Hacia julio de 1957 el panorama político cubano encaraba desafíos decisivos para la Nación. El cierre de las perspectivas de una solución negociada a la crisis política, debido a los engaños e intransigencia del régimen castrense de Fulgencio Batista, condujo a la oposición abstencionista a adoptar posturas más duras.1  Si Batista en la Comisión bicameral2 había tensado la cuerda de sus exigencias, el abstencionismo no podía quedarse atrás en sus demandas, ya que de no hacerlo sería absorbido por los proyectos políticos de la dictadura. De ahí la posición adoptada por Manuel Antonio Varona y José Ramón Andreu de justificar la lucha insurreccional y demandar reformas a los institutos armados.   

    Mientras en el ruedo de la vida política de la Nación se debatía la propuesta de los llamados «jimaguas», desde la Sierra Maestra políticos abstencionistas, como Raúl Chibás, integrante del Consejo Director de la Ortodoxia Histórica, y Felipe Pazos, destacado economista y antiguo funcionario del Gobierno de Carlos Prío, se acercaban a la línea insurreccional y convocaban a un frente cívico-revolucionario de unidad entre todos los opositores al régimen del 10 de marzo:

Unir es lo único patriótico en esta hora. Unir en lo que tienen de común todos los sectores políticos, revolucionarios y sociales que combaten la dictadura. ¿Y qué tienen de común todos los partidos de oposición, los sectores revolucionarios y las instituciones cívicas? El deseo de poner fin al régimen de fuerza, las violaciones a los derechos individuales, los crímenes infames y buscar la paz que todos anhelamos por el único camino posible que es en el encauzamiento democrático y constitucional del país.3 

    Batista había provocado que los sectores políticos y sociales que con más vehemencia luchaban por una alternativa reformista se aliaran, circunstancialmente, a las agrupaciones revolucionarias. Unas y otras se necesitaban mucho más en esos momentos, en los que Batista pretendía imponer al futuro del país sus designios y desde los Estados Unidos se fraguaba una nueva política hacia Cuba que podría colocarse por encima de todos ellos: dictadura, oposición oficial y sectores revolucionarios. Por su parte, el Movimiento 26 de julio, que también compartía el anhelo de libertades democráticas, tan reclamado por los partidos tradicionales, estaba interesado en captar el apoyo de un sector de la población que por largos años había formulado alternativas a una salida negociada al conflicto nacional:

¿Es que los rebeldes de la Sierra Maestra no queremos elecciones libres, un régimen democrático, un gobierno constitucional? Porque nos privaron de esos derechos hemos luchado desde el 10 de marzo. Por desearlos más que nadie estamos aquí (...). Lo que no queremos es comulgar con la mentira, la farsa y la componenda. 4 

     La apertura democrática que planeaban no neutralizaría a los sectores revolucionarios, más bien los incorporaría a la dirección política del país. Por otro lado, los partidos tradicionales requerían del apoyo y la influencia del Ejército Rebelde, como bien lo apreció el comandante Ernesto «Che» Guevara:

Pero también sabíamos que no era posible establecer nuestra voluntad desde la Sierra Maestra y que debíamos contar durante un largo período con toda una serie de «amigos» que trataban de utilizar nuestra fuerza militar y la gran confianza que el pueblo ya sentía por Fidel Castro.5    

     Para los sectores abstencionistas aliarse directamente al Ejército Rebelde era como tener detrás al leviatán de la revolución, lo cual les permitía presionar a Batista y conducirlo a negociar importantes demandas que abrirían el paso al poder político, aunque tuvieran que compartirlo con los sectores revolucionarios. En ese caso, al ser garantes de un nuevo orden, el proyecto de cambios nacionales estaría supeditado, en última instancia, a sus intereses hegemónicos. Esto se vio reflejado en las propuestas para una solución política y en el programa mínimo aprobado. Dentro de las acciones, para dar respuesta a las proposiciones sugeridas, se solicitó la creación de un gobierno provisional cuya elección estaría a cargo de las instituciones cívicas una vez que tuviera lugar la renuncia de Batista; en ese sentido, los sectores reformistas se reservaban el derecho de designar a los principales dirigentes políticos del país. También se oponían a la mediación o intervención —en los asuntos internos— de «alguna otra nación», tomando como referencia la posible injerencia de los Estados Unidos, a quienes además le solicitaban que «en tanto persista el actual régimen de terror y dictadura, suspenda todos los envíos de armas a Cuba».  Otra amenaza a esta alianza —entre sectores revolucionarios y reformistas— podía ser la conformación de una Junta Militar que reemplazase a Batista y los excluyera del poder, por lo que el manifiesto incluyó una repulsa a este tipo de solución política.

     En cuanto al programa de medidas a ejecutar por el proyectado gobierno provisional, podemos señalar que el Movimiento 26 de Julio hizo importantes concesiones si comparamos este manifiesto con el programa expuesto en La Historia me absolverá. Más que propuestas de futuro, el Manifiesto de la Sierra respondía a la inmediatez de un presente en el que era preciso una unión coyuntural capaz de trazar pautas políticas que permitiesen consolidar una estrategia de unidad global al involucrar a toda la oposición contra régimen castrense De cualquier manera el compromiso, en cuanto a las medidas de un programa mínimo, era tan solo para un gobierno que debería durar un año escasamente, lo cual no implicaba que el M-26-7 renunciase a sus reivindicaciones fundacionales. La ejecutoria de los líderes reformistas y revolucionarios en un hipotético gobierno provisional determinaría el curso del futuro del país. Los rebeldes, según el Che, no podían «establecer nuestra voluntad desde la Sierra Maestra», y los políticos abstencionistas no podían dejar que el cerco político de la dictadura los dejase sin opciones después del fracaso en la Comisión bicameral. No obstante, el Manifiesto de la Sierra tuvo un punto débil: convocar a los partidos de oposición e instituciones cívicas a una alianza con el M-26-7 implicaba una declaración de guerra al régimen. Los métodos, las concepciones y fines últimos de la alternativa reformista, defendida por partidos e instituciones, no eran propios de una contienda bélica, si no de un combate en el terreno legal, quizás por ello fue que la convocatoria a un Frente Cívico-revolucionario no pudo abrirse paso en el concierto político cubano y tampoco tuvo adhesiones
públicas, aunque clandestinamente se colaborase a esos fines. Los firmantes del manifiesto pretendieron suplir ese obstáculo con la siguiente argumentación:

Para integrar este Frente no es necesario que los partidos políticos y las instituciones cívicas se declaren insurreccionales y vengan a la Sierra Maestra. Basta que le nieguen todo el respaldo a la componenda electorera del régimen y declaren paladinamente ante el país, ante los Institutos armados y ante la opinión pública internacional, que, después de cinco años de inútil esfuerzo, de continuos engaños y de ríos de sangre, en Cuba no hay otra salida que la renuncia de Batista (...). No es necesario decretar la Revolución: organícese el Frente que proponemos y la caída del régimen vendrá por sí sola.6    

     Era muy importante para el M-26-7, que el pueblo arribase a una conclusión definitiva: con Batista, no podía haber solución política alguna. Su lucha por derrocar al régimen batistiano justificaba su empeño redentor y le ganaba simpatías entre diversos sectores que, hasta ese momento, tan solo habían apoyado alternativas reformistas de perfiles pacíficos. También era una forma de presionar al régimen, el quitarle de sus manos la posibilidad de continuar maniobrando políticamente; hecho que le obligaría a asumir la proximidad del cese de su mandato. Pero Batista, decidido a mantener por la fuerza el poder sin más paliativos, podía declararles la guerra a todos.

     De cualquier manera el paso audaz de Raúl Chibás y Felipe Pazos, al pactar con el M-26-7, no tuvo ni podía tener eco en el resto de la oposición política. Declararse públicamente a favor de una alianza con el movimiento revolucionario podía constituir un suicidio político para los que estaban empeñados en lograr una mediación a través de la legalidad, aunque entendemos que el Manifiesto de la Sierra pudo incentivar la movilización de diversos sectores sociales, particularmente de la burguesía y pequeña burguesía, para colaborar clandestinamente con las organizaciones revolucionarias en el Movimiento de Resistencia Cívica. Las instituciones cívicas, a las que el Manifiesto de la Sierra le había otorgado importantes prerrogativas, se pronunciaron en forma moderada desentendiéndose de un compromiso directo con los rebeldes; su compromiso era con la mediación. Es por ello que Raúl de Velazco, miembro del Comité Nacional de las Instituciones Cívicas planteó:

Adelantando nuestro criterio personal (...) entendemos que como instituciones no estamos facultados para designar a los gobernantes de Cuba. Esa es una soberanía que radica en el pueblo el cual lo señalará a su debido tiempo (...). Lo que sí queremos señalar es que, por no ser sectarios ni políticos quizás seamos un factor de garantía y responsabilidad.7      

      Otra respuesta indirecta al Manifiesto de la Sierra fue la constitución de un denominado «Frente Unido de Oposición», integrado por aquellos partidos divididos por las maniobras del régimen en la Comisión bicameral que no habían aceptado el proyecto electoral de la dictadura en esos momentos. Este Frente Unido Opositor tampoco podía asumir un compromiso tácito con los insurreccionales, actitud que los llevó a proclamar: «la paz anhelada por el pueblo podía alcanzarse con el ejercicio, libre y soberano, del sufragio, mediante una solución legal»; esta finalidad los condujo a sugerir que Batista cediese el poder al magistrado más antiguo del Poder Judicial para que convocase a elecciones generales.8   

     Aunque este conjunto de partidos no podían asumir el riesgo de adoptar una postura radical acorde con el M-26-7, su decisión de pedir la renuncia de Batista y reemplazarlo por un representante de la esfera judicial era un paso de avance respecto a posiciones anteriores; si bien, ya no se les ubicaba por completo en el terreno de sus antiguas posturas abstencionistas, al menos respondían con mayor firmeza contra las maniobras de la dictadura. No obstante debemos señalar que, solo era una pose para no seguir perdiendo credibilidad ante la opinión pública nacional. Batista no tenía porque responder a sus exigencias, y apenas les brindó atención.
 

Notas:

[1] En la prensa de la época se llamaba abstencionista a los partidos que decidieron no participar directamente en ninguna de las ofertas electorales oficiales ofrecidas por la dictadura.

[2] Comisión bicameral o Comisión interparlamentaria: Gestión propuesta inicialmente por los representantes que respondían a la facción del PRC(Auténtico) de Ramón Grau y que luego fuera capitalizada por Batista y sus seguidores políticos. Las conversaciones tomaron impulso a partir del asalto al Palacio Presidencial y fracasaron por la postura intransigente de la dictadura.

[3] Sección “En Cuba”. En: Bohemia, 28 de julio de 1957, p. 69. 

[4] Ibídem.

[5] Ernesto Guevara: Escritos y Discursos. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1972, t II, p. 127

[6] Sección “En Cuba”.  En: Bohemia, 28 de julio de 1957, p. 69.

[7] Sección “En Cuba”. En: Bohemia, 4 de agosto de 1957, p. 84.

[8] José M. Cuesta Braniella: La Resistencia cívica en la guerra de liberación de Cuba. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1997, pp. 129-130. Nota: Los firmantes del manifiesto fueron Ramón Grau San Martín del PRC(Auténtico); José R. Andreu del Partido Demócrata (no inscripto); Raúl Lorenzo del Partido Social Cubano; Emilio Ochoa Ochoa del PPC(Ortodoxos), José Pardo Llada del Partido Nacionalista Revolucionario y Manuel Antonio de Varona del PRC (Auténtico) no inscripto.