La Sociedad de Amigos de la República y el diálogo cívico
De trascendental importancia fueron los manifiestos públicos de la Sociedad de Amigos de la República (SAR) fechados el 3 de junio y el 20 de julio de 1955 donde se convocaba al país a superar la violencia por medio de unas elecciones generales inmediatas. Sin embargo, el gobierno demostró con hechos fehacientes que no tenía la intención de propiciar un clima para un sano entendimiento nacional, la represión y persecución policiacas se acentuaron por esos días.
A pesar de las difíciles circunstancias que enfrentaba la nación, atendiendo a que la ciudadanía quería evitar derramamiento de sangre, tanto Fidel Castro como José Antonio Echeverría adoptaron una postura flexible y sabia ante el dilema que tenían ante si los cubanos. Propusieron que la única solución cívica aceptable serían unas elecciones generales inmediatas sin Batista en el poder. Sabían que los partidos tradicionales cuando se adhirieron a la fórmula de la SAR habían tomado un derrotero equivocado y que fracasarían rotundamente. Para ese momento podrían obtener el apoyo popular, emprender la lucha armada y liderear la oposición política a la dictadura golpista. Era la manera más apropiada para lograr que la salida insurreccional fuera comprendida por las grandes mayorías.
Con posterioridad Batista, en su afán por desentenderse de los reclamos de la oposición oficial, indicó que la SAR no había demostrado ser neutral ni tenía suficiente apoyo entre los partidos tradicionales. Los ejecutivos de la SAR respondieron con la convocatoria de una concentración pública para noviembre que pasaría a la historia como Acto del Muelle de Luz; precisamente para demostrar que contaban con el respaldo de los partidos de oposición. En aquella oportunidad la negativa del régimen no pudo ser más rotunda: el acto fue condenado de subversivo por el Senado y Batista expresó lo siguiente: «Estamos pensando seriamente si hacemos daño al pueblo en no ser dictadores».[1]
A partir de ese momento las vanguardias revolucionarias dirigidas por Fidel Castro y José Antonio Echeverría comprendieron que las gestiones mediacionistas debían cancelarse, puesto que el pueblo distinguía perfectamente que el momento no era político sino revolucionario.
Pero la SAR y los partidos adheridos a su gestión se mantuvieron insistiendo en sus demandas. En diciembre de l955 ante el pujante movimiento de protestas del estudiantado y la clase obrera expresado en la huelga azucarera, el régimen castrense aceptó dialogar con la oposición para abrir un dilatado período de conversaciones que sirviera de pantalla para paliar dificultades del momento.
Después de vencer numerosos obstáculos Gobierno y Oposición dieron inicio al Diálogo Cívico en marzo de l956. Durante las conversaciones el gobierno, a la demanda de la oposición de elecciones generales inmediatas, respondió con la convocatoria a elecciones para una Asamblea Constituyente, lo que en realidad no era más que una maniobra dilatoria y engañosa. La SAR y los partidos tradicionales de oposición no aceptaron esta propuesta, necesitaban un arreglo político lo suficientemente amplio para inducir a la juventud revolucionaria a revocar sus planes de lucha armada. De cualquier modo la fórmula del gobierno no les garantizaba acceder al poder político.
El escenario estaba listo para la confrontación abierta entre los dos polos del conflicto cubano: la dictadura, desprovista de apoyo popular alguno, y la Revolución con un programa que integraba a los sectores y clases más humildes de la sociedad. Mientras los políticos de los partidos tradicionales insistían en entenderse con el régimen, el Movimiento 26 de Julio había preparado las condiciones para el reinicio de la lucha armada y el estudiantado, lanzado a las calles estremecía el país de un extremo a otro.
La Revolución tenía abonado el terreno para captar el consenso del pueblo, se había conformado un movimiento revolucionario de masas.
Con motivo del desembarco del Granma que condujo un total de 82 expedicionarios dirigidos por Fidel Castro, los líderes de la SAR se reunieron con el Primer Ministro del régimen, Jorge García Montes. Los dirigentes de la SAR habían argumentado que era «inaplazable detener la efusión de sangre» y que habían «replanteado con toda amplitud la solución definitiva de la crisis institucional de la República».[2]
Todo parece indicar que el régimen de Batista —en el supuesto caso de que no pudiera controlar la situación generada por el desembarco de los expedicionarios— tenía previsto iniciar contactos con la oposición, como pantalla política que desviase la atención de la opinión pública y les permitiese arremeter con mayor fuerza contra los rebeldes. Pero no les hizo falta, los partes militares del ejército pusieron optimistas a los máximos personeros del régimen. Aparentemente se había liquidado el foco insurreccional.
Los nuevos actores políticos
Los partidos políticos de la oposición a partir del fracaso del Diálogo Cívico enfrentaron un proceso de debilitamiento y división interna. Algunos abandonaron la posición abstencionista que originalmente habían mantenido y propusieron nuevas fórmulas que les permitiesen continuar actuando en el plano legal. La dictadura, que había propuesto el Plan Vento de elecciones parciales como fórmula sustitutiva de la demanda de elecciones generales, se vio favorecida por el efecto que tuvieron esas nuevas posturas. Las propuestas en marcha a la larga facilitaron la división de los partidos tradicionales que intentaron vanamente promover maniobras políticas.
Los líderes de la SAR comprendieron que habían perdido protagonismo en la campaña por recobrar la democracia representativa. El eje de las demandas de paz pasó a lo que en la época se conoció como Tercera Fuerza. La Tercera Fuerza fue un movimiento de instituciones cívicas que representando los intereses de importantes sectores de la burguesía y la pequeña burguesía, promovió gestiones de paz y de conciliación con el gobierno. El impulsor bajo cuerdas de todas las gestiones fue José Miró Cardona, quien desde la SAR ya había planeado la táctica de movilizar las instituciones cívicas para forzar al régimen a llegar a un acuerdo negociado de la crisis política. Las instituciones cívicas tenían la ventaja de que no necesitaban apelar a los partidos políticos de oposición, salvo si lograban algún arreglo con el gobierno. Tampoco se verían afectadas por la división y las pugnas intestinas de esos partidos.
Los hechos del 13 de marzo de 1957, cuando un grupo de jóvenes asaltó el Palacio Presidencial, reforzaron el clamor de las instituciones cívicas y de algunas corporaciones económicas a favor de una solución negociada al conflicto político interno. Por esa razón el régimen comenzó a estudiar nuevas tácticas para calmar los ánimos entre diversos sectores de la burguesía. Después del asalto a Palacio se anunció oficialmente la liquidación del Plan Vento de elecciones parciales y se ratificaron las elecciones generales para noviembre de 1958. El gobierno acogió una nueva propuesta de los representantes del PRC (A) electoralista en el congreso. El objetivo era poder manipular la nueva convocatoria dentro del aparato estatal del régimen castrense.
Fue así que en abril de 1957 se convocó a la Comisión Interparlamentaria del Congreso que fue el mecanismo que encontró Batista para descargar de sus hombros la creciente demanda de paz del conjunto de la sociedad civil, en particular de las instituciones cívicas y las corporaciones económicas. Pero en esas conversaciones las demandas mínimas de la oposición para propiciar un clima de confianza política fueron rechazadas. Los sectores que mantuvieron una postura abstencionista como el PPC (Ortodoxos) y el PRC (Auténtico) se negaron a participar en esas negociaciones. El resultado final de la Comisión Interparlamentaria fue paradójico: permanecer sin acuerdos por tiempo indefinido hasta que se llegase a un consenso.
Respecto a la encrucijada que enfrentó la República neocolonial cubana en los años 50 podemos decir que cuando el mantenimiento de la administración del Estado se convierte en objetivo último de un régimen y se pierden de vista los reclamos de otros agentes sociales de los sectores hegemónicos que alertan sobre un posible colapso social, se está apostando a la crisis sin salida de todo un sistema político. En esas circunstancias, los grupos revolucionarios emergentes ganan el terreno que le ceden las clases y sectores hegemónicos en crisis. Las contradicciones interclasistas de estos los fortalecen.
Balance final
La República neocolonial estaba atrapada en una contradicción política insoluble, expresión de que sus fundamentos económicos y sociales eran endebles. El conflicto cubano tendía a polarizarse, el fracaso de la alternativa reformista favorecía, en última instancia, la solución radical que propugnaban las organizaciones revolucionarias emergentes porque demostraba que no era posible una salida pacífica a la crisis cubana.
Por otra parte, los partidos electoralistas que continuaron actuando en el escenario político cubano, se asimilaron al proyecto electoral de la dictadura con la intención de triunfar en las urnas. Pensaban que si el ambiente electoral estaba viciado, el resultado de las elecciones no debía estarlo. Pero Batista no tuvo intenciones de utilizar a los partidos electoralistas como tablilla de salvación que propiciase una transacción política ante la posible debacle de la dictadura. La propuesta de los partidos electoralistas la catalogamos como alternativa reformista porque al menos procuraban reinstaurar la democracia representativa burguesa en forma precaria. Sin embargo, los electoralistas se sumaron al recurso táctico bien conservador de asistir a las elecciones convocadas por la dictadura.
Debemos anotar que la SAR, los partidos tradicionales y las instituciones cívicas no lograron su propósito de evitar el desarrollo de una espiral de violencia ni tampoco pudieron neutralizar la influencia de las organizaciones revolucionarias. El fracaso de sus maniobras dio aliento y legitimidad a la insurrección. En la medida en que se fue complicando el panorama político cubano los sectores moderados fueron también víctimas de la represión que desató el régimen castrense hacia todas las direcciones; ello los condujo a buscar un acercamiento con el movimiento revolucionario que logró integrarlos en el Pacto de Caracas. Así se logró neutralizarlos e impedir que los Estados Unidos los pudiera utilizar como una tercera alternativa de poder.
Durante los años 50 la hegemonía política se fue desplazando hacia las organizaciones revolucionarias emergentes que se beneficiaron de los reveses de los elementos moderados. La mayor parte de estos últimos pasaron a colaborar con la Revolución; se estableció así una alianza coyuntural de último momento entre los sectores revolucionarios y moderados que facilitó la caída de la dictadura que era el objetivo priorizado de toda la oposición. Sin embargo, las diferencias entre estos sectores resurgirían después de enero de 1959.
Citas
[1] Ibarra Guitart, Jorge R: La SAR: Dictadura, Mediación y Revolución (1952-1955). Colección Pinos Nuevos. Ed.Ciencias Sociales, La Habana, 1994, p.73-74.
[2] _______________: «La crisis de los partidos políticos en Cuba y la Sociedad de Amigos de la República (1955-1958)». En: Revista Temas, Nº 22-23, julio-diciembre del 2000, p. 140.
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Leer también La encrucijada histórica de los años 50 en Cuba: Revolución o Reforma (I)
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