En cuanto al panorama político de la nación los partidos tradicionales durante este período se unificaron asumiendo una postura abstencionista ante las elecciones que convocó el gobierno para no desprestigiarse ante la opinión pública y evitar que la dictadura los manipulase. Aliados a un ideólogo de los intereses de más largo alcance de la burguesía y Presidente de la Sociedad de Amigos de la República (SAR), Cosme de la Torriente, diseñaron la táctica de presionar al régimen a ofrecer una apertura democrática que evitase el estallido de una revolución. Para lograr sus objetivos necesitaban neutralizar los sectores revolucionarios acercándolos a su órbita. Es así que el 26 de septiembre de 1954 en un mitin radial de Unión Radio se pronunciaron contra las elecciones convocadas por Batista y a favor de la amnistía total de los presos políticos y el retorno de los exiliados. Todos insistían en la necesidad de producir elecciones generales con plenas garantías.
A ese bloque de partidos de oposición abstencionistas se sumó a última hora el candidato del PRC(A), Ramón Grau San Martín, quien se retractó de su decisión de asistir a las elecciones, estaba consciente de que Batista iba a producir un gran fraude. Pero en su último acto de masas, el 28 de octubre de 1954 en Santiago de Cuba, la multitud clamaba por la liberación de un joven abogado que tuvo la audacia de conformar la vanguardia revolucionaria de los años 50: Fidel Castro. La táctica de los partidos tradicionales de neutralizar a los sectores revolucionarios no pudo impedir que se abriera paso el nuevo liderazgo político de Fidel, la gesta heroica del Moncada había impactado en la conciencia colectiva de los cubanos. Tampoco les sería fácil a los políticos atraer a su gestión a los sectores revolucionarios del estudiantado. El 19 de noviembre el Presidente de la FEU, José Antonio Echeverría, declaró: «La política partidista debe ser y es mantenida fuera de la Universidad».[1]
Una vez consumada la farsa electoral el 24 de febrero de 1955, Fulgencio Batista y Rafael Guas Inclán tomaban posesión de sus cargos de presidente y vicepresidente de la República. En los primeros días de febrero habían recibido el visto bueno de Washington en visita del vicepresidente norteamericano Richard Nixon, a Cuba.
Debemos considerar que en el contexto de los años 50 la interrelación de las distintas tendencias políticas condujo a situaciones complejas en su origen y desarrollo. La postura abstencionista que habían asumido los partidos tradicionales de oposición por momentos los llevaba a utilizar algunas de las demandas de los revolucionarios como propias porque convenía a su táctica política. Asimilar a los revolucionarios más radicales a su proyecto social era una manera de impedir la radicalización del proceso histórico en curso. Asimismo, utilizar el fantasma de la revolución era una forma de presionar al régimen para que diese paso a una apertura democrática burguesa. Por esa razón, el 24 de febrero dan a la publicidad una Apelación Pública en la que planteaban:
Nos dirigimos a la opinión pública para demandar la libertad de los presos por causas o motivos políticos y garantías para el regreso de los exiliados sin limitaciones (…).
Los firmantes de este documento y las grandes mayorías nacionales (…) hemos insistido en la necesidad de estabilizar la República propiciando un verdadero clima de paz cívica capaz de permitir, al propio tiempo que un retorno a la institucionalidad democrática, la prédica política que sustentan grupos de ciudadanos de incuestionable militancia adversa a los actuales representantes de los poderes públicos.[2]
Sin embargo, los partidos tradicionales querían ir más allá para amenazar al gobierno con el peligro de la revolución y a su vez, en inteligencia con este, neutralizarla:
Impuestos de nuestro reiterado repudio a la violencia (…) demandamos previsoramente y señalamos el deber de los que se han constituido en gobierno para que prueben el propósito que dicen animarlos de trabajar por la paz por vías de la Constitución de 1940 (…) dejamos en su exclusiva responsabilidad histórica la decisión más alta de este grave conflicto, cuyas derivaciones consiguientes queremos evitar con esta apelación pública.[3]
Si bien los partidos de oposición no habían participado de las elecciones y apenas tenían representación en los poderes públicos, sus campañas a favor de la amnistía con el apoyo de la opinión pública, constituía un arma de presión sobre el régimen golpista. Batista había consumado su objetivo de rodear de formas legales su régimen, pero estaba consciente de que para gobernar con un mínimo de consenso debía hacer algunas concesiones. Se había gestado en los círculos del gobierno la idea de un pacto con la oposición de forma que esta se responsabilizase con la paz pública y asimilase a su gestión pacífica a los revolucionarios en prisión. La ley de amnistía según Batista debía ser «consecuencia de un común propósito de conservación de la tranquilidad entre gobierno y oposición».[4] Esta idea posteriormente tuvo el apoyo de otros altos funcionarios del gobierno, como Andrés Rivero Agüero quien anunció que era muy posible que en la amnistía fuesen incluidos los moncadistas.
El líder de la nueva vanguardia revolucionaria, Fidel Castro, comprendió que la dictadura pretendía utilizarlo como moneda de cambio con la oposición para un pacto que implicase un compromiso tácito con el gobierno. Ante semejante maniobra que comprometía sus principios revolucionarios señaló: «así hoy se pretende desmoralizarnos ante el pueblo o encontrar un pretexto para dejarnos en prisión».[5]
[1] García Oliveras, Julio: José Antonio Echeverría: La lucha estudiantil contra Batista. Ed. Política, La Habana, 1979. P.139.
[2] Mencia, Mario: Ob. Cit. p. 204-205
[3] Ibidem
[4] Ibidem p.213
[5] Ibidem p.129
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