El 5 de septiembre de 1957 clases y soldados de la marina de Cienfuegos, que formaban parte de una conspiración de militares a escala nacional, decidieron rebelarse en la Perla del sur. A esos fines ocuparon la ciudad, pero no recibieron apoyo del resto de los conspiradores del país que, a última hora, pospusieron el plan de alzamiento nacional sin comunicárselo a los cienfuegueros. Por esa razón fueron aplastados por fuerzas superiores provenientes de otras regiones.
Esta rebelión demostró que el rechazo al régimen golpista abarcaba amplias zonas de la sociedad civil y, al fin, influía en sectores de las instituciones armadas que se decidían a actuar contra el gobierno. Aun cuando las normas, consideraciones y vida interna de los órganos de poder tuviesen una dinámica propia, la crisis política general terminaba afectándolos.
A raíz del levantamiento de Cienfuegos la dictadura acrecentó la represión en todo el país, que alcanzó a todos los opositores del régimen, bien fuesen activos revolucionarios o simples defensores de alternativas reformistas. El 9 de septiembre la señora Clara Martínez Junco le dirigió una carta a José Miró Cardona, miembro del Comité del Conjunto de las Instituciones Cívicas, para informarle la manera en que la policía había violentado su domicilio y sus negocios, y cómo había afectado sus funciones como miembro de la clase de los profesionales cubanos. Clara Martínez Junco era farmacéutica, hermana del médico Heliodoro Martínez Junco que se encontraba asilado en México y esposa de César Blanco, un dirigente del Partido Ortodoxo en la capital. En su carta a Miró Cardona planteaba: «En el día de hoy nuestra casa (…) fue asaltada por tripulantes de varias perseguidoras de la policía (…) rompiendo y llevándose documentación (…). Así mismo fueron asaltados los laboratorios Thoreks S.A. en la playa de Guanabo por la única razón de que soy Secretario Letrado de esa sociedad (…) quiero que la clase sepa que a ella he acudido, no para salvarme, sino tratar de salvar la dignidad de sus miembros».[1]
Por otro lado, entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre sesionó la XI Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en Estambul, Turquía donde Augusto Fernández Conde presentó una moción del Colegio Médico Nacional condenando al régimen del 10 de marzo por violaciones a los derechos humanos, las que por su envergadura y carácter habían afectado a la clase médica cubana en su deber de asistir a heridos y lesionados. A la Asamblea General reunida en Estambul le solicitaban que: «brinde su cooperación y respaldo, en ejemplar solidaridad médica, a sus colegas de Cuba en la defensa de su institución clasista atacada, de su ejercicio profesional coartado y de los más elementales derechos humanos vulnerados».[2]
En otra parte de la moción se referían al efecto de la cruda represión policial ejercida sobre los galenos cubanos, que coartaba sus derechos como profesionales de la medicina:
Las consultas médicas son frecuentemente registradas en pleno día, con los enfermos presentes (…).
El médico no tiene la más elemental garantía para la atención de los heridos, como lo prueba la sustracción de los mismos de las clínicas, consultas y hospitales, la mayoría de las veces en extrema gravedad, apareciendo horas más tarde asesinados en ciudades y campos. (…) a los compañeros médicos se les ha impedido la atención de los heridos, pretextándose que no hay lesionados, sino que todos los beligerantes están muertos.
Muchos médicos han recibido vejámenes y torturas físicas y morales por el solo hecho de reclamar como ciudadanos el cumplimiento de los más elementales derechos humanos proclamados en la Carta Universal de las Naciones Unidas.
(…)
Frecuentemente las embajadas dan asilo a médicos perseguidos, maltratados y torturados, por el supuesto delito de dar asistencia médica a oposicionistas al régimen, heridos en combates o en motines producidos en ciudades y campos del país.[3]
Por su parte la Asamblea General respaldó la moción del Colegio Médico cubano y emitió una resolución manifestando su preocupación por los sucesos que tenían lugar en Cuba, exigiendo se cumpliesen los principios de la declaración de Ginebra y las regulaciones que gobernaban las actividades de los médicos durante conflictos armados: «Ningún médico debe sufrir ninguna clase de penalidad porque haya prestado auxilio a un enfermo o a un herido».[4]
A esos efectos decidieron que el Secretario General autorizase la integración de un Comité Investigador para visitar a Cuba y realizar una investigación acerca de los hechos denunciados por los médicos de la Isla. De manera más enfática declararon: «La Asociación Médica Mundial presta su total apoyo moral a los médicos de Cuba en sus esfuerzos por mantener estos principios básicamente humanitarios».[5]
La dictadura desconoció los reclamos de la Asociación Médica Mundial y continuó la campaña represiva. En ese propio mes de octubre de 1957 otro penoso incidente ponía de relieve la naturaleza sanguinaria de la dictadura. En Sancti Spíritus las autoridades castrenses asesinaban al doctor Jorge Ruiz Ramírez, a su paciente, un joven herido por la policía, y al chofer que los conducía. El Presidente del Colegio Médico Municipal, Francisco Delgado, en carta a Raúl de Velazco, Presidente del Colegio Médico Nacional, describía los hechos:
Siendo las 12 del día fue conducido a la consulta del Dr. Jorge Ruiz Ramírez un joven con una herida por proyectil de arma de fuego en región dorsal, con paraplejia y síntomas de shock traumático; encontrándose en el poblado de Taguasco y dada la extrema urgencia del caso el Dr. Ruiz Ramírez se prestó para conducirlo en una máquina de alquiler a una clínica de Sancti Spíritus pero antes de llegar a Sancti Spíritus fueron interceptados por Fuerzas del Ejército que los condujeron al Cuartel de la Guardia Rural de esta ciudad. Habiendo varios testigos que los vieron en dicho cuartel a las 12 y media de la tarde (…). Ante esas horas de incertidumbre recibimos la visita del Dr. Julio Oyarzabal Girbau quien nos informó que a las cinco de la tarde fue requerido por el Teniente Mirabal, Jefe del Puesto del Cuartel de Cabaiguán para que reconociera tres cadáveres que se encontraban en el cementerio de Zaza del Medio, pudiendo identificar después de múltiples dificultades por lo ensangrentado y maltratados que estaban los cadáveres al Doctor Jorge Ruiz Ramírez.[6]
Después de constatar el proceder criminal de los agentes del orden, el doctor Gregorio Martín, del Colegio Médico espirituano, pudo percibir la entraña podrida de la dictadura cuando se le presentó un acta en el Cuartel de Zaza del Medio donde se hacía constar que el Dr. Ruiz Ramírez, el chofer y el herido habían sido «muertos en combate en la zona de Jíquima de Peláez». Esta burda mentira fue fácilmente reconocida por el Presidente del Colegio Médico espirituano, Dr. Delgado quien, además, agregó que la filiación ideológica del médico asesinado era cercana al gobierno batistiano.[7]
Para colmo de cinismos, después de este crimen repugnante, el doctor Félix Hurtado, funcionario del gobierno de Batista, que ostentaba el cargo de embajador encargado de Asuntos Sanitarios Internacionales, le dirigió una carta de protesta el 29 de octubre al Doctor Louis H. Bauer, Secretario Ejecutivo de la Asociación Médica Mundial. Hurtado cuestionó los poderes de la Asamblea General de dicha asociación para analizar el documento propuesto por Fernández Conde, ya que entendía que esa iniciativa tenía carácter político y era improcedente su discusión en la agenda de una Asociación eminentemente clasista y cuyos estatutos le señalaban una postura apolítica.[8]
El doctor Hurtado, refiriéndose a los casos de los médicos que habían sido objeto de represalias por parte de la policía, justificó los excesos de la siguiente forma:
Algunos miembros del Colegio Médico han sido acusados de participar en actividades ilícitas y actos de terrorismo, ligados a militantes del comunismo internacional (…) y desde luego, en aquellos casos en que médicos a título de individuos, participan de estas actividades y en tal sentido es natural y explicable que tengan dificultades con el gobierno en las zonas correspondientes y encargadas de vigilar estas actividades antisociales.[9]
Por otra parte el Dr. Hurtado, en lugar de aceptar la visita de una Comisión de la Asociación Médica Mundial para investigar los hechos denunciados, le exigió a su Secretario General que, previo al pronunciamiento de su asamblea, debían haber visitado Cuba. Paradójico argumento para ocultar los crímenes de la dictadura. La carta de Hurtado también contenía una repulsa a las actividades que el Colegio Médico realizaba dentro del Conjunto de Instituciones Cubanas por su manifiesta «beligerancia anti-gobiernista».
Ese mismo día en que el doctor Hurtado le reclamaba a la Asociación Médica Mundial que debía adoptar una posición más apolítica respecto a Cuba, el Colegio Médico Nacional dirigió una correspondencia al Tribunal Supremo de Justicia denunciando el asesinato de otro doctor cubano:
Precisamente en el día de hoy ha confrontado nuestra clase un nuevo y trágico hecho: el Dr. Antonio Pulido Humarán es sustraído de su domicilio en la madrugada del día 26 por individuos armados de ametralladoras, no teniendo sus familiares otras noticias de él que el hallazgo de su cadáver en el Necrocomio de La Habana al día siguiente presentando signos evidentes de haber sido brutalmente golpeado hasta ocasionarle la muerte, lo que puede comprobarse en el resultado de la autopsia.[10]
Por su parte el doctor Luis H. Bauer en carta-respuesta del 1ro. de noviembre al Dr. Félix Hurtado precisa los términos en que se pronunció la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial refutando la acusación de políticamente sectaria que le indilgó el régimen castrense:
Cualquier delegado tiene el derecho de presentar problemas y resoluciones que afecten a la profesión médica (…).
Quiero informarle que la Asociación no considera los aspectos políticos de la situación en Cuba, sino más bien está interesada en velar porque los médicos no experimenten represalias por haber atendido al herido o enfermo, sin considerar su afiliación política.
Esto es realmente lo que interesa a la Asociación Médica Mundial.[11]
Los fines políticos que perseguía el régimen estimulando la represión policíaca general chocaban con los propósitos de estabilidad social de las Instituciones Cívicas. La sociedad civil estaba abocada a un cisma y a ella le era ajeno, tanto por razones sociales como humanitarias, el crimen político. El asunto se volvía más sensible en el caso de los médicos cuya función era salvar vidas. El propio Dr. Bauer le envió una carta a Batista haciéndole una formal solicitud para enviar una comisión que investigase las violaciones a los derechos humanos en Cuba la que no fue concedida. En consecuencia la Asociación Médica Mundial hizo llegar esa cuestión a la Organización de las Naciones Unidas por entender que se habían violado preceptos de su Carta Fundamental.[12]
En atención a la situación existente de cierre de posibilidades de rectificación alguna por parte del gobierno, transcurridos unos meses del conflicto entre la dictadura y la Asociación Médica Mundial, la XLII Asamblea Médica Nacional reunida los días 21 y 22 de diciembre aprobó el siguiente acuerdo que enjuiciaba como correspondía la actuación del Doctor Félix Hurtado: «Se declara su conducta por esta Asamblea soberana, como un acto de traición a nuestra clase y que por los organismos disciplinarios correspondientes se establezca la depuración de la conducta del mencionado Dr. Félix Hurtado Galtés y de todos aquellos que incurran en delitos similares».[13]
Los galenos cubanos consideraban traidor a su clase «a cualquier compañero que colabore en cualquier forma, con resoluciones o acciones gubernamentales que tiendan a intervenir o interferir el normal y libre desenvolvimiento de los organismos de gobierno de la clase médica».[14] El Colegio Médico había sido llevado por la dictadura al terreno de la oposición, no en virtud de concepciones políticas, sino de defensa de sus intereses como clase profesional y por la indignación que le había causado el crimen de tantos cubanos lo que en definitiva era también asumir un compromiso político. Batista, persiguiendo objetivos de alcance limitado con la represión, no hacía más que aumentar el número de oponentes activos a su régimen.
[1] Archivo Nacional de Cuba: Fondo: Especial. Caja 10, No. 126. No. Nuevo: 1884.
[2] Archivo del Consejo de Estado. Expediente: Instituciones Profesionales. Caja No. 29, ubicación: F 4.7.
[3] Ibídem.
[4] Ibídem.
[5] Ibídem.
[6] Ibídem.
[7] Ibídem.
[8] Archivo del MINREX. Fondo: Cuba 1.2 (1941-1989).
[9] Ibídem.
[10] Archivo del Consejo de Estado. Expediente: Instituciones Profesionales. Caja No. 29. Ubicación: F 4.7.
[11] Ibídem.
[12] Ibídem.
[13] Ibídem.
[14] Ibídem.
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