Cuando catalogo de reformistas las alternativas y proyectos de los partidos tradicionales y las instituciones cívicas entre 1952 y 1958, no lo hago a partir de los criterios esgrimidos, con respecto a una salida electoral a la crisis política, en ese período. Más bien, en este caso, distingo entre los medios y los fines, para clasificar estas alternativas de «reformistas», a partir de las soluciones políticas.

Los partidos tradicionales de oposición y las asociaciones cívicas, como representantes de la sociedad civil burguesa, se consideraban garantes de la República neocolonial —ya que debían formular propuestas que pudieran dar continuidad al capitalismo dependiente cubano—, por lo que enfrentaron un verdadero desafío ante la creciente polarización del conflicto cubano de los años 50. En esas circunstancias tuvieron que priorizar soluciones políticas capaces de restaurar la democracia representativa burguesa y, relegaron a un segundo plano, reformas socioeconómicas recogidas en los programas originales de algunos partidos tradicionales. Estos sectores coincidían en la necesidad de un tránsito que les llevara hacia un régimen constitucional de consenso burgués. La dictadura batistiana se había convertido en la negación de ese régimen de consenso al violar los preceptos constitucionales que daban legitimidad a la República cubana, tras el golpe de Estado del 10 de marzo.

La crisis cubana no puede circunscribirse al aspecto político únicamente, por lo que es necesario señalar que, dicha crisis no tenía solución si no se resolvía el problema —de orden político— que le dio origen. La crisis de los 50 aumentó las dificultades económicas y sociales vigentes, las cuales compulsaron, a su vez, la rebeldía de las masas; aunque a nivel de los sectores hegemónicos no se puede establecer una crisis económica profunda que los golpease y al propio tiempo los estimulara a proponer reformas económicas de urgencia, como sí sucedió en los años 30. Recordemos que la solución de la crisis económica en el período machadista requirió de cambios políticos apremiantes. La producida en los cincuenta posee una connotación compleja, pues dentro de la confrontación política los temas económicos y sociales, sin que fueran desestimados, no eran prioridad. Baste con revisar las fuentes consultadas.

En cuanto al aspecto electoral, la búsqueda de una salida a la crisis, por parte de los partidos tradicionales de oposición, era un medio y no un fin en sí mismo. La dictadura propuso un plan de soluciones electorales y legales, mas su licitación iba en contra de las fórmulas políticas de los partidos e instituciones cívicas, por lo que fueron rechazadas. No obstante, partidos como los de Márquez Sterling y Grau no se sumaron al repudio permanente,

ya que aceptaron, después de la Comisión Interparlamentaria, la propuesta electoral de 1958. Precisamente, el fracaso del Dialogo Cívico se debió impugnación de los partidos tradicionales a la formula de salida electoral presentada por la dictadura (convocar a la Asamblea Constituyente), al comprender que se trataba de una maniobra dilatoria y engañosa, que no les permitiría convencer a los sectores radicales a desistir de llevar a cabo una revolución. Recordemos que todas las propuestas del gabinete perseguían como objetivo fundamental, neutralizar el curso de una revolución radical en Cuba, sobre todo, tras la experiencia de la del 33.

Como sabemos, las reformas las proponen las clases y sectores hegemónicos para enfrentar los retos que tienen, y están dirigidas a consolidar los cimientos del régimen social al que responden. En la coyuntura histórica —particularmente de la Cuba de la época del 50—, la reforma básica, para los partidos tradicionales, consistía en volver a la situación del 9 de marzo de 1952, la cual les permitía no solo a aspirar a los principales cargos del Estado, sino también gobernar con un mínimo de consentimiento entre los cubanos, mediante la legitimidad que emanaba de la Constitución de 1940, violada con el cuartelazo.

La búsqueda de una solución electoral no fue siempre el único medio, ni siquiera el fundamental, del conjunto de partidos tradicionales y instituciones cívicas. Por ejemplo, en 1958, tanto la agrupación de instituciones cívicas como la Iglesia, reclamaron la paz ciudadana antes de las elecciones; condición que no quiso aceptar en medio del clima de represión imperante, el gobierno. La Iglesia incluso había solicitado que, antes de convocar a elecciones, primero debía constituirse un gobierno de concentración nacional. Por último, añadiremos que, a finales de 1958, estos sectores reformistas, empujados por la crisis y acorralados por la dictadura, pasaron a apoyar el cambio de régimen y firmaron con el Movimiento 26 de Julio, el Pacto de Caracas.

El proyecto fundamental de este conglomerado de partidos e instituciones  consistía en reformar, políticamente, la administración del Estado, con miras a reasumir en el país las prerrogativas jurídicas que daban legitimidad al régimen de capitalismo dependiente. Así, podrían impedir que los nuevos actores políticos de tendencia revolucionaria, desvinculados orgánicamente de sus prácticas e intereses, pudieran dirigir solos los destinos de la nación. José Miró Cardona resumió muy bien esa intención cuando, refiriéndose a las fórmulas electorales del gobierno, dijo: «Nosotros queriendo encerrar el problema de Cuba en una fórmula mezquina no nos damos cuenta del problema de la juventud. Si usted recuerda la dolorosa sangría del Moncada, eran hombres jóvenes, adolescentes. Eso es lo que hay que evitar, que se desborde todo eso». 

En este sentido, no se debe subestimar la importancia de dicho propósito reformista, ya que el mismo pretendía sacar al país de un abismo enorme. La tarea ocupaba tal relevancia, que poco se mencionan, en los debates referidos por la prensa, así como en otros documentos de la época, reformas de corte económico y social. Los principales voceros —tanto de los partidos políticos, las instituciones cívicas o la Iglesia católica— escasamente reclamaron algún tipo de cambio económico y social. Las pocas veces que mencionaron aspectos de ese orden, por ejemplo, en el dialogo cívico o en el acto del Muelle Luz, los mismos fueron descalificados por la dictadura, que no entendía ese tipo de reclamos. De cualquier manera, sin resolver el nudo gordiano de la crisis de origen político, nada podían proponer en el orden económico y social.

En cuanto al programa de gobierno de Batista, ofreceré una breve valoración: Se trata, por naturaleza, de un programa antinacional dirigido a lograr el reconocimiento de Washington mediante dos condiciones: desconocer a los comunistas y poner, para el mejor saqueo de las transnacionales norteamericanas, el país en bandeja. Pero además, el mismo puede ser considerado como el programa de las bayonetas, ya que negó la legitimidad de la Constitución de 1940 y se burló de muchas de las conquistas del movimiento revolucionario cubano al reducir los salarios, aumentar la jornada laboral, el desempleo, el tiempo muerto en las zafras azucareras; sin contar otras medidas poco constructivas desde la perspectiva social. El programa llevó al incremento, nunca antes visto, de la deuda pública, hipotecó al máximo a la República y propició el desvío y robo de millones de pesos. También facilitó que una casta política militar irresponsable se adueñara del Estado y le diera la espalda, no solo a los reclamos de importantes sectores de la sociedad civil burguesa, sino al pueblo. Junto a estas calamidades fueron reforzadas la represión y el crimen a gran escala.

En mis trabajos utilizo como herramienta la categoría «trabajadores proletarizados», la cual me permite dar una mayor visión y amplitud de los resultados de la crisis política cubana de los años 50. Fue el historiador Jorge Ibarra Cuesta, quien desarrollo a fondo dicha categoría en su trabajo sobre las estructuras y procesos sociales. Por mi parte, le concedo importancia, porque la crisis política no se puede sustraer de su contexto socio económico, aunque en la Cuba de los 50 no se dio una crisis económica general que golpeara a profundidad a todas las clases y sectores de la sociedad cubana, como en el período del 30. No obstante, debemos enfatizar que el país se encontraba en un ciclo económico recesivo desde 1927, el cual fue acentuado en el corto plazo de 1953 a 1958, y que trajo como consecuencia un proceso de disgregación social que generó una mayor inestabilidad política, pues los trabajadores proletarizados no contaban con un futuro seguro, sobre todo, los miembros más jóvenes de esta clase. De ahí que, ante la crisis de los partidos políticos, los nuevos actores políticos provenientes de esa clase vertieran sus aspiraciones, fundamentalmente, en las nuevas organizaciones revolucionarias emergentes. El propio Ibarra Cuesta indica que, la dirigencia revolucionaria que condujo el movimiento hacia el triunfó en enero de 1959, más que expresión de un proyecto clasista articulado, fue el resultado de la coyuntura crítica por la que atravesó la República neocolonial. A esto se le puedo añadir que la crisis de la sociedad cubana se agravó en la medida que, en el terreno político, los partidos tradicionales y las instituciones cívicas fueron incapaces de imponer alternativas reformistas. Este fracaso motivó la lucha insurreccional, luego
de demostrar que no habría una salida pacífica a la crisis nacional.

Antes de volver al papel de las clases medias, quisiera subrayar que mi investigación no es de corte socio-clasista, por lo que ello me releva de entrar en consideraciones teóricas, así como de detenerme en estudios casuísticos de esa índole. Lo que sí deseo hacer constar es que, a lo largo de todo este trabajo investigativo expongo las posiciones políticas que asumieron importantes sectores de las clases medias integrados en las instituciones cívicas cubanas y, en menor medida, en los partidos tradicionales.

Lo primero que debemos considerar es la naturaleza apolítica de esas asociaciones cívicas y entender que, debido a la incertidumbre socio política del país y al clima de terror que implantó la dictadura, las mismas se vieron compelidas a intervenir en la vida  política cubana. Sus acciones, en la misma medida en que se reforzaba la crisis de los partidos políticos tradicionales y estos dejaban de ser los vehículos más apropiados para defender los intereses de la alta y pequeña burguesía, también estuvieron justificadas. Dentro de las instituciones cívicas pudiéramos hacer distingos, ya que en algunas de ellas convergían miembros no solo de las clases medias, sino también de la alta burguesía; tal es el caso de los clubes llamados «Leones» y «Rotarios». Por otro lado, se encontraban las asociaciones de profesionales, expresión viva de los intereses de la clase media. La persona más representativa, y cerebro político de dichas clases, fue José Miró Cardona, quien desde la Sociedad de Amigos de la República había diseñado toda una estrategia capaz movilizar a las capas medias y clamar por una salida negociada a la crisis, para así aplicar una alternativa reformista que devolviera al país el sistema de la democracia representativa. Cardona sabía que en la sociedad civil se encontraba la línea de defensa más fuerte de la burguesía. Sus reclamos no fueron tenidos en cuenta. El gobernante de turno no deseaba cooptar las propuestas de la sociedad civil cubana. Batista, como dijera el embajador estadounidense Earl Smith, estaba montado sobre un tigre.

Las clases medias jugaron un papel mediador dentro de las instituciones cívicas, pero también vacilaron en algunas circunstancias, como cuando se les pidió apoyo para la huelga convocada por la muerte de Frank País. Hacia mediados de 1958 terminaron pidiendo la renuncia de Batista y dejaron de actuar en el contexto político cubano, debido a la represión generalizada que entronizó la dictadura. No obstante debemos afirmar que, en general, tuvieron posiciones vacilantes; por ejemplo, el caso de algunos profesionales, que como funcionarios públicos fueron compulsados por la dictadura a retirar sus firmas de los manifiestos conciliadores de las instituciones cívicas, o podemos citar el suceso alrededor de José Gorrín, quien se vio obligado a renunciar a dirigir el Colegio Nacional de Abogados. Era normal, dadas las condiciones de la época, que un miembro de estas capas sociales asistiera a un acto de desagravio al dictador —como el llamado «Segundo asalto a Palacio», donde participaron muchas de las corporaciones económicas—, y al propio tiempo apoyaban a su colegio profesional en la búsqueda de una salida negociada a la crisis nacional, y comprara bonos del Movimiento 26 de Julio, a través del Movimiento de Resistencia Cívica.

Quedaría por estudiar el papel político de las capas medias dentro de las organizaciones revolucionarias, así como de sectores dentro de esa clase, que apoyaron a la dictadura.