías constitucionales efectivas, escrupulosamente detalladas.
Voto libre y directo conforme a las pragmáticas electorales de 1943.
Amnistía para los presos políticos, civiles y militares.[v]

La Ortodoxia Libre de Carlos Márquez Sterling excluía de los beneficios de la ley de perdón «a los autores de asesinatos y homicidios políticos». En cuanto a los problemas de los carnets electorales, el gobierno propuso iniciar un nuevo censo electoral de manera que así ganaban tiempo e impedían que las elecciones generales previstas por el régimen para 1958 pudieran adelantarse. Respecto al momento de producir la consulta electoral hubo diversidad de criterios: En noviembre de 1957 solicitó Grau, el 1ro. de junio de 1958 señaló Márquez Sterling, mientras el independiente Raúl Lorenzo entendía que la fecha electoral del 58 debía cancelarse. Por otro lado, Alonso Pujols, Pardo Llada y Amalio Fiallo no se mostraron exigentes. Los dos últimos reclamaron que los comicios se efectuaran «con la urgencia que permitan los trámites». Pero a pesar de estos pronunciamientos los personeros del gobierno se negaron a referirse a ese tema candente, pretendían ganar tiempo para continuar dividiendo a la oposición y sumar a los indecisos al proyecto electoral de la dictadura. El primero de estos fue Carlos Márquez Sterling quien había propuesto una fecha para la consulta popular en 1958, era el primer partido que los gubernamentales captaban para el gran show del 58. Con relación a la amnistía, los representantes del gobierno tampoco quisieron adelantar nada.[vi]

Después de estas sesiones de la Comisión Interparlamentaria durante el mes de abril, se produjo un impasse en virtud de que el gobierno no terminaba de definirse con respecto a las demandadas de la oposición. Pero otro hecho importante que conmovió a la opinión pública creó indecisión en las filas de los partidos tradicionales, se trataba del asesinato de Humboltd 7 donde murieron Fructuoso Rodríguez, Juan Pedro Carbó Servia, José Machado y Joe Woodsbrook. Se sucedieron una serie de consultas al interior de los partidos de la oposición, entre líderes de varios de estos partidos y por último entre personeros gubernamentales y dirigentes de la oposición. Se estaba allanando el camino para conciliar puntos de vista y en general, se pasó de posiciones medianamente intransigentes a posiciones de tolerancia con la dictadura.

El 22 de abril se reunió la delegación auténtica, el representante Facundo Hernández anticipaba su propósito de solicitar la ruptura de las negociaciones atendiendo al clima de tensión dominante por el alevoso asesinato de Humboltd 7:

No se concibe que se hable de planes políticos y que por otro lado se cace como a fieras a los estudiantes y elementos de la oposición. Debemos retirarnos de la Comisión.[vii]

Sin embargo, Eduardo Suárez Rivas discrepaba abiertamente con Facundo Hernández: «Ahora es cuando hay que precisar al gobierno para que diga de una vez cuales son sus intenciones» y Eliseo Guerra: «Grau declaró que hay que seguir demandando una solución». Según el propio Suárez Rivas, Grau había dado instrucciones de no retirarse de la Comisión Interparlamentaria hasta último momento para no asumir la responsabilidad de un fracaso. Facundo había quedado en minoría y la burla cruel de la dictadura a los incautos políticos de la oposición ante la opinión pública era pasada por alto. Era una señal de que el régimen no estaba dispuesto a transigir a favor de garantías constitucionales que podían poner fin a la guerra que había desatado contra las organizaciones revolucionarias.[viii]

Por su parte los del PNR: José Pardo Llada, Aramís Taboada, Luis Botifoll, Danilo Baeza, Enrique Huertas y Aracelio Azcuy se reunieron a puertas cerradas. Pardo Llada manifestó su criterio pesimista y Enrique Huertas aunque reconocía que los sucesos de Humboltd 7 habían tenido una honda repercusión nacional entendía que antes de lanzar algún pronunciamiento era preciso coordinar acciones con los auténticos, de modo que: «cualquier actitud debe corresponder a una línea general de la oposición y no a la de un partido determinado». Es así que deciden visitar a Eduardo Suárez Rivas y este le trasmitió las últimas noticias sobre la nueva componenda que fraguaba la dictadura tras una reunión con sus principales colaboradores en Kuquine: «Según mis noticias, se acordó adelantar la fecha de elecciones para el primero de junio de 1958, conceder el voto directo y libre para los cargos ejecutivos y propugnar la confección de nuevos carnets. En cuanto a los mandatos se mantienen las fechas fijadas por el gobierno».[ix]

Pardo Llada indagó sobre la amnistía y Suárez Rivas le indicó que el régimen marcista no estaba dispuesto a tratarla de momento. El representante grausista entendía que esa plataforma podía aceptarse como punto de partida para futuras negociaciones. Batista había logrado desacreditar, debilitar, dividir y finalmente asimilar a una parte de los partidos tradicionales. Los políticos al uso al no encontrar cauce para su expresión libre tuvieron que definirse por los caminos estrechos y arduos, impropios de su condición, que le brindaban, o bien la dictadura asimilándolos a su proyecto electoral, o bien la Revolución sumándolos a proyectos de unidad global de la oposición o incluyéndolos en la base de sus organizaciones de apoyo a la insurrección.

En reunión de líderes de la oposición y el gobierno en casa de Eduardo Suárez Rivas, encontrándose presentes por los primeros Raúl Lorenzo, Facundo Hernández, Julio Tarafa, Juan Amador y el anfitrión Suárez Rivas y por los segundos Anselmo Alliegro, Gastón Godoy y María Gómez Carbonell, se debatieron los temas relativos a la solución del problema político cubano. Los gubernamentales lograban imponer su agenda basada en los siguientes puntos:

Elecciones generales el primero de junio de 1958.
Anulación de los actuales carnets electorales y expedición de otros nuevos, usándose los registros existentes (…) e inscripción de los miles de jóvenes que habían arribado a la edad electoral.
Código electoral sobre la base de 1943, con voto directo y libre.[x]

Los miembros de la oposición presentes en la reunión tan solo sugirieron pequeñas modificaciones. El único que planteó un cambio de fecha para las elecciones fue Juan Amador del PNR que solicitó tuviesen lugar en enero de 1958. Su propuesta fue rechazada tajantemente por Gastón Godoy quien utilizó el pretexto de que el nuevo censo electoral requería de más tiempo. En cuanto a los términos de los mandatos, que Batista estimaba debían ser inalterables, Suárez Rivas propuso debían cesar en septiembre de 1958 para los legisladores y el 10 de octubre de ese año para el Presidente, su propuesta fue apoyada por Raúl Lorenzo. Pero en cuanto a la demanda de una amplia amnistía, punto que defendió Facundo Hernández en la reunión, los congresistas del régimen se negaron rotundamente. «Los factores de las fuerzas armadas no aceptarían una amnistía militar». Al final tan solo se comprometieron a ofrecer una declaración simbólica de que una vez que se arribara a la solución que ellos propugnaban, si existían las condiciones, el Congreso votaría una ley de amnistía. Otra farsa del régimen marcista.

El 27 de abril sesionó la Comisión Interparlamentaria, no hubo grandes discusiones después de los acuerdos en casa de Suárez Rivas. Simplemente se le dio el visto bueno a la ponencia de María Gómez Carbonell de no establecer condiciones previas y continuar discutiendo para arribar a un consenso en los puntos que podían servir de plataforma a una solución nacional. Continuaba en pie la táctica dilatoria del régimen mientras que en reuniones had doc se domesticaba a la oposición.

Por su parte la Ortodoxia Histórica, desde una forme postura abstencionista renegaba de contactos con el régimen del 10 de marzo, su Consejo Director emitía las siguientes declaraciones:

En este clima de violencia y arbitrariedades, violándose los derechos constitucionales, aunque estén establecidas nominalmente las garantías no puede considerarse, discutirse ni aprobarse ninguna fórmula política, si antes no se brindan garantías y amplia amnistía para presos civiles, militares, rebeldes y exiliados.[xi]

A inicios de mayo, las negociaciones estuvieron prácticamente paralizadas. Aunque en principio se llegó a consenso de que las elecciones tendrían lugar en 1958, una discusión aparentemente trivial en torno al término de los mandatos escondía una fuerte disputa de la oposición y el gobierno por lograr una victoria moral. Si se accedía a remover el término de los mandatos por solo cuatro meses como lo demandaba Grau, se hubiese otorgado una concesión que comprometía la legitimidad del régimen lo que hubiera sido explotado por Grau en la campaña electoral prevista, eso era algo intolerable para la dictadura. Por eso el equipo marcista se abroqueló tras el criterio de la inamovilidad de los mandatos.

Ante el estancamiento de las conversaciones los líderes oposicionistas José Pardo Llada del PNR, Raúl Lorenzo del P.S.C. (Partido Social Cubano) y Eduardo Rivas del PRC (A) electoralista decidieron reunirse para intercambiar criterios. Tanto Lorenzo como Pardo Llada no entendían que el acortamiento por cuatro meses de los mandatos representase un problema fundamental, entendían que «la zona neurálgica» del acuerdo debía ser las garantías constitucionales pero este era un punto que estaba por ver si el gobierno podía cumplirlo. Aunque formalmente se comprometiera a asumirlas, el régimen no podía prescindir de la represión policíaca.

Por su parte la mayoría congresional se reuniría en el Capitolio para diseñar una estrategia a seguir ante la postura adoptada por Grau. La línea dura se imponía nuevamente para romperle el espinazo a los partidos tradicionales que pretendían abrir una brecha en la Comisión Interparlamentaria que los beneficiase:

Alliegro: «Es una majadería del Dr. Grau que ha paralizado la labor de la Comisión Interparlamentaria»
Rafael Díaz Balart: «Si no acceden, tenemos que regresar a nuestras posiciones originales. Vamos a promulgar la legislación correspondiente manteniendo y aplicando nuestra tesis (...). Ellos y no nosotros son los intransigentes».[xii]

A propuesta de Gastón Godoy se acordó que como línea táctica se tomara el acuerdo de patrocinar el criterio de Díaz Balart para impresionar a la minoría.

Reunidos nuevamente oposición y gobierno en la Comisión Interparlamentaria Raúl Lorenzo sirvió en bandeja de plata a la dictadura un argumento que le permitía, desde un posición cómoda, dilatar indefinidamente la solución nacional: «Como quiera que la Comisión va a seguir en funciones, el problema de los mandatos puede dejarse para un tratamiento posterior (…) dejando al PRC la oportunidad de replantearla en el futuro».[xiii]

Pero Díaz Balart, aplicando la táctica de la mayoría, lanzó un ultimátum a la oposición:

Advertimos que nuestras concesiones están supeditadas a que la oposición acepte lo que planteamos en cuanto a los mandatos. Si no lo hace así, queda entendido que se regresa al punto de partida (…). Estoy autorizado para hablar en nombre de la mayoría y del gobierno.[xiv]

Pero ya que Lorenzo le había dado al batistato una de sus armas preferidas para actuar a sus anchas, la de la indeterminación, Alliegro propuso sacar a votación la propuesta de este, declarando permanente la sesión y aceptando la ponencia de María Gómez Carbonell donde todo quedaba por definir; ello no le impedía al régimen adoptar las decisiones que estimase pertinente.

Los auténticos se retiraron a deliberar con Grau en la Quinta Avenida, el jefe auténtico era impredecible, esta vez bajó un tantico la cabeza. El temor de Eduardo Suárez Rivas era que el gobierno lo colocase frente a la opinión pública responsabilizándolo por el fracaso de las conversaciones por eso le expuso a Grau las ventajas de la fórmula aplazatoria de Raúl Lorenzo. El ex-presidente buscó una salida salomónica: «Bueno vamos a hacer una cosa. A esto hay que darle largas, que la prensa siga hablando (…). Denle vueltas a ese planteamiento sin que luzca que cedemos, sino que aplazamos».[xv]

De regreso al Capitolio, Suárez Rivas se reunió con Alliegro y dieron por aplazadas las diferencias, todo terminó en un jubileo de discursos cuyo entusiasmo no llegó al pueblo común. Como bien señalaba la Bohemia: «La ciudadanía en el oscuro panorama de bombas, cocteles, denuncias y encarcelamientos, recelaba de fórmulas y recetas».[xvi] Por ello en el argot popular las reuniones de la Comisión Interparlamentaria se traducían en reuniones de la «Comisión Interplanetaria».

***

Leer también: 1957: Los partidos políticos y las instituciones cívicas tras el asalto al Palacio Presidencial (II).

[i] Sección «En Cuba». En: Bohemia, 14 de abril de 1957, p. 84.

[ii] Ídem.

[iii] José M. Cuesta Braniella: Ob. cit., p. 389.

[iv] Ibídem.

[v] Ibídem, p. 390-391.

[vi] Ídem.

[vii] Sección «En Cuba». En: Bohemia, 21 de abril de 1957, p. 82.

[viii] Ídem.

[ix] Sección «En Cuba». En: Bohemia, 5 de mayo de 1957, p. 82.

[x] Ídem.