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Los partidos políticos y las instituciones cívicas tras el asalto al Palacio Presidencial (Parte I)

Jorge Renato Ibarra Guitart, 10 de enero de 2017

El asalto al Palacio Presidencial tuvo lugar el 13 de marzo de 1957 por fuerzas del Directorio Revolucionario. Esta fecha marcaría el inicio de un nuevo esfuerzo de los partidos políticos y las instituciones cívicas por lograr una avenencia con el régimen golpista del 10 de marzo.

Con posterioridad a esta acción revolucionaria tendría lugar un acto público de desagravio al dictador por parte de las corporaciones económicas conocido como “el segundo asalto a Palacio”. Batista, en presencia de los líderes de estas, dio a conocer su concepto de pueblo que mucho difería del elaborado por Fidel Castro en La Historia me Absolverá:

La palabra abusa mucho del concepto "pueblo" y no hay un solo partido, un solo hombre o líder que en política o revolución no lo utilice (...). El pueblo está aquí al lado del gobierno (...). Él está, como estamos nosotros, en contra del grupo o del motín, contra esos grupos extraviados de historia negra (...). Es este mismo pueblo que me ha visitado y me colma con las manifestaciones apoteósicas de estos días y ahora, formado por todas esas organizaciones vivas y sectores activos, desde los trabajadores hasta los patrones y banqueros, el que está, como estamos nosotros, por las soluciones democráticas, por el respeto a las normas legales y por los procedimientos civilizados.1

Batista que había burlado las normas legales con su golpe de estado, que le había cerrado el paso a soluciones pacíficas dentro del marco de una democracia burguesa, que había reprimido violentamente al movimiento revolucionario no tuvo nunca el apoyo verdadero del pueblo, del que hace mayoría y que muy bien supieron definir José Antonio Echeverría en su discurso en el acto de Muelle de Luz y Fidel Castro en La Historia me Absolverá.

Hacia un nuevo diálogo político

Mientras esto sucedía en Palacio durante todo marzo y hasta principios de abril, la Sociedad de Amigos de la República (SAR) sin contar con la capacidad de convocatoria de antes y sin ejercer apenas influencia entre los partidos políticos, confiaba en la gestión de las Instituciones Cívicas para lograr la concertación de unas elecciones generales inmediatas entre el Gobierno y a Oposición. No por gusto su líder más connotado, José Miró Cardona se encontraba desempeñando un rol muy destacado en el conjunto de Instituciones cubanas. En un manifiesto del 29 de marzo señalaban:

"La SAR (...) exhorta a las instituciones cívicas de Cuba a continuar movilizando las reservas ciudadanas a los fines de propiciar un estado de humana y pacífica convivencia en un régimen de derecho".2

Esta vez no podían obviar "a los que, arma en hombro, luchan por sus ideales". Era elemental que ya en esa circunstancia había que contar con los revolucionarios si lo que se perseguía era la paz pública.

Como los hechos del 13 de marzo habían reforzado el clamor de las Instituciones Cívicas y las Corporaciones Económicas a favor de una solución negociada, el régimen castrense se propuso probar nuevas fórmulas que sin cambiar su programa electoral le permitiese maniobrar para superar el momento crítico y calmar los ánimos entre los sectores de la burguesía. El Plan Vento de elecciones parciales con hipertrofia de la Cámara de Representantes hacía rato que había dejado de ser una fórmula que atrajese la atención de la opinión pública por el rechazo a esta de la Oposición, aunque había cumplido a las maravillas su cometido de propiciar la división y el debilitamiento de los partidos tradicionales. Unos días después del asalto a Palacio, Rafael Guás Inclán anunció oficialmente la liquidación del Plan Vento y ratificó las elecciones generales para noviembre de 1958.3 Comenzó a tener cierta acogida en los círculos de gobierno una nueva propuesta para ser manejada al interior del aparato estatal del régimen castrense. El PRC (A) electoralista tenía una representación en la Cámara de Representantes resultado de su participación en las elecciones camerales de 1954. Estos diputados,entre los que destacaba Eduardo Suárez Rivas, comenzaron a mover una discusión en base a una solución a la problemática nacional sobre las bases siguientes:

Cese de las medidas represivas
Amnistía política y militar
Celebración de elecciones generales a la mayor brevedad posible.
Código electoral del 1943 o modificación del mismo.
Utilización de los actuales carnets de identidad o expedición de nuevos.4

En reunión de altos personeros del gobierno con Batista para debatir la propuesta de los diputados grausistas Anselmo Alliegro se manifestó a favor de considerarla: "Creo que es el vehículo idóneo para abrir la discusión política". En tanto Santiago Rey, representando posiciones intransigentes señaló: "Me siento preocupado con la moción de los auténticos (...) pienso que la aceptación en principio de la agenda, implica debatir ciertos puntos inaceptables (...) los auténticos piden una cosa imposible: la amnistía".5

Batista, ansioso por descargar de sus hombros la creciente demanda de paz del conjunto de la sociedad civil y utilizar un nuevo mecanismo para entretener a la opinión pública, no puso reparo en las objeciones de Santiago Rey y dio luz verde al inicio de discusiones: "Me siento satisfecho de la labor de los legisladores. Veo con simpatía esos planes y me atrevo a aconsejar a mis amigos del Congreso que realicen todos los esfuerzos y aprovechen todos los medios para que ese vehículo parlamentario de que hemos hablado sea factor de soluciones favorables para la República".6

Altos personeros del régimen presentes en la reunión como Jorge García Montes y Andrés Agüero convinieron en que sería escuchada la propuesta auténtica pero sin que ello implicase aceptación previa del gobierno a estas bases. "Nada de condiciones previas" diría Rivero Agüero. Sin embargo lo más trascendental de la reunión y que marcaría el futuro de esta iniciativa fueron los juicios del tanque pensante más connotado de la dictadura, Santiago Rey Pernás: "La moción pide un régimen de garantías previas, pero no pueden aspirar a que nos crucemos de brazos, descuidando la protección a la vida y hacienda de los ciudadanos".7 Se suponía que el régimen de garantías constitucionales estaba concebido para salvaguardar los derechos ciudadanos pero Rey estimaba que nada mejor como la violencia policíaca para protegerlos.


Paradojas de una tiranía sanguinaria


Es significativo que el gobierno que tenía ante sí otras propuestas de solución pacífica, particularmente la de las Instituciones Cívicas no las haya atendido y se hubiese decidido por utilizar la fórmula de los congresistas auténticos. Sencillo, los auténticos eran un material más fácil de moldear a sus intereses, en el congreso la coalición de partidos de Batista tenía mayoría amplia y por último la fórmula auténtica, que no consideraba a las organizaciones revolucionarias como factor beligerante, podía acoplarse a la fórmula gubernamental de elecciones generales para el año 1958. Por otro lado, estas discusiones podrían dar la imagen a la opinión pública que dentro del gobierno se discutían los problemas del conflicto político cubano, aún y cuando lo que se pretendiese fuese aquietar las pasiones y salvar al gobierno de una coyuntura difícil en un nuevo y dilatado proceso de conversaciones. A esos efectos Batista nombró a Andrés Rivero Agüero como Primer Ministro, así se creaban expectativas de solución nacional, según el propio Rivero Agüero: "Mi designación no implica ningún cambio, sino el propósito firme de servir una vez más la causa de la democracia cubana. No puede olvidarse que yo soy uno de los líderes del gobierno que ha estado siempre por las soluciones cordiales".8

La fórmula también pretendía aislar el esfuerzo de las organizaciones revolucionarias restándole partidarios y colaboradores sobre todo entre los sectores de la burguesía, ya que en el terreno militar el régimen era incapaz de eliminar a las guerrillas en la Sierra Maestra y a los grupos de acción clandestinos en las ciudades. Según el nuevo Primer Ministro:

Mientras con mayor ensañamiento se empeñen los insurreccionales y los terroristas en plantear la cuestión cubana a través de la violencia, más firme y decidida será la aspiración del pueblo en el sentido de que se le den salidas constitucionales y políticas (...). Tan pronto las grandes mayorías, cualesquiera que sean sus militancias, se pongan de acuerdo en un campo lícito común, las minorías insurreccionales serán absorbidas por la gran corriente popular en servicio del mejor destino de la nación.9

El congreso, que hasta ese momento era tan sólo una institución anodina sin poder alguno para intervenir en las altas decisiones del estado, de pronto tuvo formalmente la oportunidad de pronunciarse sobre el destino político del país. Algunos representantes, hartos de que en las altas esferas del gobierno se legislacen las medidas de conciliación pública, denunciaron las falacias del gobierno. Pero eran tan sólo destellos raros de sinceridad en un órgano de poder plegado al régimen que les mantenía sus sinecuras y privilegios, Víctor Raux señaló:

Bien, muy bien, hace mucho tiempo que la Cámara debió discutir fórmulas políticas. Pero yo tengo mis dudas (...) ¿Tiene el congreso autoridad para presidir una solución política? (...) ¿Utilizará el gobierno todos los factores electorales de que dispone poniéndolos en las manos de los políticos o seguirán detentándolos los ministros del régimen (...)? ¿Echará el gobierno del gabinete a los tanquistas que quieren la dictadura militar con la secuela de crímenes y atrocidades que ella significa?10

Como la crisis golpeaba a todos, contar las verdades era una vía para manifestar la desesperación reinante en los congresistas y de pronto sucedió lo inesperado: los reunidos estallaron en aplausos... Pero el Presidente de la Cámara, Gastón Godoy salió a reprimir ese "acto irreflexivo": "No me inquietan los pronunciamientos de D'Roux sino la solidaridad de ustedes con ellos, la culpa de todo la tienen los elementos revolucionarios empecinados en llegar al poder a la tremenda".11

Para los personeros del gobierno todas las irregularidades tenían su justificación en el accionar de los grupos rebeldes cuando en  realidad estos habían salido a la palestra pública por el carácter ilegítimo del gobierno. La tiranía estaba viciada en sus orígenes y reproducía sus propias deficiencias jurídicas mientras más se complicaba la crisis política cubana. La provisionalidad y falta de consenso del gobierno le engendraba más arbitrariedad en una especie de círculo vicioso sin fin. En el árbol podrido de la dictadura era muy difícil dar lugar al injerto de solución pacífica apoyado tanto por las Corporaciones económicas como por las Instituciones Cívicas que reflejaban el ansia de paz social de amplios sectores de la burguesía que precisaban de un clima de estabilidad política para hacer prosperar sus negocios. Al final de la jornada la mayoría coalicionista se pronunció a favor de darle tratamiento a la moción de Eduardo Suárez Rivas, congresista auténtico.


Notas

1 A Palacio. Suplemento de la revista Bohemia, p. 77.
2 Copia mecanográfica. En: Recortes Varios, no. 38, Colección Facticia, Biblioteca Nacional, p. 78.
3 Sección “En Cuba”. En: Bohemia, 24 de marzo de 1957, pp. 89-90.
4 Ibídem.
5 Ibídem, 31 de marzo de 1957, p. 91.
6  Ibídem p. 94.
7 Ibídem.
8 Ibídem, 7 de abril de 1957, p. 72.
9 Ibídem.
10 Ibídem, 31 de marzo de 1957, pp.79-81.
11 Ibídem.


Editado por: Nora Lelyen Fernández