-I-

 Pese a contar con legislaciones que conjuran y proscriben la discriminación y validan las diferencias, en nuestro país se escuchan día a día enfáticos reclamos en pos de superar los males que se derivan de tales desafueros. Y no es gratuita la actitud, puesto que en determinado momento de nuestro devenir la situación fue otra y muchos de los que hemos vivido el proceso revolucionario desde sus inicios sabemos que, pese a la voluntad de erradicarlos, estos males han prevalecido en las dinámicas subjetivas que dictan muchos comportamientos y prácticas, tanto institucionales como personales.
 
La reivindicación y supresión de procederes que marginan (a veces dolosa, a veces culposamente) por razones de raza, género, preferencia sexual, credo religioso, mayor o menor entusiasmo político, posesión o no de un carnet que acredita militancia, son problemáticas que una parte atendible de la inteligencia nacional se ha propuesto mantener en la agenda de discusión pública, y hasta han logrado colocarlas, de manera casi siempre pugnaz, en el centro de mira de importantes foros de debate. Con ello demandan procederes más justos, basados en que el reconocimiento de las diferencias hace posible asumir, al dejar de obviarlas, normas evaluativas menos igualitarias a tenor con los matices e interpretaciones que signan la dispar praxis en nuestro mosaico social.

Hasta donde alcanzo a evaluar, los reclamos que con más coherencia han logrado mover las aguas son los que exigen una conciencia diferenciada por razones raciales. En segundo lugar identifico a los que exigen asumir como normales las preferencias sexuales, aunque las reivindicaciones por las que ambos grupos abogan no se hayan materializado aún en su totalidad. El espaldarazo dado a las primeras por la Comisión Aponte, de la UNEAC, unida al constante bregar de figuras lúcidas e influyentes, como el Dr. Esteban Morales y los escritores Roberto Zurbano y Heriberto Feraudy entre otros, han dado su cosecha. También las muchas acciones que a través del CENESEX y las políticas de trabajo de Mariela Castro Espín se han desarrollado tienen un peso notable en la visualización y asimilación constructiva de las problemáticas relacionadas con la superación de la homofobia y la transfobia.

El asunto es complejo, pues se clama por una igualdad basada en reconocer, y hasta proclamar, diferencias, que a su vez tienen su génesis en razones de desventaja histórica (como en lo referente a la raza, remitido a la esclavitud), o en tradiciones superadas en el trasiego de tolerancias que la modernidad y la etapa subsiguiente rebasaron, gracias a lo cual los prejuicios de rechazo a las preferencias sexuales hoy se mueven en un ámbito defensivo y subrepticio. La clave del éxito, en mi opinión, se sustenta en que dichos prejuicios venían de una situación de marginación extrema, y sostenerlos resultaba totalmente absurdo, además de que exponían como violadores de los derechos humanos a quienes se aferraran a su prevalencia. Complejo ha sido identificar y autentificar diferencias en un proceso político que se propuso operar con un criterio de igualdad para todos los seres humanos, pero con esas y otras paradojas nos sorprende siempre la caprichosa vida: si antes se luchaba por la igualdad, hoy se lucha por reconocer la diferencia.

De amarga recordación son las repulsivas UMAP, práctica que, además de esquemática, extremista y brutal, ha sido reconocida públicamente por figuras de notable influencia y jerarquía en nuestro país, como un error. Aunque esta drástica actividad represiva (quienes la instauraron la veían como formativa) no afectaba a los que hoy luchan por la igualdad racial, sí tuvo consecuencias traumáticas para los homosexuales y los religiosos, al extremo de que, aún hoy, muchas de aquellas heridas continúan abiertas, además de que algunos de los que las padecieron han debido ver cómo determinadas puertas se les cierran por obra y gracia del oneroso expediente.

A quienes padecen la discriminación les interesa marcar la diferencia, pues lo engañoso de la igualdad que la legislación establece hace que en muchas ocasiones perdamos de vista la desventajosa distribución profesional, académica y ocupacional de nuestra población en lo tocante a las razas y otros grupos en desventaja. Instrumentemos sino, con el rigor necesario, una encuesta y veremos que sus resultados revelan cómo las personas de los grupos en desventaja, a la hora de acceder a los espacios de excelencia, constituyen minoría en proporción mayor que la de su representatividad en el padrón demográfico del país.

Sabemos por acumulación histórica que el cuerpo legal de un país debe establecer literalmente, más que especificidades, generalidades; la interpretación e instrumentación ejecutiva de sus enunciados es tarea de las instituciones, y también de la educación y la cultura, que configuran actitudes personales. De lo anterior se deriva que es totalmente imposible que una carta magna cubra, en la gran amplitud de sus matices, todas las expectativas, razón por la cual se hace necesario que, sobre todo, los principales intercambios de ideas se promuevan en la sociedad civil. Con tales debates se corporizan tensos diálogos entre las instituciones y figuras pensantes en pos de que aquellas adecuen sus enfoques y emitan las legislaciones complementarias, junto a los proyectos de trabajo que requiera cada asunto, para de esa forma poner en sintonía las dinámicas ejecutivas con las especificidades.

-II-

Como antes expresé, las causas reivindicativas más visibles han sido las relacionadas con la raza, el género, la preferencia sexual y el credo religioso. Pero detrás de estas, ocultas por pantallas más sutiles y difíciles de vadear, subsisten otras, generadoras de injusticias tan ásperas como las arriba enunciadas. Las diferencias económicas establecidas por factores coyunturales y no por el cultivo de la inteligencia son, sin dudas, de las que en los últimos tiempos se han ido haciendo más escandalosamente visibles e irritantes, al extremo de que el conductor de un coche de caballos puede ganar el doble, o más (con su correspondiente acceso a bienes) que un cirujano cardiovascular. Tal subversión de valores, además de otros males, constituye también, desde mi punto de vista, una situación discriminatoria. Otras injusticias (discriminatorias también) que abren puertas preferenciales atendiendo a razones políticas y no de competitividad –también añeja práctica– muchas veces han validado decisiones falaces, tanto en el terreno laboral como en el estudiantil. Y conste que solo he acudido a algunos pocos ejemplos puntuales. Una lista exhaustiva daría para más.

Pero no es esa la desventaja que me interesa escudriñar ahora, sino la discriminación que, en el mundo de la cultura, padecen aquellos artistas y escritores radicados en el interior de Cuba. No existe alrededor de esta problemática el mismo flujo de debate, en cantidad ni intensidad, que el que mueve las ideas en el caso de las otras diferencias a reivindicar. Y que nadie dude que estamos, en ese terreno, más lejos del consenso que en ningún otro caso.
 
Confieso que cada vez que escucho, ante un reclamo de tierra adentro, el calificativo de «provinciano» para anular de un plumazo el análisis y discusión de lo reclamado, lo siento como si a alguien de piel oscura lo quisieran callar (u omitir) por «negro» o a un gay, por «maricón». Si bien es cierto que la esclavitud y el largo período republicano arrinconaron al negro a una posición desventajosa, también lo es que toda la estructura, colonial primero, y republicana después (ambas disfuncionales), sumieron a las provincias en una abismal desventaja institucional que ha hecho que marchen a la saga de todos los cánones que metonímicamente definen «lo nacional». La principal causa de que esta diferencia no haya sido atendida con la misma fuerza que hoy se le concede al resto de los debates descritos es, precisamente, que se desarrolla en provincias. Con más frecuencia de lo deseado he visto como hasta aquellos grupos que piden atención a «su diferencia», permanecen indiferentes a esta problemática. En definitiva, su debate es «nacional» y el nuestro «provincial».

Es cierto que, en buena medida, para reconocer que existe discriminación, por lo general es necesario haberla padecido. Pero en el caso que ahora me ocupa tal verdad adquiere un nuevo matiz, porque es un hecho comprobado que la mayor parte de aquellos artistas que, procedentes de las provincias, migran y se establecen en la capital, muy pronto se desprenden de la condición de origen y asumen la misma actitud de desdén que muchos de los que nunca han vivido en un territorio periférico. El resultado es la indiferencia para involucrarse en el debate, sobre  esta situación que denuncio y alguna vez fue también su problema. Ruego se me perdone lo grueso del ejemplo, pero esas actitudes me parecen equivalentes a la que asumiría una persona negra que de pronto la convirtieran en blanca y comenzara, en concordancia con su nueva condición, a desentenderse del debate racial. A quienes siempre vivieron y desarrollaron su obra en las condiciones más ventajosas de la ciudad capital, no les interesa el debate, pues ante situaciones de desventaja, quien está del lado ventajoso prefiere asumir que su cosecha más abundante responde a su talento, no a las facilidades que le proporcionan un medio más fértil y el estar dentro del huerto.
 
El que se crearan instituciones en las provincias, siempre en gran desfase cronológico con las establecidas en la capital, no suplió totalmente el déficit. La política de la revolución siempre se propuso borrar esas distancias, y no se puede decir que no se hayan reducido muchas diferencias, pero una vez más la insuficiencia del papel del Estado ante la ejecutividad ejercida, desde escalones inferiores, sin conciencia de justicia, cobra su costo.

El momento en que la voluntad estatal se hizo más fuerte lo vivimos cuando en el año 2000 se reforzó la logística del sistema editorial de las provincias, incipiente en algunos sitios, pero con cierto desarrollo en otras regiones. Sin embargo, el hecho se asumió desde una lógica verticalista y un discurso hegemónico e igualitario (en lo referido al libro), que ignoró las fechas de creación de esas editoriales, (la mayoría de 1990), borró diferencias y comenzó a contar las aniversarios de fundación a partir de 2000. Tal desaguisado da testimonio de cuánta ignorancia (¿desdén, subestimación?) sobre estos procesos y su historia previa acompañó al generoso desembolso. Algo parecido sucedió con las Ferias del Libro, que pese a que en provincias se desarrollaban desde los años ochenta, se acogieron al orden de la Feria Internacional, muy posterior, solo porque fue entonces que «el discurso nacional» las incorporó a su algoritmo. Son solo ejemplos, quizás no los más importantes, pero marcan bien el escamoteo de protagonismos a quienes idearon y fundaron proyectos en momentos históricos sumamente difíciles y desde la desventaja de tener lejos a todas las instituciones centrales.

Tal proceder, claro, se ha traducido en hechos que, a la larga, acabamos viendo como normales, pues por acá terminamos aceptando como irremediable la discriminación a que se nos somete y nos disponemos a remar a contracorriente, toda vez que el sistema de valoraciones que debemos objetar no está en discusión, y las instituciones afirman, y se sienten satisfechas, con la presencia que nos dan. Por eso casi nunca integramos delegaciones a ferias internacionales del libro, adonde acuden sin mucho esfuerzo los de la «ciudad letrada». Las transacciones promocionales se realizan geográficamente lejos de nosotros, y los depredadores de viajes no dejan ni resto de carne en los huesos de las presas. Sé que uso un lenguaje duro, pero podría argumentar con mi persona (para no erigirme en abogado de quien no me lo pide) más que todo por lo absurdo de la situación que me tocó vivir: en cuarenta y un años de trabajo literario, con algunos premios importantes a mi favor y diecisiete libros publicados, nunca he podido integrar, como escritor, una delegación.

En 2011, mientras cumplía una estancia de trabajo en Ciudad México se publicó la segunda edición de mi libro El ungüento de la Magdalena. Enseguida le solicité a los editores que, dada mi estancia en ese país, como podía cubrir todos los gastos (transporte, hotel, alimentación) con mi peculio, deseaba ser incluido en la delegación cubana a la Feria del Libro de Guadalajara. La respuesta fue que esa delegación se conformaba en la Cámara Cubana del Libro y yo no estaba comprendido en esa lista. Sanseacabó. Es sabido que el noventa por ciento de las salidas promocionales que damos los escritores residentes en provincia se concretan en una actividad por cuenta propia. En mi caso ese porciento es el cien. Pero preguntemos a otros que no hayan ganado los premios Carpentier y Guillén (que por plantilla iban hasta hace poco a la misma Feria de Guadalajara) si los han incluido en alguna delegación y verán cuán escasa es la nómina. Preguntemos también en La Habana (yo lo he hecho) y los resultados son otros.

Insisto en que no ignoro cuánto se ha modificado la situación desde que la política cultural de la revolución aumentó exponencialmente nuestras oportunidades. Pero igual lo hizo para los demás sectores que reclaman atención a sus «diferencias», y estos insisten en que no es suficiente. A esa lógica me sumo. Aún quedan muchas distancias por borrar, o atenuar, a favor de quienes decidimos vivir y trabajar lejos de La Habana. A ver si está discusión logramos activarla en La Habana –si no es allá, y en las principales instituciones, carecería de efectividad. El nivel debe ser nacional, a ver si logramos que el país tenga 110,860 kilómetros cuadrados.

Santa Clara, 27 de mayo de 2016

Editado por: Dino Allende