Como la SAR era una suerte de cadáver político, emergieron nuevas fuerzas en el panorama nacional para mantener viva la alternativa reformista. Cuando Fidel Castro, el líder del Moncada, hizo realidad su promesa de reiniciar la lucha armada en diciembre de 1956, intervinieron en el debate político las primeras instituciones, ubicadas en la región oriental, alarmadas ante la posibilidad de una guerra civil.

 El 5 de diciembre la prensa nacional daba a la publicidad el manifiesto emitido por quince representantes de Instituciones Cívicas de Santiago de Cuba, en el que hacían «un encarecido llamamiento de toda la ciudadanía en el noble empeño de lograr el definitivo restablecimiento de la concordia en la familia cubana, recabamos de todos ponderación, mesura y sensatez».₁₄

 Muy pronto, el 16 de diciembre, la iniciativa de las instituciones santiagueras será retomada por otras sociedades —que agrupaban a miembros de la burguesía y pequeña burguesía— que atentos al acontecer de violencia predominante en el país llamaron al conjunto de todas las instituciones cívicas a buscar una solución pacífica al conflicto cubano: «La paz es un ferviente anhelo de todo nuestro pueblo [...]. Y para lograrla a cabalidad es necesaria y urgente hoy más que nunca, una solución que proporcione el respeto pleno a todos los derechos ciudadanos, porque de lo contrario, la amenaza continua de una guerra civil destruirá la familia y arruinaría nuestra vida económica, social y política».₁₅

En el fondo, sociedades como los Rotarios, los Leones y los Lyceums que se encontraban entre los firmantes de este manifiesto, temían el  desencadenamiento de una contienda civil que afectase sus propiedades. En sentido general, no tenían el propósito de gestionar la paz, capaz de generar importantes transformaciones sociales, como las demandadas por las organizaciones revolucionarias. Su finalidad era el retorno a la normalidad política para que, en última instancia, no se afectase la estabilidad social necesaria para la prosperidad de sus negocios. El primer ministro, Jorge García Montes, para no dar crédito a los reclamos de las instituciones cívicas, declaró que estas eran utilizadas por algunos sectores políticos para satisfacer intereses propios.₁₆

 El 23 de diciembre, treinta y siete instituciones de Santiago de Cuba publicaban un manifiesto de adhesión a las gestiones de paz de los Rotarios, Leones y Lyceums.₁₇

Pero los llamados, a la conciliación y la cordura, no encontraron eco en las filas gubernamentales. La ola de violencia continuó su curso; a los crímenes entre los expedicionarios del Granma, dispersos en la geografía oriental, se sumaron los cometidos entre el 25 y el 26 de diciembre en el norte de la provincia de Oriente  —conocido como las Pascuas sangrientas—, con un saldo de veinticinco muertos. El 30 de diciembre, miembros de la policía batistiana dieron muerte, en Santiago de Cuba, a cinco jóvenes revolucionarios, entre ellos, el adolescente de 15 años, William Soler.

A raíz de estos hechos el Bloque Cubano de Prensa, consciente de que la SAR abogaba por un sustituto en la búsqueda de un entendimiento con el gobierno, se ofreció para mediar en el conflicto cubano: «Somos periodistas y no políticos. Pero tal es nuestro empeño que sintetiza la aspiración de la inmensa mayoría de la población republicana de retornar a la normalidad y al imperio de la ley, que nos ofrecemos como conciliadores en un plano de absoluta equidistancia».₁₈

Muy pronto las instituciones cívicas, los partidos tradicionales y el Bloque Cubano de Prensa pasarían a conformar un conglomerado de fuerza unida en pro de una alternativa reformista. El manifiesto, de esta última institución, tuvo la adhesión de numerosas entidades civiles y algunos líderes de partidos políticos.19 Mas esta vez sería Batista el encargado de darle el tiro de gracia a la propuesta del Bloque Cubano de Prensa: «Según tengo entendido, esas gestiones mediadoras se intentan realizar entre facciones oposicionistas y el gobierno [...] El gobierno ha anunciado su decisión de resolver los problemas políticos a través de las urnas, y al despedirnos de 1956 lo he reiterado personalmente».₂₀

Quedaba claro que ni la oposición oficial, ni las nuevas fuerzas sociales emergentes, podían plantear una alternativa de solución pacífica distinta al camino de soluciones electorales que proporcionaba la dictadura. Había que ver hacia dónde se iban a inclinar los sectores reformistas: si se sumaban a las fórmulas del gobierno, si continuaban insistiendo en salidas negociadas basadas en la mediación, o si desde posiciones aparentemente neutrales, apoyaban a las organizaciones revolucionarias. A partir de ese momento los caminos estaban bien delimitados, cada institución, partido o persona, debía hacer su propuesta. El gobierno, por su parte, no iba a producir cambios; los otros, debían atenerse a esa realidad. Aferrados a los métodos de represión violenta, personeros del régimen castrense advirtieron: «El Bloque Cubano de Prensa antes de proseguir en esas gestiones, debe definir en que sentido realizaría la mediación y emplazar a los jefes oposicionistas, que han respondido tan solícitos, para que digan concretamente si tienen que ver algo con el plan terrorista y si ellos pueden comprometerse al cese de ese plan siniestro, si es que tienen autoridad con los que lo orientan».₂₁

De esa manera, los sectores y partidos que alentaban una solución pacífica de tipo reformista eran empujados al terreno como opositores activos a la dictadura, al terreno de la Revolución, aunque temieran sus consecuencias y no compartieran los mismos principios ideológicos.

Un analista político de Bohemia precisaba: «Nada había de equívoco en la actitud de los grupos representativos de la sociedad cubana que suscribieron la primera apelación. No existían motivos para situarlos en el papel de instrumentos de los sectores oposicionistas».₂₂

Un mensaje de las instituciones cívicas de Bayamo, el 27 de diciembre de 1956,  precisaba que la solución de los problemas nacionales estaba más allá de las tácticas e intereses de los distintos sectores políticos. Así lo ilustra el siguiente párrafo:

Aspiramos a un esfuerzo supremo por llevar a la conciencia de todos los cubanos, la obligación ineludible en que estamos de salir a la palestra pública y [...] terciar en los problemas que por largo tiempo vienen debatiéndose [...] entre las facciones políticas de nuestro país. Hasta ahora el problema ha estado por entero en manos de los políticos de nuestro país, y las grandes masas populares con todas sus instituciones cívicas, sociales, religiosas y económicas se han mantenido al margen. ₂₃

Lo cierto es que los partidos oficiales oposicionistas, aquejados por una profunda crisis, ya no eran efectivos vehículos de defensa para los intereses clasistas de la burguesía y la pequeña burguesía agrupadas en diversas instituciones cívicas. Estas últimas, debido a las circunstancias, pasaron a ser las entidades voceras de la oposición oficial, la cual se hallaba alarmada por el avance de una revolución impulsada por organizaciones progresistas que actuaban en la clandestinidad y que habían captado el favor de importantes sectores populares: la juventud, los trabajadores, el campesinado y los estudiantes. Era ese el verdadero pueblo que Fidel había convocado al combate frontal contra la dictadura en La Historia me Absolverá, documento que por cierto, no excluyó a las clases media, las cuales enrumbaron por distintas vías hacia el camino de nuestra última gesta libertadora, incluso, varios de sus representativos pasaron, de las instituciones cívicas, a apoyar la Revolución cuando quedaron completamente convencidas que no había salida pacífica a la crisis nacional con Batista en el poder.

Las instituciones cívicas orientales —más de quinientas en número— encabezadas por Mario Manduley, gobernador de los clubes Rotarios, convocaron para el 3 de enero de 1957, en Bayamo, la “Asamblea Provincial de Representativos de las fuerzas vivas de Oriente” que fue prohibida por el régimen; seguidamente, enviaron un telegrama a Batista solicitando el cese de la represión. La asamblea citaría para el 13 de enero, un nuevo encuentro.

Según los organizadores, entre los aspectos a tratar se hallaban:

El problema del presente y el futuro de la juventud; necesidad de orientar a los padres en su conducción.
Lo ineludible de ocupar un puesto en el ejercicio cívico [...] con el fin de lograr el restablecimiento de la legalidad y el cese de los brotes de     violencia.
Considerar la necesidad de garantizar los derechos esenciales del hombre, sin los cuales ningún pueblo honrado puede vivir en paz.₂₄

Esta reunión fue impedida por la fuerza pública. La plataforma de los señores integrantes de las instituciones cívicas estaba dirigida a evitar la radicalización del proceso revolucionario en marcha, los jóvenes rebeldes debían ser “mejor conducidos” por sus padres, y la sociedad debía retomar la práctica de una legalidad inexistente, desde que Batista dio su golpe de estado el 10 de marzo de 1952. ¿Cómo hacer eso posible? ¿Acaso los problemas sociales y políticos de fondo se resolverían apelando a medidas que tendían a reforzar el orden institucional de una República neocolonial? Sin embargo, el simple reclamo de los derechos esenciales del hombre condujo a Batista a prohibir la segunda reunión de las Instituciones Cívicas orientales. ¿Cómo no ver en el reclamo de estas un llamado a la conciliación de la burguesía como clase, con representación en el gobierno y en la oposición oficial? Independientemente a que en el contexto de la época luchar por una solución pacífica y condenar la violación de los derechos humanos era una posición progresista, no se nos puede escapar a nuestro análisis que las instituciones temían tanto o más a la Revolución, que al Batistato, si no ¿por qué no intervinieron públicamente a raíz del golpe de estado del 10 de marzo, y en los cinco años sucesivos? Lo que les preocupaba, en buena parte, era la situación de sus negocios ante el avance de una guerra civil con una participación popular activa. Condenaban los métodos represivos de la dictadura porque conducirían a una espiral de violencia que podía atentar contra los cimientos de la República neocolonial nacida en 1902; aunque muchos lo hicieran por razones humanitarias.

Sin embargo Batista lejos de captar el favor de estas instituciones para reformar el orden neocolonial cubano, como ya había hecho en 1940, decidió defender los intereses de la casta militar, que había hecho de su permanencia en el poder el objetivo máximo de su administración. Si el régimen golpista hubiera accedido a un entendimiento con los sectores de la sociedad, esto habría conducido a algún tipo de transacción que afectaría sus planes de permanecer en el poder. Cuando el mantenimiento de las instituciones públicas se convierte en el último objetivo de un régimen y se pierden de vista los reclamos de los sectores hegemónicos u otros agentes que alertan sobre un colapso social, se está apostando a la crisis, sin salida, de un sistema político. El asunto se vuelve más complejo porque la transición de un régimen político a otro, de cualquier manera, afecta al grupo que mantiene la administración del Estado y, de esta forma, se cierran las alternativas de futuro para los sectores que desde adentro, pretenden reformar la sociedad ateniéndose a sus orígenes y prácticas establecidas. De ahí, que los grupos emergentes que apuesten por una ruptura con el pasado y no se encuentren orgánicamente vinculados a instituciones o partidos propios de la República neocolonial, ganen el terreno cedido por las clases y sectores hegemónicos en crisis y se fortalezcan ante las contradicciones inter-clasistas de estos, permitiéndole dividirlas y captar adeptos, pues como dice el dicho: “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Armando Hart, a nombre del M-26-7, envió un comunicado a los delegados convocados  a las reuniones de “clases vivas” de Oriente, en el cual señalaba:

El gobierno dictatorial impotente para contener la acción revolucionaria por las vías legales está recurriendo al procedimiento de los débiles: el crimen.
   [...] Como sector organizado no revolucionario, las fuerzas vivas, las instituciones económicas, mercantiles, culturales y sociales son en realidad las únicas autoridades civiles que le quedan a nuestra desdichada República. Congreso, Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo, Partidos políticos de todas clases [...] han quedado borrados del escenario público como verdaderas autoridades [...]. Muy por el suelo tiene que estar la autoridad de los supuestos representantes civiles cuando su incapacidad frente al crimen ha dado lugar a esta reunión [...]. Un gobierno serio y responsable hubiera renunciado. Frente a todo ello está más justificada que nunca la revolución como único medio civilizado de liquidar la opresión. [...].

En definitiva, las clases vivas y el 26 de Julio persiguen idéntico fin: el orden y la tranquilidad de la familia cubana. Ustedes demandando justicia y nosotros interponiendo la acción revolucionaria. Si ustedes y nosotros seguimos firmemente por ese camino habremos de encontrarnos en un punto: la libertad de Cuba. ₂₅

El verdadero poder, él poder militar de la dictadura, no tenía asidero suficiente en la sociedad civil y ello lo conducía a tener que combatir en muchos frentes. Las organizaciones revolucionarias se percataron de esta situación y diseñaron una estrategia política muy sabia de unidad amplia, que condujera lo antes posible al derrocamiento de la tiranía de Batista y al triunfo de la Revolución. A la larga, un gobierno revolucionario, decidido a aplicar el programa del Moncada, echaría por tierra el régimen neocolonial bajo el cual señoreaban algunos de los miembros de las instituciones cívicas. La política represiva de la dictadura condujo a las instituciones cubanas y a las organizaciones revolucionarias, al menos de forma global, a una alianza coyuntural. Aunque hay que puntualizar que, si bien ambos se pronunciaban contra las medidas de fuerza de la dictadura, los propósitos políticos eran completamente distintos. Algunas personas, a título personal, decidieron pasarse al Movimiento de Resistencia Cívica y colaborar activamente con la Revolución. También otros miembros de la sociedad civil neocolonial colaboraron de forma oculta con las organizaciones revolucionarias por diversas razones: terminar con la inestabilidad que generaba para sus negocios el estado de guerra civil, impedir que sus propiedades fuesen afectadas por los sabotajes revolucionarios y apostar por una influencia en un futuro gobierno que surgiera después de la posible caída de Batista.


Citas y Notas

14) Cuesta Braniella, José M. La Resistencia Cívica en la guerra de liberación de Cuba,  p. 60, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1997.
15) Ibídem, pp. 381-382.
16) Ibídem, p. 61.
17) Ibídem, p. 62.
18) Sección “En Cuba”. En: Bohemia, p. 6, 16 de enero de 1957,.
19) Sección “En Cuba”. En: Bohemia, 13 de enero de 1957.
20) Ibídem, p. 62.
21) Ibídem.
22) Sección “En Cuba”. En: Bohemia, p. 61, 6 de enero de 1957.
23)  Ibídem.
24) Cuesta Braniella, José M. Op cit. p. 70.
25) Ibídem, pp. 71-72.