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¿El ábaco o la lira?

Ricardo Riverón Rojas, 30 de marzo de 2016

Espero con ansias el Anuario Estadístico 2015. Cada año, la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba publica en su sitio www.one.cu el correspondiente al año anterior. Hasta el día de hoy, el último en línea corresponde a 2014. Antes de la era digital esas compilaciones las elaboraba el entonces Comité Estatal de Estadísticas en formato de papel, sobre todo para uso empresarial, por eso en mi época de trabajador oficinesco (1972-1987) lo consultaba frecuentemente. También alguna que otra vez lo vi en librerías. Hoy, con las facilidades que ofrece la literatura virtual, todo el que tenga acceso a la red puede escudriñar sus elocuentes datos.

El Anuario resulta uno de los documentos más valiosos para que cualquier persona interesada en conocer la realidad cubana pueda debatir sobre sus resultados, reflexionar sobre la efectividad de sus desempeños y vaticinar, sin abandono del método inductivo, posibles rumbos. La publicación de este compendio constituye un ejemplo de transparencia informativa gracias al cual se le pone coto a la especulación y se les da una herramienta de alto valor a los analistas. Según mi apreciación es uno de los vehículos informativos más eficaces de nuestro país, incluso –o sobre todo–  al compararlo con la mayoría de los medios de difusión masiva.

La última edición disponible refleja los resultados del amplio entramado económico social del país en series que abarcan seis años (2009-2014). Tras analizar cuidadosamente esos contenidos, me he motivado a reflexionar acerca del impacto que sobre la cultura literaria vienen teniendo las dinámicas económico-sociales que rigen nuestro devenir de los últimos años. Para el referido propósito, en ocasiones debí acudir también a la edición de 2013 con el fin de completar algunas series con datos de 2008, que ya habían salido de la saga que el último anuario refleja. Me pareció interesante cubrir todo el período en que, con la política llamada de "supresión de gratuidades", comenzó la etapa donde identifico el inicio de un repliegue en las políticas de amparo a la cultura literaria. La carta del 7 de abril de 2010 decretando la congelación  – luego devenida reducción–  de los premios, como primera gran medida ejecutiva, fue un primer disparo al pecho. Aquellas políticas de patrocinio, como sabemos, habían sido notablemente intensificadas durante los primeros ocho años del presente siglo.

Algunos indicadores son muy significativos. Y aporto ejemplos extraídos tras observar los niveles alcanzados en 2014 y compararlos con los de 2008: la reducción en títulos de literatura publicados es del 34.4 %; en ejemplares producidos –libros y folletos–  alcanza el 50.6 %; en prestación de servicios en bibliotecas se reporta un 25.9 % menos, y la asistencia de usuarios a esta institución disminuye en un 17.4 %, aunque aclaro que al comparar este indicador, y los que siguen, el punto de referencia es 2009. En la Feria Internacional del Libro se aprecia una reducción del 74.4 % de ejemplares vendidos, mientras descendieron en un 46.4 % los visitantes al evento. Si en 2008, como promedio, cada visitante compraba un libro, en 2014 solo uno de cada dos lo hizo.

A lo anterior debe añadirse que el gráfico muestra una reducción en la mayoría de los años del período, con una discreta y discontinua recuperación en algunos indicadores en 2011. El indicador "títulos de literatura", en 2014 también creció un 3.2 % en relación con el año precedente. Nos haría muy felices a quienes creemos en el poder transformador de la literatura que este último crecimiento marcara una tendencia recuperativa. De ahí mi interés por ver lo que nos mostrará el próximo anuario.

Puede parecer injusto que le atribuya culpas a políticas centrales, pero hasta el día de hoy los elementos de la industria cultural que tributan al libro son patrimonio casi exclusivo del Estado, como creo que debe ser. Y si a los datos antes consignados se le arriman los notables crecimientos en expresiones que se acogen a lo espectacular, resulta factible concluir que la sociedad del espectáculo y el consumo audiovisual se instituyó en nuestro país como tendencia marcada no solo por la preferencia popular sino también por la oferta, que debía contener un elemento educativo capaz de ganar a ese consumidor de cultura para causas de mayor rasero estético.

Solo aporto unos pocos ejemplos, aunque no pierdo de vista que en los razonamientos de carácter cultural la cifras pueden conducir al tedio, y hasta a los espejismos. Las actividades musicales crecieron un 148.5 %, los espectáculos en un 314.5 % (en este indicador, la comparación solo se obtuvo con el 2010), mientras las horas de emisión de mensajes por televisión muestran una dinámica interesante, pues de 2009 a 2012 disminuyeron, y a partir de ese año se aprecia una tendencia recuperativa de significación, aunque aún sin alcanzar los niveles de 2009. La existencia de una red alternativa de distribución de programas –el famoso paquete– seguramente sumaría cifras astronómicas de horas de transmisión si sus magnitudes fueran compiladas.

Sé que en la actualidad se está llevando a vías de hecho la experiencia de convertir a las editoriales en empresas, y aunque en este punto de mi análisis no parto de elementos tan contundentes como las cifras antes consignadas, arriesgo el criterio de que esa conversión equivale a ponerlas a girar en el confuso entramado mercantil que rige hoy nuestra dinámica social. Al referirme al tema, entonces, soy portavoz del testimonio que me dieron escritores y profesionales de otros perfiles ocupados en la gestión editorial. Numerosos e indeseables corolarios de la medida –me comentan– han surgido tras el impacto, sobre todo en sus salarios, sujetos entonces a la casi invulnerable cadena de impagos que caracteriza a la gestión económica en la esfera cultural.

También los ingresos por honorarios han sentido los efectos, pues la búsqueda a toda costa de la eficiencia económica viene descargando su intensidad sobre el más vulnerable elemento móvil del costo: el derecho de autor. No es posible perder de vista que hablamos de un costo enrarecido por la doble moneda, con una falsa conversión de 1 x 1 en los elementos del costo material. Y si a lo anterior le sumamos la reducción en títulos de literatura publicados, que en 2014 fueron 307 menos que en 2008, ello nos da que por ese concepto se erogaron decenas o cientos de miles de pesos menos a favor de los escritores.

Nuevamente, el Anuario Estadístico de Cuba 2014 nos ofrece datos de interés cuando, al analizar el salario medio mensual sabemos que el del país, en 2014, fue de 584 pesos por trabajador y en el sector de la cultura, donde por mayoría transcurre la vida laboral de los escritores, es solo de 486. Y a ello debemos añadirle que los de los escritores son de los más bajos salarios de todo el sector cultural, pues muy pocos alcanzan o sobrepasan los 400 pesos. Entonces, si los derechos de autor,  y los ingresos que de la promoción de los libros se derivan a partir de la Resolución 35/96, se encuentran afectados por la disminución de los libros publicados y el salario, que ya era bajo, se afecta en la búsqueda de la eficiencia económica, ¿no constituye eso un golpe al florecimiento de una cultura literaria como la prevén nuestros más preciados objetivos de política cultural?

Sumémosle a todo lo dicho un caso que, por puntual, no deja de ganar notoriedad por su absurda prevalencia. Resulta que la antiquísima Resolución 156/80, reguladora de la retribución por colaboraciones en revistas y otras publicaciones periódicas, sobrevive intacta tras treinta y seis años, con sus leoninas tarifas de 40 pesos por una reseña, 80 por un artículo, 100 por un ensayo y 35  –o  25–  por una entrevista. Es un auténtico fósil legal. A lo dicho podemos añadir que muchos periódicos, desde que devinieron semanarios, no brindan sus espacios para los escritores. Atenidos a ese desalentador panorama se hace posible afirmar que ningún escritor puede vivir de su labor periodística, como ha sido y es práctica común en el mundo.

He sido delegado a los últimos tres congresos de la Uneac, y en sus foros se debatió, con razones de peso, sobre la obsolescencia de esta última resolución pero ella exhibe aún, diríase que con orgullo, su ilesa longevidad.

Son muchas las paradojas no resueltas. Si partimos del gran impulso que recibió la cultura literaria con las metas y asignación de recursos instrumentados en 2000, al amparo de lo que el líder de la revolución caracterizó como "masificación de la cultura", podemos afirmar que el manejo un tanto voluntarista de esa generosa pauta dio origen a cierta confusión entre el ejercicio profesional de la literatura y la cultura comunitaria. Se validaron como escritores personas a quienes les faltaba cubrir etapas del tránsito por espacios aficionados. Fue una especie de programa de "escritores emergentes". Esas figuras hoy integran los catálogos de muchas editoriales e instituciones de promoción literaria, junto a los escritores que fomentaron su curriculum en la ardua dinámica formativa. Recuerdo que en aquellos momentos me pronuncié por una pauta que, sin renunciar a su esencia inclusiva, cuidara más las fronteras profesionales. Y que una de las medidas que podría contribuir a ello era la de publicar menos títulos con mayores tiradas, afinando la puntería en las firmas incluidas. Hoy, cuando lamento las reducciones en esos indicadores, alguien podría afirmar que me contradigo, pero no es así, porque la reducción de títulos publicados no vino acompañada de un aumento en la tirada promedio sino todo lo contrario, que estas disminuyeron más que aquellos (un 27.4 % en la comparación 2014-2013). Con este último razonamiento aspiro a dejar claro que el proceso de reducción de títulos en pos de incrementar las tiradas promedios para beneficiar la calidad y alcance de lo publicado, no fue atendido en su espíritu, pues el ecumenismo siguió rigiendo, ahora con menos títulos, con una plataforma autoral más amplia y generosa, y menos ejemplares. Los resultados ya se tocan con la mano, y se concretan en la pérdida del lector y del espectador, validados por muchas de las cifras expuestas párrafos atrás.

Realmente, no ceso de preguntarme por qué se le ha puesto a la literatura la coyunda de la eficiencia económica. En Cuba no se manejan con mucha pericia los códigos que rigen el mercado del libro en los ámbitos de las sociedades donde este es tratado como una mercancía. Pero algo que todos conocen es que la publicación de los bestseller, libros de autoayuda, manuales utilitarios y otros géneros literarios sirven para financiar las propuestas experimentales, los clásicos, y los contemporáneos de alta elaboración estética, antes preferidos del lector, y hoy de menor demanda. Como en nuestro caso, por razones de política cultural esa producción de "vacas gordas" editoriales no transita ni debe transitar por los mismos derroteros, la publicación de libros que enriquezcan ciertamente el patrimonio literario de la nación no tiene, ni creo que merezca alternativa mejor que el mecenazgo estatal, y esa es la razón por la cual las cifras de Anuario Estadístico 2014 me producen una sensación de vacío, unida al temor de que estemos restándole brillo a una joya primorosamente pulida durante décadas.

Contra esa cultura que defiendo atentan numerosos factores, hasta los de carácter demográfico, por el éxodo profesional y la copiosa y sostenida emigración que se ha expresado como fenómeno en los últimos años. Pero tengo la convicción de que el cambio de paradigmas  –con el espaldarazo culposo del discurso público– viene sumiéndonos en una bancarrota de la espiritualidad, sustituida por códigos pragmáticos y falaces patrones de éxito.

De momento, opino que la literaria devino abruptamente, en un plazo bastante reducido, cultura de resistencia, brega a contracorriente, tarea de encandilados. Su salida de las prioridades, unidas a lo atenuado del discurso público en torno a ella, seguramente traerá en lo político costos más gruesos. No estaríamos ante un fenómeno nuevo en nuestra historia, pero sí ante un regreso a estados de precariedad vencidos hace varias décadas, y enfrentando por primera vez, tras el triunfo de la Revolución, un retroceso en esa actividad, y en sus rentabilidades que no por distintas de las de la producción de bienes de consumo, dejan de ser imprescindibles.
 

                                                                                   Santa Clara, 8 de marzo de 2016.