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Masacre de los Independientes de Color: una profecía fatal

Raúl Ramos Cárdenas, 07 de septiembre de 2012

Una cuestión polémica en la vida del político negro cubano Martín Morúa Delgado, fue la Enmienda a la cual dio nombre: el artículo 17 de la Ley Electoral de la República, durante la primera década del pasado siglo XX.

Presentada al Senado el 11 de Febrero de 1910 —último año de su gestión como congresista y el último de su vida—, tenía como objetivo evitar la lucha política de contenido racial en Cuba, pero su verdadero trasfondo fue eliminar de la escena cubana al Partido Independiente de Color (PIC). Dicha organización había sido fundada en agosto de 1908, a iniciativa del veterano de la Guerra del 95, Evaristo Estenoz Corominas, como una respuesta al orden social impuesto que afectaba los derechos de los ciudadanos negros.

De las intervenciones en torno al tema, presentamos la del senador Cristóbal de Laguardia, quien se opuso a dicha legislación hasta el punto de vislumbrar un desenlace sangriento que, fatalmente, tuvo lugar dos años después y representó un acontecimiento lamentable para la joven República cubana.

El fundamento jurídico-legal del Partido Independiente de Color, organización surgida durante el período final de la segunda intervención norteamericana en Cuba, es un tema poco estudiado de la historia nacional. Por ello, en el centenario de la masacre cometida por el gobierno contra sus militantes y una numerosa cantidad de personas desvinculadas de aquel proyecto político, ponemos a consideración del lector este alegato de defensa que refleja las contradicciones y temores de la administración presidida por el Mayor General José Miguel Gómez (1909- 1913), contra los negros que tomaron la decisión —discutible o no—  de organizarse legalmente en un partido, para la defensa de sus intereses y libertades amparadas por la Constitución.

Llama la atención el hecho de que Cristóbal de Laguardia —español de nacimiento y residente en la Isla desde temprana edad— enfatizara en el aspecto jurídico del asunto. Esta personalidad fue una de las más versadas en la jurisprudencia de su época, pues a su autoría se debieron varias obras acerca de leyes cubanas y sistemas jurídicos de Hispanoamérica.

A principios del siglo XX, de Laguardia pretendió dar vida a lo que denominase Partido Obrero Socialista; fue defensor de las aspiraciones del incipiente movimiento obrero cubano, al que ayudó, en varias ocasiones, a pagar los alquileres de locales que ocupaban. Además fue uno de quienes firmaron, en agosto de 1901, los llamados Estatutos Provisionales del Partido Popular Obrero.i

Teniendo en cuenta estos argumentos a su favor, es lógico pensar que, como representante de la más alta instancia de poder legislativo en la naciente República, a Laguardia no le fuera ajena la circunstancia legal que amparaba al PIC, como tampoco la inminente violación de derechos jurídicos que tendría lugar —con sus consabidos riesgos de violencia futura— en caso de aprobarse aquella enmienda, en cuyo texto se planteaba: “No se considerará, en ningún caso, como partido político o grupo independiente, ninguna agrupación constituida exclusivamente por individuos de una sola raza o color y grupos independientes que persigan un fin racista”ii

Los debates suscitados a tenor de esta norma fueron profundos y apasionados, unos a favor y otros en contra, como evidenciaron los discursos de Laguardia y Salvador Cisneros Betancourt, ambos contrarios a la aprobación de la Enmienda, en aquella histórica jornada senatorial.

A esta posición se unieron, más tarde, en la Cámara de Representantes, Silverio Sánchez Figueras, Policarpo Madrigal y José A. González Lanuza, así como José María Beltrán, quien realizó una relevante disertación académica, publicada bajo el título “Enérgica y científica refutación a la Ley Morúa”, en las páginas del diario La Discusión, el 8 de abril de 1910.

Cuando de Laguardia avizoró ante el Senado que si se cerraban las vías legales a aquellos hombres “daríamos lugar a que esos individuos, no teniendo ya un terreno legal, franco, donde moverse, se lanzaran al de la violencia […]” , no estaba descartando, a nuestro juicio, la posibilidad real de que el gobierno de Gómez desplegara toda una maquinaria propagandístico-militar, en contra del proyecto político de Estenoz.

Según Laguardia, el mambí intentaba canalizar una forma de oposición legal y bien articulada, contra aquel orden de cosas imperante que brindara al ciudadano negro una verdadera representatividad en todas las esferas de gobierno.

Al respecto, debe recordarse el mensaje de saludo que le enviara Estenoz, a través de las páginas de Previsión1, al presidente de la República, José Miguel Gómez, tras ser electo, y la fría respuesta que este último le reciprocara a su emisario:

“La Agrupación Independiente de Color, que tengo la honra de presidir, confía en que la exaltación de Ud al poder, como ha sido su más ferviente y cordial deseo, sea para la nivelación de todos los intereses cubanos y la más equitativa participación de todos los elementos étnicos que pueblan la República…”iii

La respuesta del presidente: “Mi estimado señor: He recibido su atento saludo y quedo profundamente agradecido por su atención. De Ud con toda consideración atento ss.  José M. Gómez”

A tono con su radicalismo, Evaristo fue un decidido defensor del criterio de que los negros y mestizos cubanos tendrían mayores ventajas sociales, y una verdadera representación en los cargos públicos del país, si practicaban una candidatura aparte a la de los partidos tradicionales.

Dicha iniciativa, que evidentemente daba por sentado que en política existía un “interés negro”, no fue compartida por personalidades negras de prestigio e historia como Juan Gualberto Gómez o el propio Morúa Delgado, aún antes de iniciarse la República; esto vendría a generar ahora, legalizado ya el PIC,  la preocupación de la élite de poder liberal —partido al cual pertenecía el presidente— y por tanto, se impediriía la pérdida de un electorado numeroso que veía con cierto agrado a la nueva agrupación.

En este sentido, cabe recordar la magnitud de la movilización ciudadana que acogió al PIC; el cual llegó a contar, según el criterio de sus propios líderes, con numerosos comités, asambleas y juntas, a todo lo largo del país y, en principio, un órgano de prensa, el periódico Previsióniv, editado en la capital de la República.

Aquellos argumentos de Laguardia no dejaron de ser proféticos en el sentido que, a dos años de haber sido expuestos, la máxima dirigencia de los Independientes decidió iniciar una protesta armada en varias localidades de la Isla, fundamentalmente en la antigua provincia de Oriente, como un modo de presión contra el gobierno para que derogase aquella enmienda.

Lo que se inició como un intento de solución “a la brava”, en realidad tuvo un evidente carácter efectista, manipulado con acierto por la prensa y los círculos de poder, pues sus iniciadores no contaban con  el armamento necesario para medirlo con la fuerza del Ejército nacional, ni era esa su intención como patriotas.

La denominación de “protesta armada”, incluida por los Independientes en el léxico de la época, tuvo por finalidad una especie de reto al poder del Presidente, que le obligase a negociar una variante de solución a la prohibición congresional y les permitiera participar en las venideras elecciones de finales de 1912; una táctica discutible y arriesgada que le dio al presidente José Miguel Gómez la posibilidad de dirigir la opinión pública contra el movimiento insurgente. De este modo fueron tildados de antipatriotas y racistas y por lo tanto, merecedores de un castigo ejemplarizante.

El gigantesco despliegue bélico, organizado y dirigido por el Mayor General José de Jesús Monteagudo, jefe de las Fuerzas Armadas, contaría además con  una movilización popular sin precedentes en contra de los protestantes, así como el empleo de los más modernos medios de combate para la época (muchos de ellos adquiridos en plena campaña militar): cañones de tiro rápido, ametralladoras y granadas, a lo que puede agregarse la participación de embarcaciones de guerra nacionales y norteamericanas, todo con el objetivo de aplastar con saña la beligerancia e impedir cualquier intento de diálogo entre las partes.

Se cumplía así, de alguna manera, la fatal predicción de aquel  anónimo senador de la República, quizás ignorado a pesar de su certera visión.

Mas allá de las posibles lecturas a las condicionantes que dieron lugar a dichos acontecimientos y los móviles de actuación de sus principales protagonistas, la represión a la protesta armada de los Independientes de Color nos revela, a cien años de ocurrida, el alto grado de degradación de una burguesía elitista que, por demás, fue incapaz de interpretar y satisfacer los sueños de justicia e igualdad de blancos, negros y mestizos, forjadores todos de la nacionalidad cubana en la manigua redentora.

Esa misma burguesía consiguió, más adelante, —porque no le convenía ni el recuerdo—,  silenciar y eliminar de la memoria histórica, durante largo tiempo, cualquier referencia posible al crimen cometido.

La lectura de este alegato que a continuación transcribimos, es una invitación a la reflexión y el análisis.

                                                          
Diario de Sesiones del Senado

Intervención del senador Cristóbal de Laguardia, 11 de Febrero de 1910


Había pedido la lectura del artículo para darme cuenta de la congruencia de la Enmienda, porque realmente no lo recordaba, y a mi juicio, salvo mejor parecer, encuentro que la Enmienda no es congruente, pero este es un asunto que no tiene importancia alguna.

Al pedir la palabra, empiezo por hacer constar que es en contra de la Enmienda; pero debo empezar también por hacer constar de la manera mas cordial y verdadera, mi felicitación al Sr. Morúa Delgado por el acto, a mi juicio, de verdadero valor cívico, que en este momento realiza.

Como el Sr. Morúa, comprendo los peligros de esa situación que todos conocemos y que nadie tiene inconveniente en designar por su nombre. He venido combatiendo esa tendencia a formar un partido de raza, dentro del estrecho círculo en que me muevo, dedicando a ello una serie de artículos, mas de diez, publicados en un periódico de Guanabacoa, que me trajo bastantes mortificaciones pues por esa campaña se me ofendió, particularmente por los que combatían mi doctrina.

En ellos me empeñaba en demostrar a la raza de color que no era ni patriótico ni conveniente para ella esa tendencia. Ello no obstante, me opongo a la enmienda, porque la considero anticonstitucional; porque encuentro que no es el remedio y porque no corresponde a los principios democráticos que informan al Partido Liberal, al cual pertenecemos.

La Constitución dice en su artículo 25:

Toda persona podrá libremente y sin sujeción a censura previa, emitir su pensamiento, de palabra o por escrito, por medio de la imprenta o por cualquier otro procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que impongan las leyes, cuando por algunos de aquellos medios se atente contra la honra de las personas, el orden social o la tranquilidad pública.

Hay otro artículo, el 28, que determina que:

Todos los habitantes de la República tienen el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, y el de asociarse para todos los fines lícitos de la vida.

Además el artículo 36 dice así:

La enumeración de los derechos garantizados expresamente por esta Constitución, no excluye otros que se deriven del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Estos tres artículos, especialmente el último, envuelven una demostración de que los derechos del pueblo y de cualquiera de los individuos del pueblo, son completamente amplios para poder asociarse y expresar sus pensamientos y para constituir cualquier agrupación que nazca de su soberanía.

Entiendo pues, que sería violada la Constitución al impedirse a alguien que se constituyera en partido político para encaminarse en cualquier dirección, aún cuando sea la de obtener el triunfo, la superposición de una raza sobre otra. Entiendo que ese es un derecho inviolable e indiscutible, al cual no debemos oponernos. Entiendo que será una desgracia, que será muy perjudicial para la raza de color, sobre todo, la formación de ese partido. Entiendo que no recibirá ventaja de ninguna clase sino, antes al contrario, perjuicios pero a pesar de ello, mi respeto a la Constitución, a los principios democráticos y a los derechos individuales aunque enalteciendo, como merece, la actitud del Sr. Morúa me obligará en este caso a votar en contra de su enmienda.

Respecto al fondo de las razones expuestas por los señores Morúa y Gonzalo Pérez, no tengo nada que decir, estoy conforme con ellas, entiendo que es perjudicial e inconveniente la existencia de esas agrupaciones y que ponen en peligro la nacionalidad, pero entiendo también que es anticonstitucional el que se prohíba al pueblo o a una parte del pueblo, hacer uso de un derecho que la Constitución le reconoce. La Constitución dice que se prohibirán las agrupaciones para fines ilícitos y esa agrupación no persigue ningún fin ilícito.

Yo llevo mis convicciones a tal extremo que entiendo que si el negro se considera superior a nosotros porque entiende que sus hombres son mas ilustrados que los nuestros y porque creen tener mayor número de votos y se creen por ello con derecho a gobernar la República de Cuba, tiene también el derecho a constituirse en partido político y, si gana las elecciones, gobernarnos. Ese es mi modo de pensar. Entiendo que ellos ejercitan un derecho legítimo, reconocido por la Constitución, al agruparse y expresar sus pensamientos libremente, para fines lícitos, dondequiera que les convenga. Eso que nosotros consideramos perjudicial y que pueda dar lugar a que se pierda la República, no sería porque el principio fuera malo, sino porque unos y otros no supiésemos respetarnos ante el triunfo. Es justo que los cubanos nos preocupemos de ello y tratemos de ponerle remedio, pero el que se va a emplear es peor que la enfermedad.

Yo estoy dispuesto, como lo he dicho muchas veces por medio de la palabra y de la prensa, a sostener, dondequiera que sea necesario, que ese sentimiento de raza es peligrosísimo, es funesto para el país; pero de la misma manera sostengo que es violar la Constitución, que es precipitar los sucesos, el dictar una ley prohibiendo al negro constituir su partido político y por virtud de la cual se autorice al Ejecutivo para utilizar la fuerza en contra de lo que para sus fines se congreguen. Si hay hombres que desean reunirse en tal sentido y formar una agrupación, teniendo como tienen, ese derecho reconocido por la Constitución, de ningún modo puede quitárseles por medio de una ley; con ello daríamos lugar a que esos individuos, no teniendo ya un terreno legal, franco, donde moverse, se lanzaran al de la violencia. Ese es mi temor. Yo lo único que quiero es que se respete el derecho de cada uno. Yo entiendo que los negros tienen derecho a constituirse en partido político, aunque también creo que eso es perjudicial para ellos; pero reconozco que nosotros no tenemos derecho para cohibirlos de esto, porque están al amparo de la Constitución.

La Constitución se refiere a privilegios y ese no es un privilegio. Por eso, pues, respetando y celebrando extraordinariamente los móviles que impulsan a los señores Morúa y Gonzalo Pérez, me atrevo a rogar al Senado que piense detenidamente esta cuestión, que crea como yo, que el remedio que se indica no es el conveniente, sino al contrario, será perjudicial.

He dicho.


Bibliografía
Colectivo de Autores: Impresiones de la República en el siglo XX, LLoyds Greater Britain Publishing Company, LTD, 1913, p198.
Rivero Muñiz, José: El Movimiento Obrero cubano durante la primera intervención norteamericana. Universidad Central de Las Villas, 1961.

Fondos de Archivo

  • Archivo Nacional de Cuba.  Fondo Audiencia de la Habana

  • Archivo Nacional de Cuba. Fondo Congreso de la República de Cuba 1902-1959

  • Instituto de Literatura y Lingüística. (Hemeroteca)  Periódico Previsión