La dictadura que instaló Fulgencio Batista con el golpe de Estado del 10 de marzo atravesó por distintos momentos en la conformación de un esquema de dominación política que se valió de no pocas argucias legalistas para procurar ofrecer una legitimidad de la que siempre estuvo huérfana. El fallo del Tribunal Supremo, que otorgó constitucionalidad al golpe de Estado, las elecciones de 1954, así como la convocatoria de elecciones parciales, de una nueva asamblea constituyente y finalmente de las elecciones generales de 1958 fueron eslabones en la cadena de falacias con que el régimen castrense pretendió legitimarse. Para fines de 1957, a partir de un anárquico y viciado proceso de reorganización de partidos, comenzó el proceso preparatorio para producir un nuevo y final engendro de la tiranía: las elecciones generales convocadas por el régimen.

En los últimos meses de 1957, durante el período de suspensión de las garantías constitucionales, el régimen del 10 de Marzo se había dado a la tarea de preparar condiciones para la farsa electoral prevista para junio del siguiente año. Batista, presionado por el Departamento de Estado norteamericano, se propuso conformar un simulacro de consulta popular para que la casta político-militar que lo apoyaba pudiese conjurar, tanto los peligros de la Revolución en marcha, como los de una apertura democrática burguesa. Para ello ya tenía todo un camino recorrido desde el fracaso de la Comisión Interparlamentaria, ante sus pupilas tenía a los partidos que podían prestarse a su maniobra aunque respondiendo también a intereses propios de su conducta oportunista.

La primera gestión del régimen encaminada a burlar la opinión pública nacional fue dentro del sistema de las instituciones jurídicas para  que estas diesen su aprobación al proceso de reorganización de partidos. ¿Qué se podía esperar de un proceso reorganizativo con las garantías constitucionales en suspenso? Andrés Domingo Morales, secretario de la Presidencia, fue el hombre designado para mover las fichas. De inmediato se dirigió a los miembros del Tribunal Supremo y de la Audiencia para que ratificasen  a jueces incondicionales del gobierno: Eloy Merino y Alberto Córdova. Como el régimen contaba con el respaldo de los restantes magistrados, fue fácil dominar esas instancias jurídicas. Entretanto, en el Tribunal Superior Electoral la resistencia a las pretensiones del régimen quedó reducida al magistrado Barreras quien afirmó:

Considero que la marcha del proceso electoral es absolutamente incompatible con el estado de suspensión de garantías que vive el país desde el primero de agosto pasado. Por tanto, estimo que debe suspenderse hasta que sean restaurados los derechos ciudadanos ¹ .

Se dio paso así al proceso de reorganización de los partidos políticos con el visto bueno de las altas instancias jurídicas dominadas por la dictadura. Salvo los partidos abstencionistas que se habían involucrado en el Manifiesto de la Sierra o en el Pacto de Miami, los demás ofrecían una perspectiva plácida al gobierno: El PRC(A) dirigido por Ramón Grau San Martín, el Partido del Pueblo Libre de Carlos Márquez Sterling, el Movimiento de Liberación Radical de Amalio Fiallo y el Partido Nacionalista Revolucionario de José Pardo Llada ."Millo" Ochoa había ya declinado continuar actuando en la política. La materia prima para orquestar una gran maniobra electoral estaba al alcance de la mano, pero la dictadura para asegurarse aún más confió a Alberto Salas Amaro la misión de conformar un nuevo partido político, el Partido Nacional Cubano (independiente).

La situación de este conjunto de partidos puede resumirse muy sucintamente del modo siguiente: todos le hicieron el juego al proceso electoral en marcha. Grau, que se había retraído de la política después de exigir cambios en la fecha de toma de posesión finalmente se acogió a la tesis de que convenía mantener vigente el mecanismo político. Márquez Sterling asumió de a lleno la tarea de la postulación electoral ganando adeptos de partidos en proceso de disolución; en ese caso Amalio Fiallo del  MLR cedió sus parciales a la dirección del PPL y Luis Conte Agüero aceptó la candidatura a senador que Márquez Sterling le propuso y renunció a la facción "millista". Mientras el PNR ofrecía un cuadro desolador, era un partido al garete: Pardo Llada salió a España y su sucesor reglamentario, Enrique Huertas, también abandonó el país rumbo a Nueva York, otro tanto hicieron otros líderes políticos de esa agrupación. En Cuba, Juan Amador procuró insertar al PNR en el  proceso reorganizativo, pero encontró la firme resistencia de Conrado Rodríguez y Conrado Bécquer, este último declaró: Ir a la reorganización no tiene sentido. Lo más probable es que no se llegue a las elecciones; y de llegar, no creo que la situación tenga permanencia. Esto se cae en cualquier momento² .

Según la Bohemia de la época las más diversas expresiones del fraude político caracterizaron el proceso reorganizativo en marcha: retención y apoderamiento de las cédulas por los jefes y sargentos políticos, afiliaciones falsas, copo de posiciones, vaciado del censo en las inscripciones entre otras. Mientras, la prensa publicaba una cifra inaudita de afiliaciones, un millón y medio de cubanos deseaban acudir a las urnas. Sin embargo todo ese rejuego sucio no era suficiente y para encubrir tantas arbitrariedades el Consejo de Ministros aprobó un nuevo decreto-ley remache que permitía que todos los políticos pudieran participar en el proceso electoral.

Por su parte entre las filas del gobierno se producía el traslado de alguna que otra figura connotada de un partido a otro en búsqueda de mejores posiciones políticas. Gastón Godoy y Rafael Díaz Balart abandonaban el Partido Acción Progresista y pasaban al Partido Demócrata porque otras figuras le cerraban el paso a sus pretensiones electoreras, en este caso se trataba de Justo Luis del Pozo y Anselmo Alliegro respectivamente. Entre los sustitutos de Batista, aunque hubo alguna disputa entre Jorge García Montes, Gastón Godoy, Anselmo Alliegro, Rafael Guás Inclán y Andrés Rivero Agüero, a fines de 1957 este último se reveló como el candidato victorioso. En realidad no caben dudas que, con independencia de los resultados de la lidia política entre los postulados a la presidencia, Batista fue quien decidió en torno a su sucesor.

El régimen de turno, con la vista puesta en su meta de perpetuarse en el poder, procuró que las elecciones tal  y como estaban previstas fueran atractivas a los apetitos de encumbramiento de los políticos que desde la oposición todavía mantenían posiciones electoralistas. Fue así que el gobierno ofreció la segunda minoría senatorial. En realidad esa oferta se venía estudiando desde mediados de 1957 cuando se produjeron los debates de la Comisión Interparlamentaria. Ahora los partidos electoralistas habían agotado sus recursos para la discusión activa con el régimen y la desmoralización que los abatía, unido a sus nunca olvidadas ambiciones de poder, los hacía converger con la dictadura en el proyecto gubernamental de elecciones. En ese momento, las migajas que ofrecía el gobierno eran codiciadas por los partidos tradicionales que todavía se mantenían actuando en la política. Por medio de esta fórmula los senadores ascendían de 9 a 12 por provincia, distribuidos de la siguiente forma: 7 para la mayoría, 3 para la primera minoría y 2 para la segunda.

Citas y Notas:

1 Sección En Cuba. En: Bohemia, 2 de Febrero de 1958, página 36 del suplemento.
2 Ibídem.