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La crisis de la sociedad neocolonial, un antecedente de la Revolución Cubana  (II)

Jorge Renato Ibarra Guitart, 31 de octubre de 2016

Hacia noviembre de 1952 tuvo lugar la reestructuración de la Sociedad de Amigos de la República (SAR) y asumió la presidencia Don Cosme de la Torriente quien se había ganado el respaldo de los partidos tradicionales para mediar en el conflicto político cubano con una fórmula que aliviase la tensión pública y la crisis institucional. Nuevamente el gobierno desoyó estas propuestas de solución pacífica y el primer estallido revolucionario se produjo el 26 de julio de 1953, jóvenes ajenos a los partidos tradicionales abrieron paso a la vía insurreccional con un claro programa revolucionario  que más tarde se daría a conocer en La Historia me absolverá.

En lo sucesivo, los partidos tradicionales mantuvieron una postura abstencionista ante la convocatoria de unas elecciones diseñadas por Batista, aspirando al poder desde el poder y limitando las libertadas de expresión a sus contrincantes. Las fórmulas de la SAR serían acogidas con sumo beneplácito por los partidos de oposición que, además, se manifestaron a favor de la amnistía de los presos políticos y el retorno de los exiliados.

Después de consumada la farsa electoral del 1ro. de noviembre de 1954, Batista consideró oportuno ofrecer algunas concesiones, más bien para paliar las dificultades que le causaba la falta de consenso del régimen expresada en una oposición oficial que le había dado las espaldas a sus maniobras electoreras y en la aparición de nuevos brotes revolucionarios entre la juventud. Fue así que acordó la restauración de la Constitución de 1940 y la amnistía de los presos políticos. En esas circunstancias la SAR y los partidos tradicionales entendieron que si Batista deseaba continuar gobernando el país bajo los presupuestos de la constitución de 1940 y con los revolucionarios libres no le quedaría otra opción que continuar cediendo posiciones hasta aceptar la fórmula de elecciones generales.

En aquella coyuntura la SAR dio a conocer sus manifiestos del 3 de junio y el 20 de julio al que se adhirieron todos los partidos tradicionales de oposición reclamando la celebración de unas elecciones generales inmediatas en el plazo más breve posible. El régimen castrense con toda contumacia se negó a entenderse con la oposición, y a la demanda de elecciones generales respondió con el Plan Vento de elecciones parciales con hipertrofia de la Cámara de Representantes para neutralizar a la oposición oficial. Los manifiestos habían alertado a los políticos de la neocolonia sobre el peligro que entrañaba para sus intereses de más largo alcance la crisis política y económica en curso y la existencia de fuertes tendencias revolucionarias en las masas lo que podía llevar a profundas convulsiones sociales. Pero esas advertencias tampoco encontraron eco en las esferas del gobierno, Batista tan solo había ganado tiempo y se aprestaba a reprimir por la fuerza cualquier nueva revuelta revolucionaria. Se había escenificado una burda comedia para cubrir las apariencias y dotar de ropaje democrático al régimen castrense, huérfano de legitimidad alguna. Los personeros más connotados de la dictadura se negaron a entrar en contacto con la oposición pretextando que la SAR no era una agrupación cívica neutral y que no contaba con suficiente apoyo de los partidos tradicionales. Ante esta maniobra, Cosme de la Torriente respondió convocando un gran acto público de dimensiones nacionales donde pudiesen hablar todos los líderes de los partidos políticos de la oposición de manera que expresasen su respaldo a las gestiones de la SAR. El acto se convocó para el 19 de noviembre de 1955 en la plazoleta del Muelle de Luz y constituyó una demostración de rechazo a la dictadura y a sus fórmulas electorales no solo de parte de los miembros de la oposición oficial, sino también de un nutrido grupo de jóvenes rebeldes que enarboló su consigna de: “¡Revolución!” y que tuvo en la tribuna una representación digna en José Antonio Echeverría, presidente de la FEU. Pero la actitud de la dictadura fue de rechazo a los pronunciamientos vertidos en el Muelle de Luz, el mitin fue condenado como subversivo por el Senado.

Sin embargo, en diciembre de 1955 un amplio movimiento de protestas populares sacudió al país de un extremo a otro. La huelga por el pago del diferencial azucarero lanzó a obreros y estudiantes a las calles en franco repudio a la dictadura. A partir de entonces el gobierno abrió un dilatado período de contactos con la oposición para desviar la atención de la opinión pública de los acontecimientos violentos que estaban produciéndose.

Como resultado de las entrevistas que tuvieron lugar a comienzos de 1956 entre Cosme de la Torriente y Fulgencio Batista se llegó, tras vencer agudas dificultades, al Diálogo Cívico del 5 de marzo de 1956. En las negociaciones que mantuvieron Oposición y Gobierno bajo los auspicios de la SAR, la primera mantuvo su tesis de producir una convocatoria de elecciones inmediatas mientras que la dictadura planteó una nueva alternativa: llamar a elecciones para una Asamblea Constituyente lo que solucionaría la crisis política cubana. Esta última fórmula en realidad constituyó una maniobra engañosa y dilatoria del régimen castrense que confiaba en la represión y en sus rejuegos políticos para contener el desorden social y mantenerse en el poder a toda costa.

La SAR y los partidos adheridos a su gestión propendían a remover el clima político cubano; si aceptaban la fórmula del gobierno, su hegemonía se comprometía considerablemente pues se reducía su capacidad de maniobra ante futuras coyunturas históricas que reclamasen de nuevas ofertas políticas. Cualquier salida con Batista en el poder no aseguraba el objetivo político de la oposición oficial de conjurar el desarrollo de una revolución social. En el Diálogo Cívico no se concertó la ansiada conciliación de Gobierno y Oposición, quedó abierto el sendero para que las organizaciones revolucionarias emergentes impusieran su solución al dilema cubano. El pueblo esperaba por acciones más radicales.

Mientras la opción reformista representada en la SAR tuvo su más rotundo fracaso en el Diálogo Cívico, desde Washington no se movió un dedo por presionar a Batista a que aceptase los términos de una nueva avenencia con los partidos de oposición entonces integrados en un Frente Único. Aunque concordamos con el autor norteamericano Morris H. Marley en que Estados Unidos puso poco interés en trazar una orientación coherente hacia la lucha política interna en Cuba1, pensamos que la política norteamericana hacia el gobierno de Batista estuvo más interesada en que la casta militar dueña del aparato estatal respaldase ampliamente sus intereses económicos. Apostaron al poder real, concreto y visible de un ejército golpista que aplastó las libertades democráticas y ofreció amplia cobertura a los capitales norteamericanos. La sociedad civil fue menospreciada por Washington que llegó a tener con el régimen castrense un compromiso ilimitado, al menos hasta el cambio de embajadores el 15 de julio de 1957.

Estancamiento del proceso negociador


Después de concluido el Diálogo Cívico los partidos de oposición mantuvieron la unidad de consignas en torno a la SAR en espera de una nueva coyuntura política que propiciase una convocatoria a elecciones generales inmediatas.

El 3 de abril de 1956 fue descubierta la conspiración de oficiales encabezada por el Coronel Ramón Barquín. Aunque la conjura no estaba vinculada a organizaciones políticas, entre sus principales objetivos estaba convocar a elecciones generales una vez derrocado el gobierno. Impactados por esta noticia, los miembros de la SAR emitieron una declaración en la que, indirectamente, justificaban la actitud de los militares insurgentes y reiteraban su llamado a unas elecciones generales inmediatas. No era interés de la SAR promover conspiraciones ni fuera ni dentro del Ejército, más bien presentaba estos sucesos como muestra inequívoca de que era necesario arribar a un arreglo político antes que continuara la inestabilidad social del país.

Se había generado una situación de impasse político pues la coyuntura del momento conspiraba contra cualquier acercamiento entre el gobierno y la oposición oficial. El régimen del 10 de marzo había interpretado el pronunciamiento de la SAR, a raíz de la conspiración de los puros, como un llamado al caos y la violencia. Por esas razones, un relevante político de la oposición y avezado analista de la realidad cubana, el ex vicepresidente Guillermo Alonso Pujol en carta del 24 de abril aconsejaba:

Estimo, en mérito de las realidades apuntadas y frente a tamañas perspectivas, que resultaría improcedente organizar hoy de modo formal, un núcleo cívico y presentarlo ante el país demandando del Gobierno específicas decisiones de carácter electoral, aún cuando se encaminen al logro de la paz y el sosiego público. El reclamo podía perderse en el confusionismo reinante y en los ámbitos de movilización policíaca que cubre muchos ángulos de la actividad oficial. Para hablar con  plena autoridad e influir eficazmente en las masas oposicionistas (...) aconsejo esperar que haga crisis la crisis en que vive la oposición y que el Gobierno admita que no puede vivir en la permanente violencia y, que devolver al pueblo sus derechos, no significará su inmediata caída.2

Los partidos tradicionales habían caído en una situación precaria, su momento de esplendor, sin que muchos lo sospecharan, había pasado. Si se esperaba a que hiciera crisis la crisis, como Alonso Pujols señalaba, alternativas emergentes se abrirían paso en el panorama político cubano proponiendo salidas radicales al conflicto nacional. El régimen castrense haría de la violencia su arma recurrente para sostenerse en el poder; estaba tan huérfano de respaldo público que no podía admitir que al pueblo se le devolvieran sus derechos porque ello hubiese representado una derrota política que lo hubiese desplazado del poder. Por eso, el dilema cubano comenzaba a tornarse insoluble para los que todavía, con muy estrecho margen, se movían en la confrontación política optando por una solución pacífica.

La demanda sostenida por la oposición de elecciones generales inmediatas no había encontrado cauce en el ambiente político cubano por la contumaz posición del régimen de negarse a aceptar una apertura democrática. La SAR y los partidos tradicionales, amenazados por la parálisis de la vida política y por una revolución que los pudiera barrer del escenario nacional, tuvieron que apelar a nuevos mecanismos legalistas y electoralistas. José Ambrosio Casanueva, consciente de estas realidades en carta a Guillermo Alonso Pujols diría: “Yo estimo que el estatismo político es el peor enemigo que tiene la paz pública y la situación cubana actual. Y que de este estatismo político somos tan responsables los políticos de la oposición como los del gobierno”.3

A mediados de agosto de 1956, Cosme de la Torriente comenzó a sugerir que se debían aprovechar algunas de las disposiciones del Plan Vento pero sin que la oposición se comprometiera a asistir a unas elecciones parciales. Torriente pensaba inscribir a los partidos tradicionales y llevarlos a la reorganización. Una vez inscriptos los partidos, confeccionado un nuevo código electoral, devueltas las cédulas a sus destinatarios y obtenidas las garantías constitucionales, la oposición reclamaría unas elecciones generales. Se pretendía tenderle un cerco político a Batista, si el gobierno no accedía a estas demandas, todos los partidos de oposición se retirarían del proceso electoral y le crearían una situación difícil al Dictador. La táctica fue rechazada por los principales partidos políticos, el P.P.C. (Ortodoxo) y el PRC(A) (Abstencionista), pero el Partido Demócrata y el PRC(A) electoralista la hicieron suya. Por otro lado, José Pardo Llada, líder del Partido Nacionalista Revolucionario (PNR) planteó la tesis de acudir a las elecciones parciales exigiendo amplias posibilidades como la oferta de todos los cargos, excepto los de presidente y vicepresidente. A su entender, el Congreso que surgiera de esos comicios fijaría la fecha para unas elecciones presidenciales. Aunque todos convergían en que la unidad era necesaria, cada partido seguía un derrotero distinto.

La intención de Torriente de utilizar el Plan Vento en algunas de sus partes, condujo a la división de la oposición oficial. Tenemos la apreciación de que los partidos tradicionales cayeron en crisis porque sus fórmulas originales no tuvieron cabida en el esquema electoral del régimen. Fue la desesperación de los líderes de la oposición por salir de la inercia a que los sometía el momento político lo que dio paso al comienzo del fin del proceso de concertación política que había gestado la SAR alrededor del conjunto de partidos desplazados del poder.

Pero entre los partidos tradicionales no todos jugaban a una misma carta política. Aunque la mayoría optaba por agotar las vías de solución pacífica, el PRC(A) (Abstencionista) manejaba la posibilidad de chantajear al régimen propiciando una insurrección desde el extranjero y obligarlo a negociar. Por eso, aunque Tony Varona desde Cuba se mantenía en la política oficial, Carlos Prío desde los Estados Unidos dirigía el contrabando de armas. Una tercera posición dentro de este partido intentaba desbloquear la situación de parálisis política del país creyendo ingenuamente que Batista accedería a una apertura política por vías legales. Esta posición fue defendida por Guillermo Alonso Pujols, quien en carta a Prío el 7 de agosto le planteó:

Conduce a tu partido, con o sin la SAR, a un valiente viraje, despojándolo de la impedimenta insurreccional y marchando, sin entendimientos de ninguna clase, a unas elecciones parciales o de lo que fuera (...). Los promotores de la Revolución hemos fracasado y cambiamos rápidamente de rumbo o la nación se dará otros líderes o se sumirá en las peores postraciones y atonías.4

Las posiciones de Alonso Pujols no encontraron eco en los otros líderes de su partido, lo que lo condujo a que este saliese y fundase el Partido Unión Constitucionalista en un momento posterior.

Si bien Prío hacía de la insurrección una opción alternativa para entenderse con el régimen, Fidel Castro, al frente del Movimiento 26 de Julio, aceleraba todos los preparativos para reiniciar una auténtica revolución en Cuba y cumplía con su promesa de que en el 56 serían libres o mártires. El 2 de diciembre cuando se produce el desembarco del Granma las condiciones subjetivas están listas para el comienzo de una lucha irregular contra la tiranía, el pueblo distinguía que no podía haber solución pacífica con Batista.

Por otro lado, la ausencia física de la figura política que había logrado por un lapso de tiempo el entendimiento entre los partidos tradicionales, don Cosme de la Torriente, afianzó la división que se entronizó entre ellos. Torriente, en su testamento político del 5 de diciembre advirtió: “Unirse y reunirse es lo que deben hacer Gobierno y Oposición”; “Olviden sus cosas particulares y piensen en Cuba”.

A raíz del desembarco del Granma la SAR, el Bloque Cubano de Piensa y algunas instituciones cívicas convocaron al gobierno a reiniciar conversaciones. Esta vez tenían en sus manos un arma para presionar al régimen: el leviatán de la Revolución. Pero la dictadura en un primer momento simuló un acercamiento con la oposición para distraer la atención sobre los crímenes que se estaban cometiendo contra los expedicionarios del Granma, dispersos y exhaustos después de la sorpresa de Alegría de Pío y luego, cuando consideró que era dueño de la situación en la provincia de Oriente, le dio la espalda a la SAR.

La Sociedad de Amigos de la República dejó de constituir un escudo de quienes defendían un entendimiento político sobre los fundamentos de la República neocolonial cubana, por las siguientes razones:

  1. No existían posibilidades efectivas para llegar a una avenencia con el gobierno porque la coyuntura histórica que se vivía conspiraba contra sus propósitos: el momento era de lucha armada, no de demandas políticas.
  2. La SAR y el conjunto de partidos de la oposición habían agotado la fórmula que mejor les permitía actuar bajo la amenaza de una revolución, las elecciones generales inmediatas. Por esa razón, se produjo la división de los partidos tradicionales y emprender un proceso unificador resultaba muy difícil.
  3. La SAR después de tantos fracasos había perdido credibilidad política.

 

Notas
 
1 Marley, Morris H.: Imperial State and Revolution. The United States and Cuba. 1952/1986, Cambridge University Press, 1987.
2 Carta de Guillermo Alonso Pujols a Néstor Carbonell, José A. Casanueva, Piro Pendás, Alberto Saumell, Fernando Sirgo y José A. Rubio Padilla del 24 de abril de 1956. En: Archivo Nacional, Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 756, No. 11.
3 Carta de José Ambrosio Casanueva a Guillermo Alonso Pujols, 10 de junio de 1956. En: Archivo Nacional, Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 756, No. 3.
4 Carta de Guillermo Alonso Pujols a Carlos Prío Socarrás, 7 de agosto de 1956. En: Archivo Nacional, Fondo: Donativos y Remisiones, Caja 756, No. 1.


Editado por: Nora Lelyen Fernández