En 1905 la estrategia que Cuba debía seguir en sus relaciones internacionales fue motivo de debate entre los congresistas cubanos; aunque los resultados de cada polémica no siempre beneficiaron los intereses propios de la mayor de las Antillas. El país se resentía de sus vínculos de dependencia con los Estados Unidos.

Pongamos en primer caso las razones que se consideraron en la discusión del proyecto de reducción arancelaria a las maquinarias, propuesto por la Comisión de Aranceles el 16 de septiembre de 1904. La propuesta pretendía facilitar la recuperación industrial del país, en particular de la industria azucarera, después de la devastadora guerra contra España. Sus cláusulas establecían que durante un período de cinco años las maquinarias y aparatos destinados a la industria azucarera y sus derivados así como los utilizados en labores agrícolas gozarían de una rebaja arancelaria de hasta un 2 por ciento Ad Valorem. Igualmente serían favorecidas las compañías ferrocarrileras con rebajas de los adeudos del orden del 4 por ciento Ad Valorem. A ello se sumaban las facilidades a la importación de motores mecánicos propulsados por alcohol, así como a maquinarias y aparatos para la instalación de nuevas industrias: ambos disfrutarían de rebajas arancelarias del 2 por ciento Ad Valorem. En el caso particular de las maquinarias importadas para la instalación de nuevas industrias se establecía un período de gracia mayor que comprendía 10 años. En todos los casos se estipulaba que las solicitudes de importación debían partir de hacendados o industriales para uso exclusivo de sus propiedades. A esos efectos se crearía un mecanismo de verificación.¹

En sentido general la ley no solo contribuiría al desarrollo industrial de Cuba, sino que también la liberaría de las ataduras del Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos porque el país podría importar libremente la maquinaria que le fuera más conveniente con independencia de su origen. Aunque con el propio Tratado de Reciprocidad se mantenía un margen de preferencia para las mercancías norteamericanas, al proponerse una reducción arancelaria del orden de entre el 2 y el 4 por ciento Ad Valorem, ello contribuía a eliminar las diferencias arancelarias entre las maquinarias importadas. En este proyecto primaba el interés nacional por sobre el de la “reciprocidad”. Al fin y al cabo ¿por qué habría que cuidar con tanto celo las desproporciones desfavorables para Cuba en su pacto comercial con los Estados Unidos? Esta ley hubiera contribuido a nivelar los beneficios malamente repartidos en el Tratado de Reciprocidad Comercial, sobre todo en un área del comercio donde era preciso favorecer el interés nacional de la Isla en consonancia con los intereses de los países industriales, entre los cuales destacaban los propios Estados Unidos y Europa.

Cuando la referida ley fue llevada al Senado en 1905, de inmediato aparecieron reservas. La ideología plattista había penetrado entre los miembros de la elite política cubana; todo lo que podía afectar los intereses básicos del Tío Sam sería objeto de aguda crítica. Se temían las represalias del imperialismo norteamericano, a ser abandonados a nuestra propia suerte. Por ello Alfredo Zayas expresó su desacuerdo en los siguientes términos:

“Esta medida puede -por una parte- hacer bajar nuestra recaudación de aduanas a un extremo que no conocemos, porque no lo hemos calculado todavía […] por otra parte [...] esta reforma puede traer esta consecuencia: la denuncia del Tratado [de Reciprocidad Comercial], que no me infunde temor personal de ninguna especie. Pero que sí me preocupa por los grandes daños que a nuestra industria pudiera producir [...] No veo razón alguna para sostener este proyecto”.²

En cuanto a la probable rebaja de la recaudación de aduanas, debemos recordar que poco pudieron hacer los representantes políticos cubanos cuando se aprobó el Tratado de Reciprocidad Comercial con las consiguientes afectaciones a esta. Además existían altas tarifas aduanales a otros productos de importación que podían compensar estas presumibles pérdidas, en definitiva se iba a beneficiar el hacendado e industrial establecido en el país. Ello podría haber fomentado el desarrollo de una burguesía nacional ya que en ese momento, aunque se había iniciado una escalada en la ocupación de tierras por ciudadanos norteamericanos, la mayor parte de estas permanecía en manos de cubanos. El senador Párraga, por su parte, saldría en defensa de Wall Street ante el acecho de sus competidores europeos:

Resulta evidente por consiguiente, que el margen protector que el Tratado de Reciprocidad ha establecido a favor de la nación americana, se reduce enormemente y de tal manera y a tal punto que puede tenerse por seguro que estableciendo los derechos como se proponen ahora, resultará un arancel positivamente prohibicionista para la industria americana, porque atendiendo a sistemas de construcción, es sabido de todos que la maquinaria europea tiene siempre una gran ventaja sobre la americana en el precio y en el peso [...] Si ese margen de protección desapareciese podemos tener por seguro que habría perdido la nación americana uno de los mayores beneficios que obtiene en la actualidad con el Tratado de Reciprocidad.³

Con posterioridad Párraga advertía que si el Tratado de Reciprocidad Comercial era denunciado por los Estados Unidos, Cuba perdería las ventajas para sus principales productos en el mercado norteamericano. Según su criterio, estas prerrogativas ofrecían mayores ganancias que las presumibles utilidades que podrían captar los importadores de maquinarias en la isla.

En realidad, esta ley no impedía que se concertasen las cláusulas del Tratado de Reciprocidad Comercial; en todo caso la misma podía reducir un tanto los márgenes preferenciales a las maquinarias norteamericanas. Además, había otros productos agrícolas de importación sobre los que Estados Unidos continuaría obteniendo preferencias abrumadoras. Este era el tipo de medidas que se debieron ejecutar antes de concertarse el Tratado de Reciprocidad Comercial. Pero ahora, enredados en la madeja de los nexos neocoloniales, los representantes de la elite política cubana apenas podían ofrecer alternativas a la estrecha dependencia de la isla hacia Washington. Ello fue advertido por el Senador Martín Morúa Delgado, Presidente de la Comisión Arancelaria, que propuso este proyecto de ley:

Ahora se nos amedrenta con el segundo fantasma cubano; que viene a ser el Tratado de Reciprocidad concertado con los Estados Unidos. No se puede dar un paso sin tropezar con ese Tratado [...] Pero ni la cláusula décima ni ninguna otra del Tratado se oponen a lo que se pide en este proyecto de ley [...] nadie pudo imaginarse que el Tratado de Reciprocidad fuera para Cuba tan fuerte ligadura que reprimiera completamente la acción libre de su vida económica.⁴

Cuba estaba condenada sin remedio a la condición de neocolonia tanto por las disposiciones de la Enmienda Platt como por las del Tratado de Reciprocidad. El interés nacional se reducía a las menguadas rebajas arancelarias del orden de solo el 20 por ciento para nuestro azúcar y tabaco en el mercado norteamericano.

El país estaba destinado a la monoproducción que beneficiaría a una oligarquía parasitaria. Bajo esas circunstancias abrirse al mundo para procurar la diversificación industrial de la isla era pecado mortal, lo que también destacó con sus palabras el Senador Morúa:

No sé que pudiera decirse que fuera de verdadero peso en contra de este proyecto de ley, si no es el miedo con que hemos procedido siempre en Cuba. Estos deben ser hábitos coloniales, porque aquí se teme siempre dar un paso y cuando no tropezamos con la Enmienda Platt, tropezamos con el Tratado de Reciprocidad [...] Vemos ahora que con un proyecto de ley que hace que ganen menos los fabricantes extranjeros y más los nacionales, se posterga a la nación y se la obliga a ser siempre tributaria de los Estados Unidos.⁵

A propuesta de Alfredo Zayas este proyecto de ley se elevó a la Comisión de Relaciones Exteriores para que dictaminase sobre las consecuencias que pudiera tener sobre los artículos del Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Unidos. El 15 de mayo de 1905 la Comisión de Relaciones Exteriores estableció que, tomando en cuenta lo estipulado por el artículo X del referido Tratado, el proyecto de ley propuesto era inaceptable:

Basta lo expuesto para comprender que la aprobación de dicho proyecto, nos expondría a una denuncia del Tratado de Reciprocidad, mal mucho más grave de los que tiende a remediar la medida propuesta.

En consecuencia, la Comisión de Relaciones Exteriores recomienda al Senado que no apruebe dicha proposición de ley.⁶

La comisión de Relaciones Exteriores del Senado, estaba presidida nada más y nada menos que por Antonio Sánchez de Bustamante, el “hidalgo caballero de la Blanca Luna” que había vencido al “Quijote”, Manuel Sanguily, en el debate sobre el Tratado de Reciprocidad Comercial. Esta Comisión había hecho un estudio estadístico que establecía que los Estados Unidos eran nuestro principal suministrador de maquinarias, aunque no de todos los aperos agrícolas. Si ello era así, ¿por qué habría de temer Washington competir libremente con los demás países importadores de maquinarias? Sin embargo, para los políticos más conservadores era preferible seguir atados a los suministros norteamericanos; no hacía falta buscar otras alternativas comerciales que nos expusieran a la denuncia del Tratado de Reciprocidad por los Estados Unidos. Así las cosas, el proyecto de ley no tuvo cauce en el Senado cubano.

Notas:

¹ Diario de Sesiones, Senado 1905, Volumen 6, p. XVI.
² Diario de Sesiones, Senado, 9na. sesión ordinaria, 3 de mayo de 1905, p. 7.
³ Ibídem, p. 5.
⁴ Ibídem, p. 6.
⁵ Ídem.
⁶ República de Cuba. Senado. Trabajos realizados por la Comisión de Relaciones Exteriores de la séptima legislación, primera de 1905. Habana, Imp. De Rambla y Bauzá, 1905, pp. 17-18.