Se repite con insistencia, tanto por políticos como por economistas, sociólogos, filósofos, periodistas, personas naturales y cuanto opinante esgrime la palabra en Cuba que no marchamos hacia el capitalismo. Y es cierto si –desde el punto de vista social– lo consideramos atendiendo al apego a las políticas que caracterizaron el devenir de las últimas cinco décadas en Cuba. Se han utilizado, sin embargo, numerosos eufemismos para denominar el proceso de cambios que, en lo económico, venimos experimentando desde que –presionada Cuba por los ajustes a que obligó la caída del campo socialista– se inició el Período Especial, hace ya más de veinte años. Cambios que se han intensificado notablemente desde hace poco más de un lustro. “Bolsones de capitalismo”, “actualización del modelo” y “formas de propiedad y gestión no estatales” son algunos de los eufemismos –para mí vacíos por imprecisos– más trajinados últimamente en el discurso público a todos los niveles.

Me queda claro que Cuba no marcha hacia el capitalismo (o se niega a hacerlo) porque la verticalidad raigal de su política de soberanía, antimperialista e internacionalista no resulta canto vacío, como lo demuestra la existencia de una izquierda que, en determinados países del llamado Tercer Mundo ha logrado asumir el poder y poner en marcha programas sociales que, por la vía del capitalismo neoliberal, nunca hubieran cobrado cuerpo. No obstante, los ajustes que han guiado la puesta en vigor de los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución se han “saboreado” en algunos terrenos –como el de la cultura, que es el que ahora me interesa escudriñar– con amargo sabor a retroceso. Reducción de los presupuestos, que se traduce en menor programación, menos publicación de libros, rebaja en la dotación de los premios, menos derechos de autor, menos inversión en infraestructura y mantenimiento de las instituciones, menos matrícula en la educación artística, cierre del programa para la formación de instructores de arte y –lo peor– la interiorización de un pensamiento mercantilista en una población rebasada por la acumulación de necesidades no satisfechas, que antes operaba como destinataria de las ofertas culturales y hoy vive inmersa en el ansioso limbo de un cuentapropismo cuyo más visible corolario es el desmontaje de la espiritualidad y la reafirmación de un basto y precario pragmatismo.

No vamos hacia el capitalismo, pero en una medida que rebasa los límites de lo ideológico, actuamos con una lógica operacional que nos emparienta, sobre todo en el lento y cauteloso retraimiento del proteccionismo estatal en que vivíamos inmersos desde 1959 hasta hace muy poco. No vamos hacia el capitalismo por voluntad política, por conciencia humanística, pero lo cierto es que aún no sabemos con exactitud cuál es el final de la madeja, puesto que en la práctica van resultando de ardua e incierta conciliación los modos en que se expresa lo económico con el discurso que pone el énfasis en las realizaciones sociales. Y en medio de ello: un entramado burocrático que, como invisible telaraña, impide un avance más sostenido y raudo de las fórmulas económicas capaces de hacer crecer la productividad, con cuyo fortalecimiento se reanimaría la superestructura, hoy vulnerable y un tanto desdibujada por la incertidumbre y la hipoxia financiera.

Si algún sector, dentro de los numerosos que conforman el universo cultural, ha sentido de manera inmediata el impacto de los ajustes, ese es el de los escritores, pues siempre estuvo entre los de más trabajosa solvencia dentro del terreno artístico. Pudiera parecer paradójico, pues numerosas políticas e inversiones del estado han obrado en favor del florecimiento de la literatura, y aunque ello modificó positivamente la vida de sus cultivadores –no solo en lo económico sino también en lo cultural–, los ajustes de los últimos años los han situado en una posición realmente desventajosa, incapaz de permitirles la concentración en su oficio. Pasemos revista, pues, a algunas de las condiciones que, hoy, concurren en ese terreno.

Derechos de autor por la publicación de libros

La ley 14, que ampara el pago de las obras literarias, data de 1977; desde entonces, hasta el año 2002, se les pagaba a los autores por tarifas cuya base de cálculo se estructuraba contando los versos o las cuartillas. En el caso de la poesía la tarifa iba desde 40 centavos hasta 1.80 pesos por línea, mientras en el de la prosa el pago comenzaba en 4 pesos, hasta un máximo de 12 por cuartilla.

La primera rectificación de esta obsoleta herramienta ocurrió cuando en el 2002 se emitió la Resolución 34 del Ministerio de Cultura estableciendo que el pago se haría, partir de entonces, por acuerdo entre el editor y el escritor, con un límite máximo de 10 mil pesos por la publicación de un libro. Y más tarde, cuando el ministro de ese ramo emitió la Resolución 57, en 2008, ese tope fue abolido para los miembros de la Uneac, y teóricamente se podía pagar cualquier cantidad por un libro en dependencia de su interés, el currículo del autor, la complejidad y excelencia del texto. Teóricamente, insisto, porque por otra parte operaba, y aún opera, para el libro cubano una fórmula mercantil en la cual el precio se subordina a los costos, algo que sumado a las bajas tiradas obligó a los editores a proponer bajos honorarios a los autores, en pos de no gravar excesivamente el costo del libro (y con él, el precio) por un desproporcionado pago en ese elemento.

La ejecutoria del Instituto Cubano del Libro, en los años que van de “actualización del modelo” (a falta de una mejor definición, me acojo al eufemismo), ha marchado a contrapelo con las citadas legislaciones, pues en atención a que la dirección del país tomó conciencia de la inviabilidad de los subsidios en el terreno social si no estaban amparados por un crecimiento de la productividad, en forcejeo con los reclamos de los escritores (que no trabajan en la esfera productiva, raras veces pueden devenir cuentapropistas, a la par que sus “productos” no se rigen por la lógica del mercado) han terminado bajando sensiblemente los montos a erogar por la publicación de libros. Por otra parte se da el sinsentido de que, pese a que la última de las resoluciones dictadas atiende a una jerarquización para los miembros de la Uneac, Ediciones Unión, su editorial, es la que más bajas tarifas paga, al menos en el caso de los escritores residentes en mi provincia con quienes he debatido el tema. Pudiera haber beneficiado a algún autor específico de algún territorio (pienso en los galardonados con el Premio Nacional de Literatura), pero hasta el momento no conozco a ninguno de los posibles agraciados.

A lo anterior se suma que en los últimos dos o tres años, las cifras de libros publicados por las editoriales han disminuido sensiblemente, tras el apagado desmontaje con que se nos desvanece a ojos vistas el programa “masificador” iniciado por Fidel en 2000 con la creación del que aún se llama Programa de Ediciones Territoriales. Y también la obsolescencia y deterioro de la tecnología recibida en 2000 y renovada ya en dos ocasiones, auguran un canto de cisne para dicho programa. Siempre he expresado que es un programa que debe ser reformulado, pero nunca desarticulado. El que fallezca de “muerte natural” no hace la pérdida menos dolorosa que lo que la haría un mandoble de Excalibur.

Las editoriales, llamadas nacionales por tener sede en La Habana (a cuya lógica solo escapan, en sentidos divergentes, la Extramuros y la Oriente) también han visto reducirse sostenidamente su planes de publicación¹.

Derechos de autor por publicación en revistas

La Resolución 157 de 1980 constituye el ejemplo más escandaloso de resistencia a remunerar adecuadamente el trabajo literario. Por su lado pasaron las actualizaciones de los últimos 35 años sin que se modificaran un ápice sus injustas y caducas tarifas. En 1980 cobrar 100 pesos por un ensayo, 80 por un artículo o 40 por una reseña tenía un valor muy distinto al que tiene en la actualidad, luego de los tsunamis financieros sufridos por los bolsillos cubanos de los noventa a acá. La invulnerabilidad de dichas tarifas, hoy, constituye una burla al trabajo literario, máxime cuando han sido sostenidamente denunciadas año tras año en decenas de cónclaves, entre ellos los congresos de la Uneac.

Si bien es cierto que de los 90 a la fecha desaparecieron los suplementos culturales de los periódicos (que nunca pagaron honorarios) y algunos periódicos les dieron baja a sus escritores-colaboradores (me refiero a los remunerados), también lo es que surgió un numeroso grupo de revistas, tanto en formato de papel como digital, que, de existir tarifas más adecuadas a la realidad y al valor del trabajo, permitirían a los escritores equilibrar un tanto sus ingresos con el creciente costo de la vida. A lo anterior se añade el valor adyacente de una labor de formación de conciencia que por esa vía se pudiera hacer, para que el imaginario popular no tenga que escoger solo entre el capitalismo o el sofisma retórico con que nuestra prensa construye un mundo ideal desde lo noticioso, aun cuando sea crítica ante ciertas “desviaciones”.

Programación cultural

La reducción sostenida de los presupuestos ha mermado la extensión y densidad de los eventos y actividades sistemáticas, hecho que erosionó también las economías domésticas de los escritores. La Feria Internacional del Libro en las provincias redujo su extensión y su programa de intercambios autor-público, se cancelaron algunas actividades que tenían carácter sistemático, se eliminaron algunos premios y sus dotaciones se redujeron en magnitudes significativas. La Resolución 35 de 1996, también del ministro de cultura, estableció el pago por la comunicación oral de la obra literaria, y con ello se dio un paso importante para proteger a los autores. Es cierto que algunas instituciones han hecho un uso indebido de la misma, pero también lo es que con mayor frecuencia de lo que la lógica indica se quedan en el mínimo establecido de 120 pesos por actividad.

El retraimiento del posible público, quizás por la proliferación algo descuidada de las actividades de intercambio y por lo fáctico de la sobrevivencia, contribuyó algo a la suspensión de algunas actividades, pero creo que la solución hubiera sido, efectivamente, racionalizar esas actividades, cuidar mucho sus formatos y pagar mejores tarifas a los escritores implicados².

Salarios y seguridad social

Un sinsentido salarial castiga desde hace años al sector. Si atendemos a que la mayor parte de los escritores que trabajan para entidades estatales lo hacen en editoriales, revistas y centros de promoción literaria, y que los salarios se cuantifican, en su mayoría entre 350 y 405 pesos mensuales, nos sorprendemos cuando comprobamos que el salario medio en Cuba, en 2013, era de 471 pesos. Esta situación se torna más grave en provincia, donde una buena parte los editores –por el hecho de radicar en provincias– son editores C, con un salario de 355 pesos. En la provincia de Villa Clara, donde resido, el salario medio general es de 476 pesos³.

Los bajos salarios arriba señalados hacen que los ingresos procedentes del derecho de autor resulten vitales para que esos profesionales que son los escritores continúen realizando su labor y no emigren hacia el sector “cuentapropista” donde, además de ser ineficientes, poco podrían contribuir a la preservación de los valores culturales que con la literatura sí podrían preservar –a tono con el enunciado de Fidel, en el paupérrimo 1993, de que la cultura es lo primero que hay que salvar.

La creación del Registro del Creador Literario, con vista a que los escritores puedan laborar como tales y con sus ingresos pagar una jubilación decorosa, pese a constituir un importante paso en el terreno jurídico, ha tenido una tibia acogida por parte de los posibles beneficiarios dada la inseguridad con que se vienen comportando los ingresos derivados del derecho de autor, como hemos visto.

Consideración final

Retomo, para finalizar, mis razonamientos iniciales: no marchamos hacia el capitalismo (¡qué bueno que no!), pero la fuerza gravitatoria que impone una conducta económica pragmática, con regresos a posiciones abandonadas hace más de 40 años, ha halado a los elementos superestructurales hacia cotas inferiores al relativo “estado de gracia” que vivimos en los primeros años de este siglo. Se impone entonces por parte del estado, si aspira a no desmovilizar esa fuerza generadora de conciencia y valores que es la literatura, que estudie cuidadosamente las políticas a aplicar en el sector, y así de paso también salda inconsistencias que padecemos desde antes de la “actualización del modelo económico”.

Notas

¹Según el Anuario Estadístico de Cuba 2013 (última versión disponible en Internet, www.one.cu), las cifras de libros y folletos publicados descendieron entre 2008 y 2013, de 33’633,500 ejemplares a 20’254,600 ejemplares, para una reducción de 13’378,900 ejemplares. En lo referido a los títulos de literatura publicados, la serie muestra un sostenido decrecimiento, que va de 893 títulos en 2008 a 568 en 2013, lo que representa 325 títulos menos.

²Aunque el Anuario Estadístico de Cuba 2013 no aporta datos sobre los asistentes a actividades literarias, el que los usuarios de bibliotecas hayan descendido, entre 2008 y 2013, de 10’922,800 asistentes a 7’627,400 da una medida indirecta del retraimiento de los espectadores ante la oferta literaria. También mueve a reflexión el que en las FILH celebradas entre 2008 y 2013, si comparamos el primer año de la serie con el último, verificamos que asistieron 2’264,956 visitantes menos a la par que la venta descendía también en 3’063,219 ejemplares.

³Íbidem.

Editado por: Yeni Rodríguez Valdés