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Derechos por enderezar

Ricardo Riverón Rojas, 16 de enero de 2017

Cuando miro las cifras que refleja el Anuario Estadístico de Cuba, en sus ediciones de los últimos tres años, quedo atribulado por su contundencia y me sumerjo en sus connotaciones negativas. Parto de los resultados de 2008 y transcribo algunas de esas cifras, para luego comentar:

INDICADOR UM 2008 2015 DISMINUCIÓN
Títulos publicados U 2285 1495 790
De ellos, de literatura -U 893 596 297
Ejemplares producidos MU 33’633,5 18’583,5 15’050,0
Librerías activas U 338 316 22
Ejemplares vendidos FIL MU 4’389,6 1’033,1 3’356,5
Visitantes FILH MU 4’234,3 2’105,3 2’129,0

Para fundamentar la última afirmación, no tengo más opción que seguir con las cifras: Las actividades musicales crecieron, entre 2009 y 2015, en un 197 % mientras los espectáculos lo hacían en un 508 %, en su caso comparando lo alcanzado en 2015 con lo de 2010. Contrastan estos resultados con las reducciones en lo literario. Dan una idea de por dónde van los tiros, del desbarranque de las preferencias en el consumo cultural hacia lo recreativo, seguramente en detrimento de lo reflexivo. Así lo pienso, aun sin ignorar que algunas –solo algunas– actividades contempladas en lo musical y lo recreativo pudieran contener su convocatoria a la reflexión.

Vivimos en un país donde la literatura, en pos de aportar una crónica más sutil y objetiva de los sucesos que a diario vivimos, carga con una de las tareas que no cumple la prensa. Tal cualidad le asegura la exclusión de los grandes circuitos comerciales. Si esa crónica deviene diatriba parcializada que devalúa al sistema, tal vez pueda aspirar a un sitio en la vitrina. Y conste que tengo conciencia de que también con esos presupuestos (y otros menos vinculados con la política) un contado número de autores nuestros han logrado insertarse, con obras de valor, en la dinámica mercantil.

A quienes no nos sonríe el mercado porque nos interesa seguir una tradición donde lo importante son las marcas de identidad y el diálogo con el lector cubano desde códigos descolonizadores, no nos queda otra que impugnar una ejecutoria reductora de nuestras instituciones que contradice el discurso público a favor de la cultura. Las estadísticas indican que la sociedad cubana de 2015 fue un espacio donde cada vez más la gente prefirió ser espectador, que no lector, y les dimos el gusto. Las consecuencias, en materia de comportamientos y consolidación de espurios patrones de éxito, ya son palpables.

La pobre solvencia económica con que debemos comulgar los escritores (de los peores remunerados en el sector artístico) ha sido denunciada en todos los cónclaves que recuerdo, entre ellos los tres últimos congresos de la Uneac.

Cuando analizamos lo correspondiente al salario, que debía ser la principal fuente de ingresos, tenemos que la mayoría de los autores literarios se desempeñan en empleos del sector como editores, promotores o correctores. Se trata de oficios que, en muy contadas ocasiones, rebasan levemente los 400 pesos mensuales, situación más grave en provincias. Para duplicar esta esmirriada cifra un buen número de ellos se acoge a la doble contratación, con notable perjuicio para su obra, sin que con ello consigan superar el déficit.

Regreso al Anuario Estadístico de Cuba 2015 y compruebo que el salario medio del país fue de 687 pesos mensuales. Solo el sector «Hoteles y restaurantes», dentro de los 17 relacionados, estuvo por debajo del de «Cultura y Deportes», fijado en 487.

Los ingresos por derechos de autor, también de los menores del gremio, vienen a paliar en una irregular medida esa insuficiencia, por eso es tan importante que se paguen en tiempo y forma, y que se revise la legislación que los soporta. Tienen un peso superior al del salario en la economía de la comunidad literaria.

Uno se pregunta por qué al libro se le impone un esquema mercantil donde el precio está sujeto al costo, y el derecho de autor a este último indicador. Ejecutivos del ramo han dicho que no es así; Zuleica Romay, hasta hace poco presidenta del ICL, afirmó públicamente en mi provincia que no se les pueden proponer contratos humillantes a los autores con argumentos de costo o de presupuesto, pues el monto debe discutirse sobre la base de argumentos culturales. Lo cierto es que, pese al pronunciamiento, las propuestas de las editoriales son cada vez menores.

La concepción socialista que sustenta nuestra política cultural permite aspirar a la utopía de una industria del libro completamente subsidiada por el mecenazgo estatal. ¿Acaso no es esa lógica la que le permite a los medios de difusión masiva existir, experimentar y erogar mejores salarios y honorarios a favor de sus empleados y creadores? ¿Acaso la llamada cuenta de festejos, que en los territorios se nutre de la venta de cerveza, no podría destinar una mínima cuota a mejorar esos honorarios? Mi opinión es que si la referida cuenta permite pagarle 110,000 pesos a un dúo reguetonero, solo por una actuación –como ocurrió en mi provincia– bien que podría brindarle también un poco de protección a la actividad literaria. El ejemplo no es gratuito, ni único.

Todo, en materia de remuneración, está en contra del buen desenvolvimiento de la creación literaria, primero que todo una legislación obsoleta y absurda en algunos casos, y adecuada en otros, pero sin aplicación real en nuestra dinámica cotidiana. Las principales resoluciones que regulan los pagos por derechos de autor literario son: la número 35, del 2 de marzo de 1996; la número 34, del 11 de marzo de 2002; la número 157, del 20 de noviembre de 1980 y la número 10, del 19 de febrero de 2008 (modificación de la 34).

La resolución 34/2002 significó, en su momento, un notable paso de avance en este terreno, pues eliminó la ridícula tarifa que concebía el pago por el número de cuartillas o el número de versos en una cuantía que respondía a la realidad de 1977, patrimonio de un momento histórico en que esas cantidades tenían una lectura monetaria muy diferente a la actual. Fue una resolución que estableció el pago por acuerdo entre autor y editor, con un desembolso máximo de 10,000 pesos por libro. Luego la 10/2008 eliminó ese tope máximo. Si bien es cierto que los ingresos mejoraron, también lo es que casi nadie ha podido cobrar esos 10,000 pesos, y que ahora mismo, aspirar a 7,000 pesos es quizás lo máximo que podría conseguir un autor de currículo notable si no posee el Premio Nacional de Literatura. Paradójicamente, en mi caso, los peores contratos me han llegado de Ediciones Unión. Por ser la casa editora de la Uneac, organización que protege los intereses de los escritores, esperaba lo contrario.

La Resolución 35/96 también reivindicó un derecho que hasta esa fecha no disfrutábamos los escritores: el pago por la comunicación oral de la obra literaria. Si bien es cierto que las tarifas, cuya única expresión es la de un mínimo de 120 pesos por actividad, no reflejan en toda su diversidad y complejidad los distintos actos comunicativos (no es igual una conferencia que la conducción de una peña), lo peor es que se ha hecho un uso abusivo e igualitario de ella y amparado en sus enunciados se les paga a personas que no son escritores sumas de dinero que por ley estaban destinadas a los bolsillos de quienes sí lo son. Y por otra parte, hay instituciones que ni siquiera pagan esos honorarios, entre ellos el propio Instituto Cubano del Libro durante la celebración de las ferias internacionales. En la Habana, según refieren autores residentes allá, con bastante frecuencia se ignora olímpicamente la existencia de la 35. Y otra de las aberraciones es la de algunas instituciones que se limitan a pagar siempre el mínimo.

Pero el mayor sinsentido lo enfrentamos cuando se nos siguen pagando nuestras colaboraciones en publicaciones periódicas con los montos previstos en la vetusta y casi criminal resolución 157/80. Baste saber que una reseña se gratifica con 40 pesos, un artículo con 80 y una ensayo con 100. Muchas de las reseñas antes fueron presentaciones orales, retribuidas con un mínimo de 120; al pasar de la oralidad al papel se devaluaron en 80 pesos como mínimo. Es sabido que en el mundo entero la mayoría de los escritores sostienen su economía personal con las colaboraciones, no con los libros, pero en Cuba eso es imposible. Es cierto que se pagan (cada vez más) excepcionalidades, pero siempre después de un demoledor proceso burocrático donde por cada artículo, ensayo o reseña se debe hacer un expediente y presentarlo al Centro Nacional de Derechos de Autor (Cenda). Si la excepcionalidad es tan frecuente, ¿por qué no convertirla en normalidad? Sería un primer paso, aunque no la solución definitiva para resolver el problema de la economía de los escritores.

Nuevos mecanismos económicos, cuya última esencia desconozco, han agravado aún más el tema de la morosidad en los pagos. Los contratos que firmamos dicen que cobraremos una vez terminado el libro, pero en algunas editoriales importantes aunque salga el libro nos comunican que debemos esperar más aún. «No hay dinero» es el argumento.

El año recién concluido fue uno de los más productivos que he tenido en la última década. No obstante, en mi propia familia tengo un ejemplo de un creador musical que, con unas pocas canciones inscritas y pese a permanecer 8 de los 12 meses fuera del país, cobró a través de la Asociación Cubana del Derecho de Autor Musical (Acdam) un 27 % más de lo que yo alcancé, pese a pasarme todo el año sobre el teclado de la computadora y haber percibido honorarios por un libro de más de 200 cuartillas cuya escritura me llevó unos 7 años de trabajo. Cuando comparamos los ingresos de cualquier escritor, con toda seguridad estarán por debajo de los artistas de la mayoría de otras disciplinas creativas.

Recientemente la Uneac retomó los trabajos de la Comisión Arte, Mercado e Industria Cultural, creada con vista al congreso celebrado en 2014. En la reunión que en mi provincia sostuvimos con quien lidera sus trabajos a nivel nacional, se nos informó que se estaba revisando toda la legislación referida a los derechos de autor, salvo el tema «tarifas», que se había dejado para un segundo momento. No puedo imaginar sinsentido mayor, puesto que en materia de derechos de autor literario no existe problema mayor que el de las tarifas. Es como decir que a un enfermo de tuberculosis se le está tratando todo menos la tuberculosis.

Otro elemento sumamente elocuente sería el de los premios. Tras la carta de 2010 que ordenó la congelación de todos, los que lograron resucitar lo hicieron con dotaciones menores a las que hasta esa fecha se pagaban. Otros resurgieron sin dotación monetaria, como en el caso del Premio Ser Fiel, que en Villa Clara se entrega a algún creador que se destaque en cualquiera de las disciplinas en que lo hiciera Samuel Feijóo. La dotación era de 5,000 pesos, pero actualmente, en lugar de la dotación monetaria, el beneficiado recibe una obra de arte encargada para la ocasión cuyo costo, en las ocasiones en que lo he verificado, rebasa lo que antes recibía el autor.

No me detendré mucho en reflexionar sobre la importancia de una cultura literaria sólida para llevar a vías de hecho, con éxito, un proyecto social como este en que nos hemos empeñado desde hace tanto. Solo convoco a quienes tienen entre sus responsabilidades darle un vuelco a estos sinsentidos para que revisen el aporte de los poetas y escritores en la formación, consolidación y engrandecimiento de nuestra nacionalidad. Piensen si no estamos ante una de las situaciones que, en el más estricto sentido del concepto de revolución, debemos cambiar radicalmente.

Santa Clara, 11 de enero de 2017

Editado por: Nora Lelyen Fernández

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