La Sociedad de Amigos de la República ante la crisis institucional cubana (1955-1958) (IV)
Hacia fines de febrero de 1956 los comisionados del gobierno y la oposición se reunieron con vistas dar lugar a la reunión cumbre entre el gobierno y la oposición: el Dialogo Cívico. En esas circunstancias arribaron a acuerdos organizativos básicos como que las conversaciones comenzarían el 5 de marzo, la sede del encuentro sería la Casa Continental de la Cultura (actualmente radica en ese lugar la Casa de las Américas) y Cosme de la Torriente, presidente de la Sociedad de Amigos de la República (SAR), presidiría las sesiones.
En la primera sesión la oposición presentó el documento titulado Exposición y bases de los partidos de oposición en el Diálogo Cívico. En ese texto se establecían los puntos alrededor de los cuales debían ponerse de acuerdo y se hacía un estudio general de la situación del país.
La SAR y los partidos de oposición unidos eran capaces de analizar un conjunto de problemas de origen político, social y económico que atentaban contra el futuro del régimen capitalista en Cuba. Se criticaban los mecanismos artificiales que en política y economía había creado Batista para imprimirle coherencia a su régimen, con el fin de preservar los intereses de más largo alcance de la burguesía, que consistían en mantener su hegemonía política, evitando una crisis socioeconómica y una revolución.
En relación con las bases sobre las que se debía llegar a acuerdo, proponían:
I-) Reordenamiento constitucional de las magistraturas del Estado.
A) Elecciones generales.
B) Fecha de celebración y toma de posesión.
II-) Vigencia plena de la Constitución de 1940.
A) Derechos individuales y garantías constitucionales.
B) Régimen laboral y sindical.
C) Cuestiones económicas, financieras y sindicales.1
Después de leído este documento, Santiago Rey, Ministro de Gobernación, mostró su intolerancia a las críticas que la oposición le hacía al gobierno. Entendía que el régimen se había legitimado en las elecciones de 1954 y proclamó que las garantías se cumplían cabalmente. Finalmente no quiso referirse a la demanda de elecciones generales que hizo la oposición.2
La segunda sesión tuvo lugar el 7 de marzo con la lectura del documento titulado Respuesta del gobierno a la Exposición y Bases de la Oposición en el que se ratificaba que el gobierno era legítimo y daba efectivo cumplimiento a la Constitución de 1940. El régimen empleaba un rejuego legalista para justificar la asonada golpista del 10 de marzo y tachar de ilegal la demanda oposicionista de elecciones generales. Señalaban que se respetaban los derechos individuales y se mantenían las garantías constitucionales. En cuanto a las cuestiones económicas, financieras y fiscales los comisionados gubernamentales respondieron que se trataba de materias que correspondían a la esfera privativa del gobierno.3
Los presupuestos políticos de la burguesía gubernamental, opuestos por completo a los de los ideólogos de la SAR, se basaban en los intereses más inmediatos de clase, sin prevenir el peligro que para el régimen capitalista representaba la crisis general en que se desenvolvía la República neocolonial cubana. Rehuían emprender reformas políticas de más envergadura que pusieran en peligro el ejercicio del poder por la dictadura, confiaban en el empleo de las maniobras político-económicas y el uso de la represión para contener el desorden social.
En el documento gubernamental se proponía convocar a una Asamblea Constituyente como fórmula que pudiera garantizar una salida pacífica al conflicto político cubano. Los delegados de la oposición rechazaron los contenidos del documento del gobierno “por su forma y fondo” y se empeñaron en argumentar la ilegitimidad del régimen batistiano.4
Las alternativas que ofrecía el régimen se concretaban en seguir una táctica dilatoria y fraudulenta o de lo contrario enfrentar la revolución que se le venía encima.
La tercera sesión tuvo lugar el 9 de marzo. La reunión se inició con la presentación del documento Réplica de los partidos de oposición a respuesta del gobierno. En este se responsabilizaba al régimen con el elevado grado de tensión social existente. Se precisaban soluciones políticas lo suficientemente convincentes que indujesen a las organizaciones revolucionarias emergentes a revocar los planes de lucha armada. La SAR y los partidos adheridos a su gestión propendían a renovar al clima político cubano; si ellos aceptaban la fórmula del gobierno, el futuro de su hegemonía se comprometía considerablemente, pues se reducía su capacidad de maniobra ante futuras coyunturas históricas que demandaran nuevas ofertas políticas. El documento establecía que el régimen de Batista no mantenía a plenitud las garantías constitucionales y rechazaban la fórmula de una Asamblea Constituyente.5
La oposición estaba consciente de que tras la fórmula de la Asamblea Constituyente, Batista se proponía continuar ejecutando la táctica que hasta ese momento le había dado buenos resultados. Existía el peligro de que en una Asamblea Constituyente convocada por el régimen golpista se viciaran los postulados de la Constitución del 40 para adaptarlos a la conveniencia política de la dictadura. Cualquier salida con Batista en el poder no aseguraba el objetivo político máximo que se proponía la oposición oficial de conjurar el desarrollo de una revolución social.
Como en la anterior sesión el gobierno había insistido en que no accedía a la fórmula de elecciones generales por ser anticonstitucional, entonces la oposición apeló a un conjunto de recursos legalistas para facilitarle al régimen que venciera sus “escrúpulos” constitucionales. Este debate evidenció que la posición del gobierno se basaba en una cuestión de “fondo y no de forma”. La preocupación por la forma- la apariencia legítima y constitucional del régimen- no era más que una cínica maniobra justificativa.6
La oposición entendía que había que partir de que la justificación legal del régimen estaba en la ley de tránsito constitucional y que no era precisamente la Constitución la que lo legitimaba. No obstante, el delegado gubernamental Santiago Rey reiteró la potestad constituyente con que estaba investido el Consejo de Ministros cuando redactó la ley de tránsito constitucional. Señalaba que rechazaban unas elecciones generales por el “respeto que le debían a la decisión soberana del pueblo que en noviembre de 1954 había elegido a Batista como presidente”.7
Hasta ese momento no se había llegado al más mínimo acuerdo pero algunos opositores tenían la esperanza de que en la cuarta sesión se pudiera converger en determinados aspectos. Batista se encargó de hacer polvo estas esperanzas y adelantó la posición del régimen cuando hizo uso de la palabra en la celebración del cuarto aniversario del golpe de Estado del 10 de marzo: no aceptaría ninguna de las demandas de los opositores.8 Después del discurso del dictador la mayoría de los delegados de la oposición se inclinaron a no asistir a la última sesión. Sin embargo, el PRC (A) de Grau y Cosme de la Torriente se opusieron al cese las conversaciones y criticaron a los que impulsaban un boicot.
La cuarta sesión tuvo lugar el 12 de marzo y se inició con la lectura del documento Respuesta de la Coalición Progresista Nacional a la República de los partidos de oposición, en que se ratificaban los criterios sustentados por el gobierno en anteriores reuniones. Precisaba el documento que no era necesario esperar 1958 para convocar a la Asamblea Constituyente y que esta no tendría por objeto modificar la constitución de 1940, sino discutir la posibilidad de llamar a elecciones generales.9 El Dialogo Cívico tenía lugar en marzo de 1956, una vez concluido se convocaría al pueblo a las urnas para elegir delegados a la Asamblea Constituyente, la que determinaría si se debía o no convocar a unas elecciones generales; si finalmente se accedía a esta consulta general se entraría en el proceso de reorganización de partidos, propaganda electoral, etc. Este dilatado proceso se llevaría dos años a lo sumo, lo que coincidiría con el término de mandatos en 1958. Todo ello en el mejor de los casos, pues lo más probable era que en una elección de candidatos a la Asamblea Constituyente, Batista consumara otro fraude electoral para asegurarse una mayoría de delegados que acordarían no proceder a unas elecciones generales.
El Dialogo Cívico en torno al cual se había montado una propaganda política notable no había concertado la ansiada conciliación de las representaciones políticas de la burguesía en el gobierno y la oposición. Quedaba abierto el sendero para que la juventud rebelde impusiera su solución al dilema. El pueblo esperaba por acciones más radicales.
Citas y notas
1-Documento, copia mimeografiada. En: Recortes Varios No. 38, Colección Facticia, Biblioteca Nacional José Martí p. 11.
2-Documento, copia mimeografiada. “Sesión inaugural del Dialogo Cívico”. En: Ibidem p. 11.
3-Documento, copia mimeografiada. En: Ibidem p.22.
4-Documento, copia mimeografiada “Segunda sesión de la conversación conjunta de partidos y sectores de la oposición adheridos a la SAR y los partidos de la Coalición Progresista Nacional designados por el Señor presidente de la República”. En: Ibidem p. 19.
5-Documento, copia mimeografiada. En: Ibidem p. 28.
6-Documento, copia mecanografiada. En : Ibidem p. 26.
7-Ibidem.
8-Bohemia. La Habana. 18 de marzo de 1956 p.74.
9-Documento, copia mimeografiada. En: Ibidem , s/p.
Editado por: Dino Allende
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Francisco Blanco Hernández y Francisco Blanco Ávila
