A inicios de 1958, mientras los partidos políticos y las instituciones cívicas hacían un último esfuerzo por evitar ser atrapados en la maniobra electoral de la dictadura, surgía otra nueva alternativa reformista auspiciada por la Iglesia Católica.

El 25 de febrero en el Palacio Cardinicio se reunieron los obispos cubanos en presencia del Nuncio Apostólico de Cuba, Monseñor Luis Centoz. Se debatió en torno a producir una exhortación al pueblo de manera que se le pusiera fin al estado de violencia reinante en el país. El acuerdo no se obtuvo fácilmente, según trascendió a la prensa los obispos de Cienfuegos y Camagüey pusieron ciertas objeciones. De cualquier manera al final se concertó un entendimiento que permitió la adopción del documento “Exhortación del Episcopado” en el que se podía leer:

Exhortamos a todos los que hoy militan en campos antagónicos, a que cesen en el uso de la violencia, y a que, puestos los ojos única y exclusivamente en el bien común, busquen cuanto antes las soluciones eficaces que puedan traer de nuevo a nuestra patria la paz material y moral que tanta falta le hace. A ese fin, no dudamos que quienes de veras amen a Cuba, sabrán acreditarse ante Dios y ante la historia, no negándose a ningún sacrificio, a fin de lograr el establecimiento de un gobierno de unión nacional, que pudiera preparar el retorno de nuestra patria a una vida política pacífica y normal ¹.

La dictadura comprendió de inmediato que la divulgación de ese documento podía complicar sus propósitos de fraguar la componenda electoral de ese año y procuró ocultarlo. A esos fines, aunque no regía la censura de prensa, Evangelina de la Llera, coordinadora de los censores, solicitó la omisión del texto pastoral. En apoyo de la señora Evangelina vinieron después el Dr. Navarro, Jefe de despacho de la presidencia y Andrés Domingo Morales del Castillo, Secretario de la Presidencia. Pero fueron inútiles los esfuerzos, la Prensa Unida y la Prensa Asociada ya habían divulgado la información y el New York Times poseía el documento. Inclusive, en reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Palacio Presidencial se valoró la posibilidad de establecer la censura de prensa nuevamente, pero el hecho de que la noticia estuviese circulando impidió que se adoptase esa medida.

Estos esfuerzos de los máximos personeros de la dictadura evidencian que realmente nunca tuvieron  el interés de propiciar una apertura democrática en el país. Las presiones que había dirigido el Departamento de Estado norteamericano al régimen castrense para que este produjera un entendimiento nacional no sirvieron para nada, Batista pretendía engañar a los cerebros fríos del State Department, que no conocían a fondo la problemática política cubana, con el proyecto electoral propuesto para el año en curso. El hecho de que por distintas vías la propuesta comicial fuese cuestionada ponía a Batista en una situación embarazosa. En cuanto al documento producido por el Episcopado cubano, el régimen tenía razones para sentirse alarmado: en Venezuela y Colombia  documentos hechos circular por la Iglesia Católica habían facilitado el derrocamiento de los tiranos Pérez Jiménez y Rojas Pinillas respectivamente.

Algunos periodistas tramitados con la dictadura sugirieron una fórmula cómoda para los intereses del régimen castrense. El Diario de La Marina y Crisol dieron a entender que, considerando que en el gabinete gubernamental había crisis, se podía aprovechar para hacer los nuevos nombramientos. Pero Humberto Mediano de Prensa Libre se encargó de poner al descubierto las aviesas intenciones de sus colegas tramitados:

Pretender que toda esa majestuosa estructura (...) se haya erigido para sostener el chícharo nauseabundo de un gabinético de concentración “ahora  que el señor presidente va a nombrar a los nuevos ministros” es prostituir y abaratar el noble gesto episcopal ².

No obstante, aunque la exhortación de la Iglesia Católica tenía a su favor  que negaba la  fórmula electoral del régimen , debemos significar que la propuesta que contenía no era viable en el terreno político. Porque, ¿cómo hacer converger a los dos polos radicalmente opuestos del conflicto cubano –la Dictadura y la Revolución– en un mismo gobierno? ¿En qué situación quedaría Batista y sus oficiales asesinos? ¿Cuál era el proceso que debía preceder a la conformación de ese soñado gobierno de unidad nacional? Si los políticos tradicionales no habían podido armar ese rompecabezas ¿se podía esperar que los obispos dedicados a su sacerdocio dieran con la fórmula mágica?

A pesar de ello, el llamado episcopal produjo un natural entusiasmo y regocijo entre todos aquellos que recelaban de la farsa electoral. La repercusión nacional e internacional de la convocatoria eclesiástica fue importante. A su favor se pronunciaron Acción Católica Cubana, la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanueva, la Agrupación Católica Universitaria, los Caballeros de Colón, las juventudes masculinas y femenina de Acción Católica, las asociaciones de confesión a lo largo de la isla y la Asociación de Católicas Cubanas. Entre los partidos políticos se mostraron favorables el PPL, el PNR y el MLR, con la sola excepción del PRC(A) de Grau San Martín quien se aferró a su estrategia política: “la unión nacional tiene que salir del pueblo a través de las urnas, que es la única vía democrática”.

Pero a la exhortación católica le faltaba el detalle más importante. Al respecto se pronunció la Ortodoxia Histórica desde Miami por intermedio de Roberto Agramonte. La única manera de hacer viable un gobierno coherente producto de presuntas negociaciones era acabar con el régimen dictatorial porque de otra manera la violencia revolucionaria daría cuenta de él:

Solamente la renuncia plena del actual gobierno, empezando por su cabeza más visible, podrá franquear esa legítima solución que la oposición propugna y la Iglesia señala con dedo responsable. Si la dictadura no resigna a tiempo sus poderes, la salida necesaria se abrirá camino por otras vías y habrá más sangre, más dolor y más caos en nuestra patria. Eso es lo que ha querido evitar el Episcopado. Reflexionen los usurpadores en su responsabilidad y en su segura ruina si no escuchan a tiempo la voz de la verdad ³.Posteriormente sucedieron más adhesiones al reclamo eclesiástico, incluyendo algunas agrupaciones que formaban parte del Conjunto de Instituciones Cívicas ⁴.

Lo más importante de ese proceso es que fue desmentida ante el mundo la afirmación de Batista de que todos los cubanos ansiaban participar en la justa electoral. La reacción oficial, aunque algo demorada, se hizo presente: Batista no veía otra solución que las urnas en la forma unilateral establecida por su gobierno.

Cuando parecía que bastaba solo con las palabras del jerarca del marcismo para aniquilar la propuesta de la Iglesia Católica, surgió entonces la llamada Comisión de Concordia que tuvo la responsabilidad de instrumentar en el terreno político los postulados de la convocatoria católica.

El 6 de marzo en el Palacio Cardinicio se denominaron los miembros de la Comisión de Concordia, que   integraban dos ex – presidentes, Raúl de Cárdenas y Gustavo Cuervo Rubio, el banquero Víctor Pedroso y el presbítero Pastor González. A la comisión se le asignó la misión de establecer contactos con el gobierno y los sectores de la oposición incluido el movimiento guerrillero. La intranquilidad en las filas gubernamentales por conocer en que consistía el gobierno de unión nacional que propuso la alta jerarquía eclesiástica motivó un comentario poco favorable al régimen marcista del Monseñor Pérez Serantes, Arzobispo de Santiago de Cuba:“Yo creo que el documento está bastante claro(...). Un gobierno de unión nacional debería ser un gobierno distinto. Tendría que ser un nuevo gobierno. (...). Creo que está dicho todo”⁵.

De lo planteado por Pérez Serantes se podía interpretar que en un nuevo gobierno Batista no estaría presente. Pero faltó determinación y el propio dictador se dio el lujo de recibir en Palacio a la Comisión de Concordia por dos horas después de las cuales no se llegó a nada concreto. Tenía lugar una de las tantas maniobras dilatorias del régimen para desviar la atención de la opinión pública.

La Comisión Concordia luego se entrevistó con distintos líderes políticos los que en general calorisaron la iniciativa y propusieron la adopción de medidas como el establecimiento de garantías genuinas, la amnistía política y el regreso de los exiliados. En ello convergían el PNR, el MLR, el PPL y el PRC(A), este último difería en cuanto a la solución de un gobierno de unidad pues según Grau se debía aplicar el artículo de la Constitución que confiaba la regencia del país al magistrado más antiguo para viabilizar una consulta electoral nacional. Los partidos abstencionistas que contaban con sus líderes en el extranjero y colaboraban con el movimiento revolucionario se limitaron tan solo a exigir la renuncia de Batista como condición primordial. En ese sentido se pronunciaron Tony Varona, Carlos Prío del PRC(A) y el PC(O) histórico. Otras figuras por su parte se manifestaron completamente en contra de la gestión: Mario Llerena que dirigía el Comité de Exilio del M-26-7 y Elvira Díaz de la FEU. Según Llerena: “En el extranjero somos opuestos a ese contacto y la masa del movimiento es también adversa. Creemos que la caída de Batista está a las puertas”.⁶.

Pero como los cautelosos miembros de la Comisión de Concordia no se atrevían a solicitar el cese de la dictadura, un cablegrama de Guillermo Alonso Pujols a Batista le hizo más explícito al dictador la demanda de los sectores abstencionistas:

Con el ánimo atormentado por las inmensas desgracias que abaten a la República y la certidumbre que tengo de que la paz depende fundamentalmente de su personal decisión, me dirijo a usted con el respeto que su alta magistratura inspira, para decirle que su renuncia a la Jefatura del Estado es condición indeclinable al cese de la violencia y a la instauración de la concordia”⁷.

Encontrándose la Comisión de Concordia esperando por la respuesta de Fidel Castro para sostener una entrevista  en plena Sierra Maestra, llegó una carta del Comandante guerrillero estableciendo las definiciones cruciales que los demás políticos no habían establecido:

Que el episcopado debe definir que se entiende por “Gobierno de Unión Nacional”.
Que la alta jerarquía eclesiástica debe aclarar al país si considera posible que algún cubano digno y que se respete a si mismo, este dispuesto a sentarse en un Consejo de Ministros presidido por Fulgencio Batista.
Que esta falta de definición por parte del Episcopado está dando lugar a que la dictadura trate de canalizar su gestión hacia una componenda entreguista y contrarrevolucionaria.
Que, en consecuencia, el Movimiento 26 de julio rechaza de plano todo contacto con la Comisión de Conciliación.
Que al Movimiento 26 de julio solo le interesa exponer su pensamiento al pueblo de Cuba, y reitera, por tanto, sus deseos de hacerlo ante una comisión de representantes de la prensa nacional.
Que habiendo transcurrido una semana de nuestro emplazamiento público sin que la misma (...) haya dado respuesta alguna fijamos de plazo hasta el 11 del corriente, para que el tirano diga sin más dilación ni rejuego, si permite o no el tránsito de los periodistas por el territorio que dominan sus tropas.
Que vencido ese plazo, el Movimiento 26 de Julio hará un pronunciamiento definitivo al país, lanzando las consignas finales de lucha.
Que a partir de este instante, el pueblo de Cuba entero debe estar alerta y poner en tensión todas sus fuerzas.
Las cadenas están al romperse⁸.

La dictadura no podía resistir ni el cuestionamiento a sus propósitos continuistas por alternativas reformistas y mucho menos una operación verdad que desde la Sierra Maestra pusiese al desnudo los sofismas del régimen castrense. Las declaraciones del nuevo primer ministro del gobierno, Emilio Núñez Portuondo, en abierta burla al episcopado nacional y al conjunto de la oposición,  establecieron que la prédica de “gobierno de unidad nacional” estaba plasmada en el gabinete que presidía, y con todo cinismo consideraba que dicho gabinete estaba “firmemente interesado en unir a la familia y despejar los odios”⁹.

Así las cosas la Comisión de Concordia dio por cancelada su gestión. Por su parte la convocatoria del movimiento guerrillero a permitir el acceso de la prensa nacional tuvo oídos sordos en el régimen castrense. Una operación verdad que pusiese al descubierto los propósitos continuistas de la dictadura con su farsa electoral y que permitiese la exposición diáfana de los reclamos del movimiento revolucionario no podía ser admitida por Batista. El plazo dado por Fidel a cumplirse el 11 de marzo se agotó, por eso el 12 de marzo se hizo circular el manifiesto de los 21 puntos con las consignas finales de lucha llamando a una huelga general revolucionaria. Esta vez se convocaba nuevamente a los sectores reformistas integrados a las Instituciones Cívicas a apoyar políticamente al movimiento revolucionario. La alternativa revolucionaria sumaba a amplios sectores que anteriormente habían adoptado posiciones mediacionistas. Los reformistas, hostigados y reprimidos por la dictadura y convocados a cooperar con la revolución debían de abandonar progresivamente sus posturas moderadas de otros momentos. La paz no era posible con Batista ensangrentando el país. Solo quedarían en el triste escenario de las componendas políticas los partidos que se habían comprometido con los comicios convocados por el régimen castrense. En el Plan de Organización y desarrollo de la Huelga General Revolucionaria del 9 de abril se señalaba que los dirigentes y demás militantes de la Resistencia Cívica debían mantener estrecha vinculación con los dirigentes de las instituciones cubanas en las distintas localidades, con vista a que respaldaran y participaran  el movimiento de huelga y  que suscribieran un manifiesto llamando a la ciudadanía a sumarse a la misma¹⁰.

Sin embargo, cabe destacar que las Instituciones Cívicas nunca llegaron a asumir una postura completamente beligerante en el conflicto aunque determinadas personas sí lo hicieron.
Una vez convocado el país a las consignas finales de lucha, Batista comprendió que no tenía margen para entretener a la opinión pública con maniobras políticas. Mediante el decreto presidencial 647 de 12 de marzo de 1958, suspendió las garantías constitucionales y por medio de la resolución 307 estableció la censura de prensa.

El terreno estaba listo para producir la batalla final contra la dictadura. Las condiciones eran favorables para que las instituciones cubanas se pronunciaran en público a favor de la destitución del gobierno lo que anteriormente no habían hecho. Ahora la situación era más clara para todos y el M-26-7 en circular interior firmada por Marcelo Fernández Font indicaba que el Movimiento de Resistencia Cívica debía “actuar cerca de las Instituciones Cívicas, nacionales y locales, para que estas publiquen manifiestos al país en que pida la renuncia del dictador”¹¹.

Por ello, las Instituciones Cívicas dieron su último paso en la historia cubana. Tajantes en cuanto a la solución política que requería el país pero tímidas todavía en cuanto al método de lucha a que se debía acudir. En manifiesto del 15 de marzo plantearon:

Consciente de que la nación se halla en trance de perecer demanda hoy de modo sereno el cese del régimen actual porque ha sido incapaz de realizar la normal función de gobierno de cumplir los altos fines del estado. Al solicitar la cesación del régimen (...), ha medido el alcance de su demanda determinada fundamentalmente por el instinto de conservación social y pretende contribuir de ese modo al restablecimiento de la paz al remover la única causa que hace imposible ya el entendimiento civilizado. (...). Consciente de que carece de fuerzas para desplazar al régimen por la violencia convoca a toda la ciudadanía para que estrechamente unida resista a la opresión ejerciendo los derechos que la Constitución otorga al hombre libre¹².

Nosotros consideramos que esta valoración del Conjunto de las Instituciones Cubanas expresa la insatisfacción de importantes sectores de la burguesía y la pequeña burguesía con la manera en que se conducían los asuntos de la República. A tal punto que estas clases sociales consideraban que su pronunciamiento estaba determinado “por el instinto de conservación social”.

Citas y Notas:

1 Bohemia, 9 de marzo de 1958, p. 71.
2 Sección “En Cuba”. En: Bohemia, 9 de marzo de 1958, p. 79.
3 Ibídem,.
4 Entre las instituciones cívicas que se adhirieron a la gestión de la Iglesia Católica podemos señalar al Bloque de Instituciones Cívicas de Camagüey, la Universidad de Oriente, los Caballeros de Colón, la Federación de Escuelas Privadas, la Federación de Maestros Católicos, la Federación de Artes y Oficios, el Colegio Estomatológico y todo el profesorado de Santiago de Cuba que incluía la segunda enseñanza, escuelas normales, de Artes Plásticas, de Artes y Oficio, del Hogar y de Periodismo.
5 Sección “En Cuba”. En: Bohemia,16 de marzo de 1958, página del suplemento 5.
6 Ibídem,.
7 Ibídem,, página del suplemento 6.
8 Ibídem,, página del suplemento 7.
9 Bohemia, 16 de marzo de 1958, p. 76.
10 José M. Cuesta Braniella: Ob. cit., p. 231.
11 Ibídem,, pp. 223-224.
12 Ibídem,, p. 229