El recelo de los Estados Unidos hacia Gran Bretaña, su competidora más cercana en el mercado cubano, los condujo a aprobar medidas políticas de orden coercitivas dirigidas a contrarrestar la influencia comercial británica. En el Tratado de Reciprocidad Comercial firmado por Cuba y los Estados Unidos en 1903 se puede apreciar esa intención. En su articulado podemos distinguir que prácticamente todos los productos norteamericanos beneficiados con el mayor rango de rebaja arancelaria ―del orden del 40 %― eran precisamente aquellos que Gran Bretaña colocaba más fácil en el mercado cubano: Tejidos y manufacturas de algodón, lana y sus manufacturas; seda y sus manufacturas, arroz; así como aquellas afamadas sombrillas cuya amplia venta en Cuba había levantado no pocas ronchas en Washington. Ni siquiera con todas esas cuantiosas ventajas, los monopolios estadounidenses se dieron por satisfechos. Querían mucho más, al precio incluso del hambre del pueblo cubano.
En 1905 la Cámara de Representantes cubana aprobó la “ley del arroz”, también conocida como “Ley Govin” que recargaba, modificando lo dispuesto en el Decreto 44 de febrero de 1904, las partidas arancelarias de los siguientes productos importados a Cuba:
Por la partida 253 debían pagar $2,75 por cada 100 kilos de arroz.
Por la partida 225 debían pagar $1,70 por cada 100 kilos de maíz.
Por la partida 108 debían pagar $3 por cada 180 kilos de almidón.Asimismo se aumentaban también los derechos sobre las cebollas y los frijoles.1
Los defensores de esta propuesta legislativa utilizaron una serie de argumentos para lograr su aprobación: que la medida le facilitaría a Cuba comprar arroz en el Estado norteamericano de Louisiana lo que estimularía a sus plantadores a convertir los campos de caña en campos de arroz facilitando de ese modo la venta de azúcar cubana en los Estados Unidos; que el recargo establecido favorecería la producción nacional de arroz y por último, que los Estados Unidos denunciarían el convenio de reciprocidad si en Cuba se continuaba consumiendo arroz de la India, entonces la mayor colonia británica. En realidad estos señores actuaban por instrucciones originadas en el Departamento de Estado norteamericano que fueron trasladadas a su Ministro en Cuba, Hebert Squiers, siguiendo sugerencias de la Asociación Americana del Arroz y otros intereses navales norteamericanos. Todos actuaban para presionar a los congresistas cubanos a favorecer los intereses económicos de Washington.2
Sin embargo, un análisis muy somero de la realidad económica de esos años podía echar por tierra todos esos argumentos. Para vergüenza cubana hasta los principales medios de divulgación económica norteamericanos supieron denunciar esa medida aprobada por una mayoría de representantes que actuaban presionados por amenazas del Ministro norteamericano Hebert Squiers. Este señor, en sus cabildeos políticos, había apelado al temor del fantasma del Tratado de Reciprocidad Comercial. El hecho real era que la producción norteamericana de arroz era tan reducida que apenas cubría su propio mercado nacional, de manera que la propuesta se dirigía simplemente a realizar una maniobra especulativa a costa de los consumidores cubanos. En la denuncia de esos propósitos se destacaron los diarios neoyorkinos The Journal of Commerce y The Sun. Este último puso el dedo en la llaga cuando, refiriéndose a la ley del arroz, señaló:
En realidad no se trata más que de intereses americanos que aparentando contar con el apoyo oficial, pretenden violentar a Cuba a fin de que acepte algo que perjudicaría en primer término a los que tienen menos fuerzas para resistir: la clase trabajadora de la Isla [...] Pero si dichos legisladores creen oportuno convertir a su país en estera de zaguán no tienen porqué extrañarse de que los americanos se limpien los pies en ella, y si condescendiesen con la camarilla del arroz tampoco deben sorprenderse de la invasión de otras camarillas.3
La aprobación de la ley del arroz en la Cámara de Representantes tuvo el efecto inmediato de que subieran vertiginosamente los precios de ese cereal de amplio consumo entre los cubanos. Esta medida antipopular que pretendía afectar el comercio de Gran Bretaña con la isla, cuyo 25 por ciento se centraba en la venta de arroz, fue duramente criticada por Enrique Barbarrosa:
El pueblo de Cuba pagará en adelante más caro el arroz y comerá menos, y seguirá su marcha tranquila el gobierno de la República.
Las clases pobres muriéndose de hambre por la carestía de los alimentos, y nuestros legisladores cobrando suavemente trescientos dollars para hacer la felicidad de los habitantes de la República. Bonita perspectiva.4
El orden arancelario existente beneficiaba exclusivamente al imperialismo norteamericano, la oligarquía nacional y la elite política republicana cuyos ingresos provenían fundamentalmente de los recaudos de las aduanas. Estos, a su vez, se nutrían principalmente de los elevados pagos que debían efectuar los productos europeos que entraban al país. El régimen prevaleciente no solo perjudicaba a los competidores norteamericanos en el mercado cubano, también afectaba a los sectores populares que debían pagar precios superiores por productos importados de Europa que no podían ser convenientemente sustituidos por productos norteamericanos, a pesar de lo dispuesto por el Tratado de Reciprocidad Comercial. El país estaba expuesto a la voracidad de los monopolios norteamericanos que no se contentaban tan solo con ocupar tierras. El propio diario The Sun, en otro editorial dedicado a analizar los posibles efectos de la ley del arroz, señaló:
La ley del arroz es un descrédito para los Estados Unidos, y si al fin sus promotores logran imponerla con amenazas, o por otros medios, esperen los cubanos que una pandilla de algodoneros, que una legión de fabricantes de máquinas, que una muchedumbre de vinateros, de quincalleros y de zapateros, vaya en procesión interminable a pedir privilegios y monopolios en las aduanas de Cuba.5
Pero cuando la situación se tornó crítica al consumo de arroz, prevaleció el sentido común. Aunque los miembros de la elite política deseaban haber favorecido los intereses de los monopolios norteamericanos, en este caso en particular sucedía lo que ya había advertido Tasker Bliss en uno de sus informes: Inglaterra no podía ser reemplazada del mercado cubano de arroz por obra y gracia de un simple decreto. Los Estados Unidos, aunque lo deseasen, no podían cubrir aún las demandas cubanas de arroz. Hasta el mismísimo Diario de La Marina tomó parte en el debate apoyando el comercio europeo de este importante producto alimenticio. Si se reducían las compras de arroz a Gran Bretaña y Alemania, ello tendría otras implicaciones, en el orden de las relaciones comerciales internacionales, muy perjudiciales para Cuba:
El arroz de la India que llega a Cuba procede en buques de Bremen, Hamburgo y Liverpool y podemos asegurar que en su transporte está fundado el movimiento naviero de Cuba con esos grandes centros comerciales de Europa, de tal modo que el arroz representa casi el 60 por ciento de las toneladas de carga transportada de aquellos puertos a los nuestros [...] Este movimiento de navegación tan considerable, que coadyuva y propende a la importancia mercantil de Cuba, sería destruido por la “ley Govin”.6
Una de las líneas marítimas europeas más poderosas con representación en Cuba desde 1884 era la Hamburgo-América dirigida por Enrique Heilbut y Ernest Rasch cuyas oficinas en La Habana radicaban en San Ignacio 54. Fundada en 1847, la flota de la compañía naviera alemana más antigua era la mayor del mundo entre sus iguales. Su misión principal en la isla era transportar todo el tabaco cubano a Europa y los Estados Unidos. Sus barcos de regreso de Europa cargaban mercancías europeas, principalmente británicas, con destino al mercado cubano.7
Demostrando que las facilidades a la navegación no se pueden reducir a este sector del transporte sino que se extienden a todo el orden de las relaciones mercantiles, el Diario de la Marina advertía:
Además se ocasionaría como consecuencia inmediata un grave prejuicio a nuestro comercio de exportación, que disminuiría considerablemente a los puertos de Europa; porque dicho comercio se hace por un flete barato aprovechando los viajes de retorno de los buques de aquella procedencia, los cuales no vendrían en lastre caso de faltarles carga para esta República, con lo cual nos veríamos obligados a hacer nuestro comercio de exportación a Europa a través de los Estados Unidos.8
Asombraba el realismo de los editores del Diario de La Marina, órgano de prensa que representaba a los comerciantes españoles principalmente. Precisamente este diario y el Centro de Comerciantes e Industriales se opondrían con posterioridad al Tratado anglo-cubano. Había una ley no escrita para estas corporaciones que establecía el deber de defender las medidas de orden comercial favorables siempre que no fueran seriamente cuestionadas por el gobierno norteamericano. Caso contrario, si la misma recibía el rechazo tajante del Tío Sam, entonces no había remedio, debían repudiarla. Preferían negociar de trasmano fórmulas de comercio improvisadas, incluso recurrían a la crítica más aguda para sustentar su postura ambivalente a todas luces:
Y el día en que tuviéramos que realizar nuestro comercio, tanto de importación como de exportación a través de los Estados Unidos [...] habríamos convertido a la República en una factoría americana y constituido un inmenso monopolio a favor de las compañías navieras de los Estados Unidos que hacen tráfico con Cuba.
El día que en Cuba no existan intereses españoles, ingleses, franceses, alemanes, italianos, etc., cuando en Europa se convenzan que de Cuba nada hay que esperar, porque solo le vende y le compra a los Estados Unidos (...) Cuba vendrá a ser en definitiva una República sin relaciones internacionales.9
Notas:
1 Enrique Barbarrosa: El proceso de la República. Análisis de la situación política y económica de Cuba bajo el gobierno presidencial de Tomás Estrada Palma y José Miguel Gómez, Habana. Imp. Militar de Antonio Pérez Sierra, 1911, p. 57.
2 W. G. Kneer. Great Britain and the Caribbean, 1901-1913. Ed. Michigan State University Press, 1975, p. 79. Ver también: Instrucciones del Departamento de Estado a Squiers, Cuba, Vol. 1.
3 Diario de La Marina, 5 de julio de 1905 (mañana), p. 2, col. 2-3.
4 Enrique Barbarrosa: Ob. Cit., p. 57.
5 Diario de La Marina, 16 de agosto de 1905 (mañana), p. 2, col. 3.
6 Diario de La Marina, 19 de agosto de 1905 (mañana), p. 2, col. 3 y 4.
7 Twentieth Century impressions of Cuba. Its history, people, commerce, industries and resources. Ed. Lloyds, Greater Britain publishing Company, Ltd. 1913, p. 378.
8 Diario de La Marina, 19 de agosto de 1905 (mañana), p. 2, col. 4.
9 Ibídem.
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