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La crisis de la sociedad neocolonial,un antecedente de la Revolución cubana (I)

Jorge Renato Ibarra Guitart, 18 de octubre de 2016

Una vez concluido el ciclo revolucionario de los años 30, la República gestó nuevos mecanismos para reordenar la vida política, económica y social del país. Las transformaciones que tuvieron lugar, si bien permitieron mejorar el sistema de la democracia representativa y propiciaron progresos para la clase obrera y el colonato, en el fondo no pasaron de ser reformas tendientes a consolidar la influencia del imperialismo norteamericano y a acomodar a los sectores de la oligarquía en su rol social hegemónico. Estas realidades impidieron que un programa nacionalista de mayor trascendencia como el que enarboló el PRC (Auténtico) pudiese ser ejecutado en profundidad.

Los gobiernos auténticos estaban llamados a reformar la sociedad cubana pero su obra quedó inconclusa y peor aún, su ejecutoria contribuyó a profundizar la crisis de las instituciones republicanas. La corrupción político-administrativa más que una manifestación de los apetitos materiales de la representación política de la clase media, constituyó una expresión de la imposibilidad de generar reformas de peso al interior del régimen neocolonialista prevaleciente en Cuba. A partir de ese momento comenzó a gestarse la pérdida de hegemonía de los sectores dominantes. Si bien el país requería de crecientes transformaciones socioeconómicas para contener o aliviar las profundas diferencias de clase en cuanto a niveles de vida, la negligencia política de los auténticos en el poder contribuyó a crear una situación de inestabilidad social. El partido de gobierno se desprestigió por el arbitrario manejo de las instituciones públicas y por las denuncias de la oposición política.

En aquellas difíciles circunstancias para la hegemonía de las clases y sectores privilegiados por el sistema neocolonialista es que surgen las alternativas reformistas ante la crisis general que ya vislumbraban algunos ideólogos de la burguesía. En este sentido no fueron pocos los intelectuales e instituciones que alertaron sobre la creciente desmovilización pública y la pérdida de consenso del partido gobernante.

Según Gramsci, son los intelectuales políticos encargados de la hegemonía social y del gobierno político los encargados de auspiciar “el consenso espontáneo que las grandes masas de la población dan a la dirección impuesta en la vida social por el grupo social dominante”1. En ese sentido, fue la Sociedad de Amigos de la República (SAR) la institución que agrupó a un conjunto de intelectuales y políticos retirados que, atentos al naciente caos social, se dieron a la tarea de sugerir medidas profilácticas que evitasen el continuo descrédito de las instituciones republicanas y de sus ejecutivos políticos. No hubo en la SAR una vocación por generar transformaciones de fondo en el régimen socioeconómico, pensaban que atajar los males de la República en sus manifestaciones más externas era suficiente. Mas, sin duda, había que ahondar en el cuerpo podrido de la República para encontrar remedios definitivos a sus males, pero ello sería misión de revolucionarios. ¿Qué importancia tendría enfrentar el peculado sino se atacaban las bases de las crecientes diferencias sociales y de la dependencia al capital norteamericano?

En esas circunstancias se produce el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. Fulgencio Batista utilizó al Ejército como maquinaria para dirimir conflictos entre los sectores dominantes. Las armas le ganaron el poder que su escuálida agrupación política, el Partido Acción Unitaria (PAU), no le hubiese otorgado en unas elecciones honestas. Batista se hizo del gobierno pretextando el propio desajuste de las instituciones republicanas, incluso no tuvo reparos en llamar Revolución Democrática a su golpe de estado. El grupo social dominante, la burguesía dependiente cubana, si bien podía conformarse con un nuevo presidente apoyado por las bayonetas, en el fondo el problema de su ilegitimidad y de su falta de consenso constituía una limitante determinante al ejercicio del poder. Un gobierno que rompía con las normas jurídicas que se había dado el país en su ordenamiento constitucional y que entronizaba un régimen de fuerza era la negación “del consenso espontáneo que las grandes masas de la población otorgan al grupo social dominante”.

No se podían afrontar los graves problemas sociales del país sin reformas estructurales, como tampoco se podía pretender que se había superado el desgobierno de los auténticos rompiendo con el marco jurídico de la Constitución de 1940, símbolo de la democracia representativa. Era demasiado pedir a un pueblo condenado a la constricción de sus reclamos sociales y a la censura de sus demandas políticas.

La dictadura castrense logró consolidarse en el poder ante la inercia de los partidos tradicionales que no se propusieron articular un frente amplio de resistencia activa al golpe de estado y que se limitaron a divulgar manifiestos a favor de la reconciliación. A la dictadura no se le podía impresionar con apelaciones a una conciencia cívica que no poseía y de la que se había burlado. Por eso, aquellas fórmulas de avenencia política propuestas por el Consejo Universitario, el Partido Ortodoxo, Cosme de la Torriente y el Bloque Cubano de Prensa fueron solo letanías que no hicieron mella en los oídos sordos de Batista.

Los Estados Unidos de América, garantes y principales beneficiarios del orden neocolonial vigente en Cuba dieron un irrestricto apoyo al gobierno de Batista a escasas semanas del golpe de estado. No consideraron que el asalto al poder por una casta militar sedienta de perrogativas políticas podía atentar contra los presupuestos del nuevo orden institucional establecido después de la Revolución de los años 30. El curso de la vía reformista había sido ahogada por Washington, las alternativas a la dictadura no tuvieron respaldo de ninguna de las instancias del poder político norteamericano, al menos en los primeros cuatro años del régimen castrense.

El 22 de mayo de 1952 el nuevo ministro de Estado, Miguel Ángel de la Campa, solicitó del embajador norteamericano Willard Beaulac, el reconocimiento oficial de Estados Unidos. En un diálogo de cínicos, Beaulac buscó dos razones efectivas para conceder esta solicitud; preguntó si Batista restablecería sus lazos anteriores con los comunistas, Campa aseguró que sus libertades serían eliminadas. Luego indagó sobre las condiciones para la inversión privada, Campa le aseguró que Batista le daría la bienvenida al capital norteamericano. El 27 de marzo Batista fue reconocido por Washington. Así de sencillo espiaron sus culpas ante los fervientes partidarios del estado de derecho propio del régimen parlamentario burgués; así de simple echaron a rodar las esperanzas de los que esperaban reformas que aliviasen la crítica situación del país. Pero así mismo se dejó abierto el camino para la respuesta revolucionaria que reclamaban los 50 años de república neocolonial.

La política de guerra fría diseñada en el período que siguió a la segunda conflagración mundial, condujo a los Estados Unidos a experimentar nuevas formas de hegemonía política y militar en el hemisferio. El rígido anticomunismo pregonado desde Washington, sirvió de argumento político a las dictaduras latinoamericanas para legitimarse en el poder. En definitiva, ¿no eran ellos una garantía frente a la expansión de las “ideas totalitarias de Moscú”? ¿No eran ellos un contén frente a las fuerzas que pugnaban por una revolución social en el continente? ¿No eran ellos los jefes de los ejércitos que seguían los patrones norteamericanos? ¡Qué importaba si se suprimían las instituciones de la democracia representativa con tal de poner a salvo a América Latina de la influencia comunista y de los peligros del nacionalismo! Siguiendo esta lógica, el continente debía estar libre del “totalitarismo” soviético aún cuando fuese víctima del totalitarismo más cruento que ejercían Washington y las sangrientas tiranías latinoamericanas. ¿Se estaba así más lejos de los peligros de las revoluciones sociales? Una terrible paradoja se revelaría ante los ojos de los ejecutivos del imperialismo norteamericano y de sus procónsules en latinoamérica, los Batista, Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez...

En América Latina, la coyuntura de los años 50 no dejaba muchas opciones a quienes pretendiesen reformar las realidades críticas de sus países. El cierre de alternativas socioeconómicas y políticas, sustentado en el anticomunismo y las pretensiones hegemonistas norteamericanas, apenas dejaba espacio para una activa reforma nacionalista dentro del régimen de la democracia representativa burguesa. Las condiciones macrohistóricas favorecían la polarización de los conflictos sociales y no una coherente respuesta de todos los sectores a los agudos problemas de la región.

1 Gramsci, Antonio: Los intelectuales y la organización de la cultura, Ed. Lautaro, Buenos Aires, 1960, p. 14.


Editado por. Nora Lelyen Fernández