Un régimen democrático, al afectar al conjunto de relaciones sociales, supone una sociedad democrática, que cuestiona la idea de jerarquías y privilegios y erige el derecho como  recreación constante de normas liberadoras y sujetos emancipados. Formas antidemocráticas (como el racismo o el patriarcado) son desnudadas en un régimen donde el conflicto, ventilado por el debate público, es magramente ocultado o suprimido. Se batalla por los recursos, por los sentidos, por las palabras.

Hoy somos, en la pasarela política, “demócratas”, y usamos “enfoque de género” para “empoderar” de forma “participativa” pero… ¿de que se habla? Existen confusiones -¿ingenuas?- de concepto y, peor aún, de contenidos en torno a las relaciones entre actores y proyectos participativos. Al fragmentar al sistema social en compartimentos con lógicas y esferas diferenciadas -políticas, económicas, culturales- corremos el riesgo de desconocer el sentido político de aquellas prácticas ciudadanizadoras, más allá de poderosas instituciones y los rituales electorales.

Si acotamos la clásica participación política al accionar en gobiernos, partidos o parlamentos, en cuyo seno se desarrollan de procesos de comunicación, integración y rotación de élites, puede olvidarse que los ámbitos socioculturales ocultan estrategias de dominación orientadas a desmovilizar a los subalternos e incorporarlos al proyecto hegemónico. Una auténtica participación ciudadana debe dar cuenta del involucramiento consciente y activo de sujetos en procesos relacionados con la constitución, ejercicio y ratificación del poder, en espacios institucionales, asociativos y grupos informales, y en la distribución de recursos de ello derivados. Atravesada por asimetrías efectivas y enmarcada por derechos formales –importantes pero insuficientes-, la participación ciudadana “realmente existente” no flota al vacío: se viste de clase, de etnia, de género. Y la celebrada profusión de gettos, paraíso de “postmodernos” y “multiculturalistas”, no evita que estas dimensiones interactúen entre sí.

Está claro que no toda participación ciudadana sea popular y que este calificativo, en nuestra región, identifica a gente que sufre asimetrías sociales, y que al movilizarse devienen movimientos liberadores. Engloba a sectores sociales empobrecidos (urbanos o rurales, mestizos o femeninos, iletrados o desempleados) susceptibles de integrarse orgánicamente a un proyecto anticapitalista, que, en relación con lo comunitario, recrea niveles mínimos de organización y autonomía frente al mercado y al Estado. Aspira a realizar una soberanía popular donde el poder reside en los ciudadanos y donde el gobierno se encargue, bajo mandato, de la administración temporal de la cosa pública.

Frente a estos intentos se erige la llamada «participación solidaria», invocada por la versión reformista del neoliberalismo, manipula a los pobres mediante el “enfoque de género”. Una participación que los poderosos asumen como lobby y los dominados como reivindicación, aboga por una gestión eficiente de las políticas públicas, bendecida por la cooperación internacional y asumida por comunidades empobrecidas. Con tecnología asistencialista focalizada, su “neutralidad ideológica” erosiona la lucha popular mediante la “gestión de proyectos” acaudillada por clases medias urbanas. Estas convocan a población a talleres, donde ofrecen materiales llamativos, metodologías importadas y buena alimentación, mientras se habilita un espacio agradable para la catarsis colectiva.

Proyectos como estos justifican la existencia de ONG convertidas en PYMES, donde los gastos de oficina superan los recursos invertidos en los “beneficiarios”. Se habla de empoderar en policromos plegables (pagados con dinero trasnacional) sin aludir las causas estructurales de la exclusión. Distinguidas intelectuales miran compasivamente a las plebeyas, y mientras las “capacitan” desprecian sus identidades, vivencias y propuestas. El datashow y la cartilla de sistematización conversan, mientras el acervo popular, nunca mágico pero siempre concreto, huye ante los saberes cultos.

Maltrato hogareño, doble jornada, discriminación salarial y otras formas de patriarcado reciben aquí el refuerzo inesperado del clientelismo. Gestoras eficientes e iluminadas seducen a las pobres, “tímidas y tradicionalistas”, mientras florecen lógicas serviles, hipócritas y parasitarias, dentro de las cuáles la atribución de recursos materiales y/o servicios se retribuye con apoyo, comportamientos afines o información. Al marcharse los interventores, la comunidad vuelve a su ritmo, y herramientas adquiridas se diluyen ante el peso de los problemas tradicionales.

Pintado así el cuadro resulta poco halagüeño. Es probable experimentar el desagrado de vernos, como Dorian Gray, ante la faz incómoda de comportamientos propios. No se trata de absolutizar juicios y creer que todo está perdido. Ciertamente hay organizaciones que renuevan el compromiso originario y actúan como soporte de reales demandas populares. Y nuestros saberes profesionales pueden ayudarlas -nunca suplir- y evitar lucrar con ellas. Mantener bajo asedio las tendencias onegenistas, no convertir discursos liberadores en técnicas y reforzar el potencial e identidad de movimientos populares, puede ser nuestro mejor aporte a estas luchas, donde lo personal resulta cada vez más político. 
  

Fuentes:

Testimonios de talleristas en la Habana (Cuba) y San José (Costa Rica).
Marilena Chaui, Cidadania cultural. O directo a cultura, Editora Fundacao Perseo Abramo,  Sao Paulo, 2006.
Evelina Dagnino “¿Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando?” en  Daniel Mato (coord.), Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 2004.
Carme Castells (comp) Perspectivas feministas en teoría política, Paidós, Barcelona, 1996.