Precisamente, un informe de la inteligencia norteamericana declaraba: «cada día que pasa se reducen las probabilidades de éxito del intento de invasión», y admitía que, día tras día, recibían «un reporte de reconocimientos aéreos sobre Cayo Confites desde la base de Guantánamo y esta información se resume junto con la solicitud de que el reporte sea transmitido a los Departamento de Guerra y Marina».

Washington consolidó la posición de Trujillo ante Grau. Trujillo era tan débil como el cubano en el plano interno, pero en el contexto regional, con el apoyo norteamericano, era una potencia de primer orden. No obstante, la debilidad interna de Grau no solo se debía a los fracasos de su política gubernamental, sino también a las maquinaciones creadas por Trujillo y Estados Unidos, para dar una imagen de caos interior.

A principio de septiembre, en una reunión efectuada entre miembros del Departamento de Estado y Salazar —secretario político de la embajada dominicana en Washington—, se le aseguró a este último que los Estados Unidos tomarían «las precauciones posibles en un esfuerzo por prevenir que los grupos revolucionarios obtengan armas de guerra en este país». La detención, por tiempo indefinido, del navío LCT, en Baltimore, sirvió de ejemplo como parte de las medidas adoptadas. También en dicho encuentro se llegó al acuerdo de mantener un sistemático intercambio de información entre ambas inteligencias. Según el informe: «El Dr. Salazar expresó su completa satisfacción con la acción que ha tomado este gobierno».11 

Otros hechos demostrarían que la alianza dominico–americana fue consolidada durante los días de la conspiración de Cayo Confites. El 3 de septiembre, el gobierno norteamericano dio el visto bueno para que el régimen trujillista reforzara sus defensas y comprara «cierto material sobrante que está siendo colocado a la venta por este gobierno en Trinidad». La política dispuesta por el Aide Memoire  (1945) —la cual establecía el embargo formal a la venta de armas a la República Dominicana— era obviada. El documento de autorizo  para dicha operación refería: «no habría objeción para la venta de este material sobrante al gobierno de la República Dominicana, y la Comisión de Liquidación en el extranjero ha sido informada de ello».12 

Otra oportunidad de oro para «Chapitas» apareció cuando el ejecutivo del Departamento de Estado, E. T Cummings, secretario ejecutivo del Comité de Política sobre armas, respondió a una solicitud del Pentágono —firmada por el sub almirante de la Marina, E. T Wooldrige— para que le permitiera a la República Dominicana adquirir armamento para una fragata y cinco corbetas: «El Comité aprobó estas compras contempladas teniendo en cuenta el criterio de PD-10, en vista de que el Departamento de Marina dio su aprobación y de la expresión de ARA de no objeciones políticas a la compra propuesta».13 

Los militares del Pentágono no solo habían tomado la iniciativa de gestionar estos arreglos bélicos, sino que se arrogaban el derecho de pasarles por encima a los empleados del Departamento de Estado.

Grau, para poner en orden todo el rompecabezas creado alrededor de Cayo Confites, utilizó como pieza estratégica los sucesos de Orfila. Mario Salabarría,* jefe de la Policía Secreta de su gobierno, tenía la encomienda de arrestar a Emilio Tro,** fundador y líder de UIR (Unión Insurreccional Revolucionaria). El 13 de septiembre obtuvo la orden de captura, no obstante, y como un hecho «casual», la detención no se ejecutó hasta el 15 de septiembre. La operación policial permitía capturar ileso al reo a pesar de la balacera, sin embargo, el líder de UIR fue asesinado conjuntamente con la mujer, por demás en encinta, de Morín Dópico. Tro debía morir para que Grau arreglara las cosas en Cuba, sin caer en complicaciones internacionales.

Los colaboradores de Tro, tras los sangrientos hechos, intentaron buscar ayuda en el Palacio Presidencial, mas Grau se rehusó a dar apoyo, pretextando encontrarse enfermo. Por su parte el ejército, además de intervenir tardíamente en la disputa y decomisar todo el armamento de los expedicionarios —escondido en la finca América, ubicada en Calabazar y propiedad de José Manuel Alemán—, llevó consigo a periodistas de distintos medios para hacer del hecho un escándalo público. De esa manera, el general Genovevo Pérez Dámera,*** jefe del Estado Mayor del ejército se deshacía —en el plano político— de Alemán, su enemigo jurado, y emitía las órdenes de detenciones y registros de los pilotos norteamericanos, contratados para operar los aviones de los expedicionarios, hospedados en el hotel Sevilla.

En medio de esos estremecedores acontecimientos, el congreso cubano eludió el debate sobre la expedición dominicana y en su lugar analizó otros asuntos de menor importancia. La esperada salida de los expedicionarios quedó sin lugar.

Mucho antes de lo acaecido en Marianao —los sucesos de Orfila—, Genovevo Pérez había viajado a Washington, por lo que Wilson, embajador británico en La Habana, estimó que la visita del militar tendría que ver con el asunto de Cayo Confites. A su regreso, los cubanos «descubrieron» todo un arsenal de municiones. Debemos señalar también que, con antelación al operativo dirigido a desmontar la expedición, ya el diplomático británico conocía la estratagema de la cual se valdría el gobierno de Grau y, en particular, sabía de las  instrucciones dadas a la marina de guerra cubana para desarmar a los combatientes anti-trujillistas.14  Ninguna figura política en el ámbito nacional fue engañada, todos se daban cuenta que lo ocurrido en el oeste de La Habana estaba estrechamente vinculado a Cayo Confites.

El día 15 de septiembre se reunió en Washington con ejecutivos del Departamento de Estado, Ortega Frier,  embajador dominicano. Ante los ansiosos reclamos, debido a las armas, del representante trujillista, el ayudante del Secretario de Estado, Norman Armour, le informó a su equipo de trabajo que: «la ayuda para obtener armas y asistencia militar no parecía ser el problema inmediato desde el punto de vista dominicano», pues consideraba que «el esfuerzo por resolver el problema de la tolerancia del gobierno cubano al ayudar al movimiento revolucionario con asiento en su territorio parecía ser el paso más importante».15  Los norteamericanos confiaban en el éxito del operativo que desataría, ese mismo día, el general Pérez Dámera.

Según un memorando del Departamento de Estado, el fiscal del distrito de Puerto Rico anunció tener suficientes evidencias para juzgar a George Stamets, agente de Trujillo de origen norteamericano, por cargos de violación a los controles en la exportación de aviones. El Departamento de Justicia deseaba saber si el Departamento de Estado aceptaba enjuiciarlo. Después de algunas consultas internas, este último decidió «pedirle a la justicia que mantuviera el asunto en suspenso por el momento en vista de que Stamets es prácticamente el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana».16  De esa manera se demostraba el compromiso de Washington con Trujillo.

Por esos días, los vendedores de armas al movimiento expedicionario cubano-dominicano fueron perseguidos por la justicia norteamericana. El Departamento de Estado recomendó al Procurador General que prosiguiera con «fuerza y agresividad» el caso contra Hollis B. Smith, el cual había violado las leyes vigentes relacionadas a la exportación de «armas, municiones e instrumentos de guerra».17  El 29 de septiembre se informaba desde Miami que, a solicitud del Departamento de Estado, Manolo Castro había sido detenido por exportación legal de municiones hacia Cuba.18  Desde Washington se cursaron instrucciones al embajador Norweb, en La Habana, para que sostuviera un encuentro con los pilotos norteamericanos comprometidos con la expedición revolucionaria y les aclarara que «los Estados Unidos se oponen fuertemente a cualquier conmoción civil y a la participación en las mismas de ciudadanos americanos».19  Así de falsa era la «imparcialidad» de los Estados Unidos de América.

El gobierno norteamericano, quien había levantado el embargo de armas a Trujillo, todavía procuraba en noviembre de 1947, resguardar su imagen y estimulaba al gobierno británico a que le vendiera armas al «benefactor». Un documento del Foreign Office, con data 19 de noviembre, refiere que Washington había solicitado a Londres la venta de naves de guerra y armas para la República Dominicana. Gran Bretaña, no obstante, fue algo cautelosa al aceptar el pedido, ya que en esos momentos «se estaba considerando ese asunto en el Departamento suramericano».20   Todo parece indicar que el gobierno británico esperaba que las reclamaciones dominicanas hechas contra Cuba, prosperaran en las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado con tal de impedir la salida de los revolucionarios cubano-dominicano diseñó un plan de medidas y tácticas; una de ellas sobresalió en prioridad: activar los mecanismos del sistema interamericano y de las Naciones Unidas, con la finalidad de poner al gobierno cubano en una situación embarazosa, la cual lo obligara a actuar contra la expedición y su propia componenda. Como primer paso, se establecieron los contactos con la diplomacia dominicana con miras a proyectar una estrategia conjunta ante los organismos internacionales.

El 15 de septiembre el embajador quisqueyano en Washington, Ortega Frier, sostuvo un encuentro con el director general de la Unión Panamericana, doctor Lleras Camargo, en el que planteó su preocupación por la conspiración de Cayo Confites. Lleras Camargo le reveló a su vez, que Guillermo Belt, embajador cubano en norteña nación y representante por Cuba en la Conferencia de Río de Janeiro, le había manifestado su inquietud acerca de ese asunto. Belt había tenido conversaciones con la delegación norteamericana a participar en Río y con el propio Marshall, secretario de Estado. Según esta versión, «estaba dispuesto a hacer cuanto estuviera en sus manos para que el proyecto de ataque desde Cuba se frustrara». Ortega Frier y Lleras Camargo acordaron activar los mecanismos de negociación interamericanos «para evitar que naciera entre la República Dominicana y Cuba un conflicto, o que el que pudiera existir ya se resolviera».

El caso era que las esferas diplomáticas, en lugar condenar al tiránico régimen de Trujillo, se condicionaron para auxiliarlo como víctima de una invasión extranjera. Era la hora de los reclamos ante las leyes internacionales; leyes, de las cuales Trujillo se había burlado en más de una oportunidad.

Estas estrategias cerraba el círculo que inmovilizarían al gobierno cubano, al mismo tiempo que le obligaban a anular cualquier otro paso que no fuera liquidar la expedición. Resguardado tras una hipócrita evocación sobre el derecho internacional, el secretario de Estado norteamericano, George Marshall, en su discurso del 16 de septiembre, en Naciones Unidas —alocución dirigida en primera instancia a ventilar el caso de Grecia—, marcó  pautas al enjuiciar el caso dominicano. Marshall enfatizó en su intervención:

La acción de un país al facilitar armas o ayudar de otro modo análogo a las fuerzas rebeldes contra un gobierno debe considerarse un acto de hostilidad y la Asamblea General de las Naciones Unidas no puede permanecer impasible, como simple espectador, en caso de que un país miembro de las Naciones Unidas se encuentre en peligro de ataque desde el exterior.

Precisamente ese argumento fue utilizado más tarde por Washington, para justificar su actitud ante la conspiración de Cayo Confites.21  Por otro lado, los Estados Unidos apoyaban el contrabando de armas a Trujillo y su gobierno; gobierno que había dado muestras fehacientes de favorecer y crear desestabilizaciones en otros países de la región y que tenía sumido mediante una dictadura a su propio pueblo.

La tragedia de Orfila le abrió las puertas a los norteamericanos para solucionar el problema de la expedición revolucionaria a Santo Domingo. Un informe del agregado militar estadounidense en La Habana, reconocía que:

…afectarían con toda probabilidad los planes revolucionarios dominicanos. Se espera que los hombres (…) en la base de cayo Confites (…) sean arrestados o desbandados en un futuro muy cercano. Los otros arsenales esparcidos por toda la isla, serán probablemente confiscados por el ejército cubano ya que el General Pérez conoce su ubicación. Al mismo tiempo esto le dará al General Pérez la oportunidad de desarmar y desbandar a los dominicanos sin un escándalo internacional.22  

Genovevo, más que un representante a sueldo de Grau, era, en plena guerra fría, un agente del imperialismo norteamericano. Las embajadas norteamericana y británica sabían de los pasos a dar por el Jefe del Estado Mayor cubano, para impedir la salida de la expedición liberadora.

Ahora bien, en el escenario nacional, el congreso se reunía para discutir el caso dominicano. José Manuel Alemán, con su tráfico de armas, fue el blanco directo de los ataques en dicho encuentro. El Senado cubano analizó una moción de desconfianza emitida en su contra, pero la Cámara de Representantes no llegó aprobar la propuesta por falta de quórum.  Inchaústegui interpretó esos hechos de la forma siguiente:

Aquí en La Habana, en todos los círculos, y en el interior, principalmente en la provincia de Camaguey, se dice que todo lo que se ha hecho tiene como finalidad, nada más, la destrucción de la expedición, y que lo que está haciendo el gobierno es levantando una fachada para uso interno y para no asumir las responsabilidades de carácter internacional que supone el afirmar que las armas y organizaciones estaban dirigidas contra República Dominicana.23

Unos días después, los expedicionarios serían apresados por la propia marina de guerra cubana. Trujillo se consolidaba en el poder con el apoyo de Washington y Londres. Su régimen se sostuvo por varios años.

Notas:

[11] Memorandum interno, gobierno de los EEUU, 2 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega, Ob. cit., t. II,  pp. 675-677, 1947.

[12] Nota del Departamento de Estado firmada por Charles E. Bohlen, por el Secretario Interino. En: Bernardo Vega, Ob. cit., t. II,  pp. 679-680, 1947.

[13] Informe de E.T Cummings,  9 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega, Ob. cit., t. II,  pp. 699-700, 1947.

[14] National Archives, London. Foreign Office 371, file 383.

[15] Memorandum visita embajador Ortega Frier al Departamento de Estado, 15 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega:Ob. cit., t. II,  pp. 724-726, 1947.

[16] Memorandum conversación 16 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega, Ob. cit., t. II,  pp. 734-735, 1947.

[17] Memorando Departamento de Estado, 19 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega, Ob. cit., t. II,  pp, 743-744. 1947.

[18] Resumen de prensa, 29 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega, Ob. cit., t. II,  p.778. 1947

[19] Informe Lovett, Departamento de estado a embajada EEUU en La Habana, 19 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega, Ob. cit., t II, pp.745, 1947.

[20] Carta de PS Stephens 19 de noviembre de 1947. National Archives, London, FO 371, file 2684.

[21] Resumen de Prensa 18 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega, Ob. cit., t. II,  pp.740-741, 1947.

[22] Informe del mayor Alfred E. Coffey, agregado militar embajada EEUU, La Habana, 22 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega: Ob. cit., t. II, pp. 752-753, 1947.

[23] Informe legación dominicana, 23 de septiembre de 1947. En: Bernardo Vega, Ob. cit., t. II, pp.755-756, 1947.

* N.de la E.: José Manuel Alemán fue ministro de Educación durante el gobierno de Ramón Grau San Martín. Formó parte activa de la maquinaria electoral del Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) en lo que se denominó Bloque Alemán-Grau-Alsina (BAGA).

 **Emilio Tro. Combatió contra Machado. Luchador en la Segunda Guerra Mundial. Fundador y líder de la UIR.

 *** Genovevo Pérez Dámera, general y jefe del Estado Mayor del Ejército durante el mandato presidencial de Ramón Grau San Martín. Fue depuesto de ese cargo durante la administración de Carlos Prío Socarrás.